Entre las principales causas que impiden el progreso de las denuncias se encuentran una serie de factores sociales basados en «mitos» relacionados a la forma de vestir de las mujeres, salir por las noches y estereotipos sobre violaciones.
Bangkok, 29 noviembre (EFE).- La mayoría de víctimas de agresiones sexuales en Tailandia y Vietnam se enfrentan a dificultades para lograr justicia debido a actitudes y practicas discriminatorias desde de la denuncia hasta el juicio, informó hoy Naciones Unidas.
Un estudio de varias agencias de la ONU dedicado a investigar las causas que impiden el progreso de las denuncias a través del sistema judicial en ambos países encontró una elevada tasa de dificultades legales e institucionales a las que se enfrentan las víctimas.
Estas incluyen estereotipos sobre violaciones y cómo se espera que las víctimas se comporten o vistan; arreglos de denuncias por vías informales; trato «habitualmente insensible» a las víctimas y un prolongado proceso judicial.
El estudio detectó una serie de factores sociales basados en «mitos» que afectan el desarrollo de las denuncias como el que considera que la violación es perpetrada por desconocidos cuando la mayoría de casos víctima y agresor se conocían.
Otros son los que consideran que la «violación real» es solo un problema cuando ocurre a «buenas chicas» que expresan horror y fuertes emociones al presentar la denuncia, mientras se quita credibilidad a mujeres que denuncian su agresión con frialdad.
También, el hecho de que se considere a las mujeres culpables o merecedoras de las agresiones que sufren por la forma en la que visten, por salir solas de noche o por ser trabajadoras sexuales.
La directora para Asia Pacífico de ONU Mujeres, Anna-Karin Jatfors, denunció las «barreras generalizadas» con las que se enfrentan las víctimas tanto por las dificultades en recibir asistencia como por la parcialidad de policías y agentes judiciales.
«El estudio subraya las limitaciones de redes y mecanismos de coordinación en el sistema judicial, y con los servicios sanitarios y sociales que impiden a las víctimas de violencia sexual obtener la justicia que merecen», añadió la directora regional del PNUD, Valerie Cliff, en un comunicado.
«Las decisiones de actores policiales y judiciales deberían basarse en consideraciones sin prejuicios de las pruebas y no en actitudes parciales sobre las mujeres», añadió la responsable de la Oficina contra la Droga y el Crimen, Claudia Baroni.
El estudio revisó 290 casos policiales o judiciales, y entrevistó a 213 personas, incluidos personal del gobierno, la judicatura, activistas y miembros de servicios sociales.
