Hasta el fatal accidente del helicóptero en el cual viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, la única elección para renovar el gobierno estatal era la de Baja California.

La trascendencia de la elección BC para el PAN está en el hecho que personas de ese partido han gobernador el estado desde 1989. Este año se cumplirán 30 años de aquella vez que un político de oposición, Ernesto Ruffo Appel, ganó la gubernatura de un estado al PRI, y el triunfo le fue reconocido.

Desde entonces a la fecha en Baja California han gobernado seis hombres emanados de Acción Nacional. A Ruffo Appel le siguió don Héctor Terán Terán, quien falleció cuando cumplía tres años en el cargo y fue sustituido por Alejandro González Alcocer. En 2001 ganó Eugenio Elorduy Walther, y fue sucedido por José Guadalupe Osuna Millán hasta llegar al actual mandatario Francisco Vega de Lamadrid.

Ninguno con tantas sospechas de corrupción como el último, y ninguno con tan mal ejercicio del gobierno como el último también. Francisco Vega de Lamadrid debe más de 800 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Baja California, dejó sin sueldo y sin aguinaldo el último trimestre de 2018 y la primera quince de 2019, a maestros, trabajadores del estado, así como a quienes colaboran en dependencias autónomas y descentralizadas como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, el Instituto Estatal Electoral, las instituciones académicas CECYTE y COBACH, por supuesto la UABC, y al Poder Judicial del Estado. Esto no había sucedido en Baja California ni cuando el PRI gobernaba.

Vaya, que el ambiente no es el más óptimo para el PAN Nacional en su intención por retener la joya de la corona electoral que significa este estado. Para Marko Cortez, perder lo que durante 30 años han tenido, no solo sería una muestra de su falta de liderazgo en la selección de candidatos y la evangelización política albiazul, sino que lo conformaría en la derrota electoral, y marcaría el poderío político electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en el principal bastión azul (desde 2018, después de Guanajuato) lo cual confirmaría el desgaste social de Acción Nacional.

Tan importante es la elección del 1 de junio de 2019 en Baja California para Cortez, que durante su campaña por la dirigencia nacional de su partido, prometió –en la dinámica lopezobradorista- traer al Comité Ejecutivo Nacional del PAN a Baja California y también durante la campaña, residir en este estado. Así el tamaño del anhelo, la necesidad y la urgencia del dirigente azul por retener el Estado 29.

Sin embargo el escenario no le ha favorecido al joven líder nacional. Los múltiples señalamientos de corrupción sobre el gobierno de Kiko Vega y sus colaboradores, el endeudamiento por miles de millones de pesos en una desalinizadora, en un C5i; la mala administración estatal que dejó sin sueldo a miles de personas, y el alarmante crecimiento de la violencia en el Estado (Con 196 al 28 de enero, ya se había superado la cifra de 192 ejecutados reportados en enero de 2017) tienen al electorado bajacaliforniano, a 30 años del cambio, ansiando otro cambio en el rumbo político.

Aunque el factor más fuerte es el derrotismo de los partidos políticos en Baja California, pues consideran que el tsunami electoral del 1 de julio de 2018 que encabezó López Obrador al ganar con 30 millones de votos la presidencia de la República, y haber triunfado en todos menos en un estado, sería un fenómeno que llegaría a las urnas bajacalifornianas prácticamente un año después. De hecho en la mayoría de las encuestas que a la fecha se han realizado para conocer la intención del voto en BC, Morena se lleva arriba del 50 por ciento de las preferencias, contra un promedio de 20-25 puntos para el PAN y escasos 16-18 para el PRI.

Con esa carga sobre el PAN en la frontera norte, la idea de Marko Cortez fue apostarle a un candidato ciudadano para suceder a Francisco Vega. Pero… nadie le aceptó. Se la ofreció a Gustavo de Hoyos Walther, dirigente nacional de Coparmex, y dijo no. Entonces se la quiso dar a Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de BC, y dijo no. Intentaron con un empresario tradicional de Mexicali, Mario García Franco, y tampoco aceptó. Luego voltearon a ver a la Universidad Autónoma de Baja California e intentaron convencer a un ex Rector, pero no se dejó. Vaya, en su desesperación incluso se acercaron a quien fue suplente de Jorge Hank en la alcaldía de Tijuana, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Kurt Honold, y tampoco les aceptó.

Apestados por la corrupción en BC, los panistas se quedaron solos. El único que “alcanzó” a registrarse por ese partido, y a quien de hecho mantuvieron en vilo en lo que intentaban convencer a un ciudadano de cargar con la candidatura, fue un ex diputado federal, ex coordinador de relaciones públicas con Kiko Vega, y más famoso por supuestamente exhibir a Gerardo Fernández Noroña a quien grabó e intentó denostar saliendo de una sala ejecutiva en el aeropuerto. Se trata de Óscar Vega, quien cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa tituló el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, más por compadrazgos que por otra cosa.

Vega, el único registrado y aspirante a la candidatura al gobierno de BC por el PAN, finalmente fue aceptado por el gobernador, por Cortez, y por todos los grupos de Acción Nacional locales y nacionales. No representa este otro Vega, ni de lejos, lo que aspiraba lograr Marko Cortez, pero evidentemente es lo que hay.

En Morena la candidatura al gobierno del Estado será para el hombre del presidente en esta región: Jaime Bonilla Valdez. Primero lo designó dirigente estatal de Morena, después lo hizo delegado electoral del noroeste del país. Ya entrados lo hizo candidato al Senado de la República en 2018 en el primer ligar de la fórmula, pero los primeros días de diciembre del año pasado solicitó licencia cuando fue nombrado, otra vez por AMLO, súper delegado federal, o coordinador presidencial en el Estado. A menos de dos meses de tal encargo, lo dejará para ser nominado candidato al gobierno del Estado de Baja California.

Es evidente que el presidente de la República quiere ganar Baja California, de otra forma no habría llevado a esa posición a su “hombre fuerte”, con todo y que sin nombres, tan solo por partido, su movimiento concentra el 50 por ciento de las preferencias.

El derrotismo también alcanzó al Partido Revolucionario Institucional. Del tercer lugar nacional en la justa político electoral de 2018, terminaron divididos, apocados, opacados, avasallados. Bueno, en BC, con todo respeto para quienes fueron gobierno del PRI en este estado, pero hasta en la corrupción les ha rebasado el actual gobierno. Pero ni así tienen esperanzas. De considerar no presentar –por primera vez en su historia- candidato a gobernador del estado, hace unos días se anotaron por lo menos dos, la ex diputada federal y ex dirigente estatal de su partido, Nancy Sánchez, y el ex delegado federal Enrique Acosta Fregoso. Fuera de ellos dos, nadie más quiso la candidatura en la elección que ya ven perdida, y mejor hacen amarres para asegurar las migajas políticas en que se han convertido para los partidos menores las diputaciones de lista, las regidurías.

En esas condiciones, la elección por el gobierno de Baja California se medirá entre la desesperación del PAN y la seguridad del Presidente. O los intentos desesperados de Marko Cortez por darle la vuelta a la corrupción local (a la que no se enfrenta) y retener un sexenio más el estado, y la seguridad de un presidente que a pesar de muchos alcanza una popularidad del 90 por ciento, y se enfrenta a su primera elección en Baja California y lo que busca es el refrendo para él, para su partido y su candidato.

De las posiciones y el resto, luego hablamos…

Adela Navarro Bello

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