Las reformas estructurales del Gobierno de Enrique Peña Nieto que impulsaron el famoso «Mexican Moment» no alcanzaron para que al país creciera al 5.3 por ciento para 2018, como lo prometió. Durante su sexenio, la contracción promedio de deuda fue la más alta (43.2 por ciento del PIB) desde el sexenio de Salinas. La inflación promedio (4.2 por ciento) no fue mejor que la de sexenios anteriores. Y el desempleo y la pobreza apenas y se movieron desde 2012.
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- “Sé que lo más importante es generar oportunidades de desarrollo para todos. Por ello, mantuvimos la estabilidad económica e impulsamos la modernización de nuestro país”, dijo el Presidente Enrique Peña Nieto en un video compartido en sus redes sociales este jueves 29 de noviembre.
Pero después de seis años de gobierno peñanietista, los resultados económicos no fueron los prometidos en 2012.
Durante su sexenio, la contracción promedio de deuda fue la más alta (43.2 por ciento del PIB) desde el periodo de Carlos Salinas de Gortari. La inflación promedio (4.2 por ciento) no fue mejor que la de los dos sexenios anteriores. Y aunque sí fueron creados más empleos, fue con salarios equivalentes a uno o dos salarios mínimos (a la par que los puestos con mayores ingresos fueron a la baja). Asimismo, el tipo de cambio alcanzó máximos históricos y la pobreza apenas disminuyó.
A pesar de estos datos, México mantiene su estabilidad macroeconómica. El mayor acierto del sexenio del Presidente Peña fue la implementación de las 11 reformas estructurales, sobre todo por su impacto positivo para la Inversión Extranjera Directa (IED), refirió un análisis del Banco Base.
Estas enmiendas constitucionales debían incrementar «el crecimiento potencial de la economía mexicana” en 1.9 puntos porcentuales durante el sexenio, según los estimados del Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (2013).
Para ello, el Gobierno federal propuso que el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que cuantifica el valor monetario del conjunto de bienes y servicios finales que produce el país, pasara de 3.4 a 5.3 por ciento entre 2013 y 2018.
Sin embargo, el crecimiento promedio anual del PIB mexicano fue de 2.5 por ciento durante el periodo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El crecimiento económico del país fue mayor al registrado en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa (1.7 por ciento anual, en promedio) y Vicente Fox Quesada (dos por ciento). Aunque no tan positivo como el de Ernesto Zedillo Ponce de León (3.4) y Carlos Salinas de Gortari (3.9).
En el caso de la IED, que corresponde al 15 por ciento de las inversiones totales, su crecimiento como proporción del PIB fue equiparable a la registrada durante el sexenio de Fox (tres por ciento) y superior a la de Calderón (2.4 por ciento), según cifras de la Secretaría de Economía.
De acuerdo con Banco Base, “la confianza y estabilidad macro permitieron que la Inversión Extranjera Directa en México durante el sexenio ascendiera a 198 mil 733 millones de dólares, hasta el tercer trimestre del 2018, cifra récord para ese indicador”. De esta forma, los resultados de la IED cumplieron con lo estimado en 2013.
El crecimiento del PIB y de la IED reflejan, hasta cierto punto, la estabilidad económica nacional y parte del resultado positivo de las reformas estructurales.
No obstante, aunque el PIB creció a un ritmo equiparable al promedio anual de los últimos 24 años (2.5 por ciento), continuó siendo insuficiente para el adecuado desarrollo nacional y contrastó con la falta de un balance en el gasto corriente, el incremento de la deuda pública, de la inflación, además de la reducción en inversiones físicas por parte del Gobierno, entre otros.
LOS DESACIERTOS DE PEÑA
Según Banco Base, la estabilidad en México sí se mantuvo en el sexenio de Peña Nieto. Empero, los errores económicos de la administración saliente, que “parecen haberse concentrado en el manejo de las finanzas públicas, por el endeudamiento, forma de gasto e inconsistencia entre lo anunciado y lo llevado a cabo”, contuvieron las oportunidades de desarrollo.
La falta de recortes al gasto público y su composición, por un lado, afectaron el desempeño nacional.
El gasto corriente como proporción del gasto programable pasó, entre 2013 y 2017, de 73.6 a 79.5 por ciento, con un crecimiento promedio anual de 5.4 puntos porcentuales (que es alto), de acuerdo con datos de la SHCP.
Esto significa que, durante este sexenio, la mayor parte del dinero del Gobierno federal fue utilizado para la adquisición de bienes y servicios del sector público, sin incrementar el patrimonio federal (como las inversiones).
En contraste, el gasto en inversión física –que tiene un efecto multiplicador sobre la economía porque genera empleos e infraestructura– decreció a una tasa anual de 2.8 por ciento, entre 2013 y 2017, al pasar de 22.2 a 14.7 por ciento del gasto programable.
La reducción de la inversión y el aumento del gasto corriente implican que, los recortes al gasto programable del Gobierno federal, fueron inadecuados o desproporcionados. Entre 2015 y 2016, por ejemplo, la administración de Peña Nieto anunció recortes al gasto público por dos cuestiones.
Una fue la caída de los precios del petróleo a nivel internacional (que apuntaló el posible ajuste de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos). Otra fue reflejo del aumento de la deuda pública y la relativa falta de disciplina fiscal derivada (que generó el riesgo de caída de la calificación crediticia del país a nivel internacional, y por tanto, un riesgo de fuga de capitales o de inversión privada).
De 2014 a 2015 y de 2015 a 2016, la Secretaría de Hacienda contrajo más deuda pública que cualquier otro año del sexenio (4.2 puntos porcentuales del PIB, cada año) para impulsar la economía nacional, afectada entonces por la disminución de los ingresos petroleros como parte de los ingresos presupuestarios.
En esos dos años, los ingresos petroleros tuvieron un decremento de 14.4 puntos porcentuales reales (o un déficit superior a 432 mil millones de pesos), de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sin embargo, la política de compensación de Hacienda no dio los resultados esperados. En esos años, el crecimiento económico de México retrocedió 0.2 puntos porcentuales reales del PIB y el endeudamiento creció como nunca.
La deuda ampliada o el Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector Financiero Público –que incluye partidas financieras, pérdidas y créditos a bancos de desarrollo y fondos de fomento– pasó de 40 a 48 por ciento del PIB (equiparable a más de 2.7 billones de pesos) entre 2014 y 2016.
Como consecuencia, en 2016, el grado de endeudamiento mereció la advertencia de reducir la calificación crediticia del país, por parte de las tres principales calificadoras a nivel internacional (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings).
Para evitar dicha minoración, ese año el gobierno implementó recortes presupuestarios por casi 164 mil millones de pesos. Las inversiones físicas y el gastos de capital, fueron dos de los rubros presupuestarios más afectados.
En general, entre 2013 y 2018, el Gobierno de Enrique Peña Nieto se propuso controlar los niveles de endeudamiento (calculó una variación promedio de 1.72 por ciento del PIB; su resultado fue de 2.5 por ciento), tener un gasto corriente promedio equiparable a 12.4 puntos porcentuales del PIB (cerrará con casi 15 puntos) y un balance fiscal de -1.8 puntos del PIB (que fue, en promedio, de -2.5 por ciento).
No obstante, falló. Y la deuda, el gasto y los efectos negativos del contexto económico-financiero internacional deslavaron importantes resultados, como lo fue el aumento de los ingresos tributarios a partir de la implementación de la Reforma Fiscal, que superó las expectativas de crecimiento –a lo largo del sexenio– de 2.4 por ciento del PIB (alcanzó 3.5 puntos, entre 2013 y 2018), de acuerdo con cifras de la SHCP.
Aunque la enmienda cumplió con el objetivo de aumentar la recaudación (que pasó de 116 a 232 mil millones de pesos entre diciembre de 2012 y septiembre de 2018) y la base de contribuyentes (en 85 por ciento, según datos del Sistema de Administración Tributaria SAT), no cumplió con el uso eficiente de recursos para el desarrollo social (en salud, seguridad, pobreza, entre otros) y redujo las opciones para deducción (sobre todo afectando al pequeño contribuyente y a la inversión extranjera).
Según Oxfam, México aún no equilibra la balanza tributaria. Es decir, los ricos pagan menos impuestos, de manera proporcional, que las personas con menores ingresos. Por ello, urgió a principios de este año restablecer el impuesto sobre las herencias mayores a 10 millones de pesos, mejorar los ingresos del impuesto predial sobre la propiedad, recaudar un 35 por ciento sobre los rendimientos de capital (en lugar del 10 por ciento actual) y mejorar la rendición de cuentas.
INFLACIÓN, DESEMPLEO Y POBREZA
El incremento de los precios de las gasolinas en 2017 –de 20 a 25 por ciento, dependiendo de la región del país– derivado de la reducción paulatina de los subsidios a los energéticos desde 2012, impulsó el aumento de la inflación –afectada también por la depreciación del peso frente al dólar y las altas tasas de interés– que, en 2017, alcanzó sus niveles más altos (6.77 por ciento) desde la crisis económica de 2008 (6.53 por ciento).
Hasta octubre de este año, la inflación presentó una tendencia a la baja (4.9 por ciento) en comparación con 2017. Sin embargo, es superior a la tasa con la que inició el sexenio (3.57 por ciento al cierre de 2012) y superior a las fluctuaciones estimadas por el Banco de México (+/- tres por ciento).
En términos monetarios, la inflación implicó que, por ejemplo, los 7.5 millones de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo (2.6 mil pesos mensuales), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), perdieran 25 pesos mensuales (el año pasado fueron casi 32 pesos).
El aumento acumulado de la inflación (37 por ciento entre 2012 y 2018) y la reducción real del poder adquisitivo contrastan con el incremento al salario mínimo durante el sexenio, que fue de 6.21 por ciento, según el cálculo de la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Esto en un país en que sólo 4.9 millones de personas (cuatro por ciento de la población adulta) gana más de cinco salarios mínimos (159 mil pesos anuales) y donde, según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hay 73.6 millones de personas (60.2 por ciento de la población) que ganan menos de cinco salarios mínimos.
Durante el sexenio peñanietista, la tasa de desempleo decayó en un punto porcentual (pasó de 4.40 a 3.40 por ciento de la población económicamente activa), aunque en el último año la tendencia fue al alza (3.13 a 3.40 por ciento).
Comparado con otros sexenios, la tasa promedio de desempleo (cuatro por ciento) es menor a la observada durante el sexenio de Felipe Calderón (4.4 por ciento) y superior al promedio en los sexenios de Vicente Fox (tres), Ernesto Zedillo (3.5) y Carlos Salinas (tres).
En el caso de la pobreza, que hasta 2016 afectaba a 43.6 por ciento de la población en México, según Coneval, aunque decreció durante el sexenio, casi no se ha movido desde 2008 (44.4).
La pobreza patrimonial (54 por ciento de la población) y alimentaria (20 por ciento), por ejemplo, son casi idénticas a las del sexenio anterior (50 y 19 por ciento respectivamente) y superiores a las del periodo de Fox (47 y 17 por ciento, cada una).
