Anastasio Hernández Rojas, de 42 años e indocumentado, fue detenido el 28 de mayo de 2010 por los agentes de la CBP, quienes le propinaron puñetazos y patadas y le dispararon con sus pistolas «Taser», destinadas a paralizar mediante descargas eléctricas a los detenidos cuando muestran resistencia.
Beatriz Pascual Macías
Washington, 30 mar (EFE).- La familia de Anastasio Hernández Rojas, el ciudadano mexicano muerto hace casi seis años tras recibir una paliza por agentes fronterizos, pidió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evalúe el caso, cerrado por la Justicia de Estados Unidos, en noviembre de 2015.
«Esperamos que paren estas injusticias en la frontera porque siguen asesinando a gente», denunció en una entrevista con Efe Bernardo Hernández Rojas, hermano del mexicano fallecido y de viaje en Washington para pedir ayuda a la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la denuncia, expertos en derechos humanos de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos) afirman que desde 2010 los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han matado a casi 50 inmigrantes desarmados y ciudadanos estadounidenses en la frontera entre Estados Unidos y México.
El caso de Anastasio Hernández Rojas ha alcanzado especial repercusión y ha suscitado el reclamo del Gobierno de México, que expresó su «más enérgico rechazo» en noviembre de 2015 a la decisión de Estados Unidos de no presentar cargos penales contra los agentes fronterizos responsables de la muerte del mexicano.
Entonces, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por válida la versión de los agentes de que el uso de la fuerza fue «necesario» para contener al mexicano.
Anastasio Hernández Rojas, de 42 años e indocumentado, fue detenido el 28 de mayo de 2010 por los agentes de la CBP, quienes le propinaron puñetazos y patadas y le dispararon con sus pistolas «Taser», destinadas a paralizar mediante descargas eléctricas a los detenidos cuando muestran resistencia.
El incidente quedó evidenciado en dos vídeos capturados por testigos y desde entonces la familia del indocumentado no ha parado de pedir que los responsables de su muerte sean juzgados.
«No ha habido Justicia», afirmó Bernardo Hernández Rojas, quien llegó a Estados Unidos con 17 años y vive en San Diego (California).
«Trabajábamos juntos, éramos vecinos, pasábamos todo el tiempo juntos. Después, pues he sentido un dolor muy grande. Es inexplicable», narró Bernardo, que en la solapa de su chaqueta (abrigo) llevaba una pegatina (adhesivo) roja y amarilla con el rostro de su hermano y el lema: «Justicia para Anastasio».
La muerte de Hernández Rojas, padre de cinco hijos y que llegó a Estados Unidos con 15 años, se ha convertido en todo un emblema para quienes aseguran sufrir la violencia de la patrulla fronteriza.
«El día de ayer, los niños chiquitos cumplieron 10 años y ellos esperaban un regalo de sus padres. ¿Dónde está su papá? Al mirarlo me da mucha pena. Porque me imagino que, en la escuela, pues los papás van a buscar a los niños. ¿Y dónde está el papá? ¿Por qué no va a buscarles a la escuela?», se lamentó Bernardo.
Para interponer su demanda ante la CIDH, la familia asegura que se violaron los derechos fundamentales del fallecido protegidos por el sistema interamericano de derechos humanos y que la paliza de los agentes fronterizos infligió al fallecido un daño que califican de «tortura».
La Comisión evaluará ahora si acepta o no la petición de la familia del fallecido, que extiende su denuncia de «violencia e impunidad» a otros incidentes con agentes federales.
Los peticionarios afirman en su denuncia que «los inmigrantes indocumentados latinos son de forma rutinaria víctimas del uso excesivo de la fuerza de los agentes en la frontera entre Estados Unidos y México».
«La mayoría de estos abusos y mala conducta de los agentes de la CBP permanecen envueltos en la más absoluta impunidad», aseguran los demandantes.
