De acuerdo con la información vertida por las autoridades, gracias a los datos de prueba aportados por la Fiscalía de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, el Juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que fueron trasladados y recluidos en el Reclusorio Norte.
Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que un Juez de control vinculó a proceso a Miguel Ángel «N», exsubsecretario de Administración y Desarrollo Humano y Edilberto «N», director general de administración durante la gestión de Miguel Ángel Mancera.
De acuerdo con la información vertida por las autoridades, gracias a los datos de prueba aportados por la Fiscalía de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, el Juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que fueron trasladados y recluidos en el Reclusorio Norte.
Los ahora imputados posiblemente habían actuado en conjunto en actos de perjuicio de la Hacienda Pública, al realizar trámites en 2017 para adjudicar, tan sólo en este caso un contrato de prestación de servicios para la recuperación del ISR, retenido a los trabajadores de 2015 a 2017.
Datos de prueba aportados la Fiscalía de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos fueron determinantes. El juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que continuará interno los próximos cuatro meses en el #ReclusorioNorte pic.twitter.com/CryeFiyUwH
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 29, 2020
«Sin que la empresa justificara las labores encomendadas, y en contrayección a la normatividad aplicable», detalló la Fiscalía.
A través de trabajos ministeriales sólidos, se detectó que tan sólo en este contrato, se canalizaron 290 millones de pesos.
«Las investigaciones realizadas por la #FGJCDMX refieren que, Miguel Ángel “N”, junto con otras personas, posiblemente formalizó tres contratos, entre los años 2017 y 2018, con diferentes empresas, que ascendieron a un monto cercano a los 986 millones de pesos», concluyó.
Trabajos de gabinete y campo llevados a cabo por elementos de la Policía de Investigación (PDI) permitieron a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos solicitar y obtener una orden de cateo, misma que fue ejecutada en un domicilio ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón.
Según la denuncia realizada, parte de los recursos desviados habrían sido ocupados para el pago de nóminas en la estructura de un nuevo partido político que buscaba su registro ante la ley.
