Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en Durango y Puebla, el pasado 24 de noviembre comenzó a operar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el ámbito federal, cuya implementación en todo el país tendrá que hacerse, a más tardar, en junio de 2016.
Sin embargo, a menos de dos años de que venza ese plazo, previsto en la Constitución, la mayoría de las entidades presentan importantes retrasos en su puesta en marcha y operación, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC), publicado el pasado 20 de noviembre.
Además de rezagos, el Reporte de hallazgos 2014 sobre los avances de la implementación y operación de la reforma penal en México también refiere fallas como la falta de un sistema integral de información y la asimetría que prevalece a nivel local en la puesta en marcha del nuevo sistema. Al acercarse el plazo establecido, advierte, el principal riesgo es que el nuevo sistema se implemente con deficiencias y se simulen cambios para dar continuidad al uso de viejas prácticas.
El proyecto de un nuevo sistema de justicia penal fue planteado como parte de la reforma constitucional en materia de justicia penal y de seguridad pública, emitida el 18 de junio de 2008. La reforma establece una reestructuración en el sistema de justicia penal en el país, que significará pasar de un sistema mixto a uno de carácter acusatorio adversarial; es decir, basado en juicios orales.
El nuevo sistema también implicará nuevas atribuciones para las policías federal, estatal y municipales en la investigación de los delitos, en el resguardo del sitio donde aparentemente se cometió un delito y en la recolección de indicios de una investigación; que habrá juicios orales para delitos graves, en los que la víctima y el imputado podrán exponer sus argumentos y evidencias ante un juez; que se realizarán audiencias públicas y grabadas, y que existirán mecanismos de justicia alternativa para delitos no graves.
Actualmente son 21 las entidades que ya operan con el nuevo sistema de justicia penal en sus ámbitos locales, aunque la mayoría lo hace de forma parcial. Se trata de Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Únicamente en Chihuahua, Estado de México, Morelos y Yucatán ya opera por completo el nuevo sistema.
A la par de la implementación absoluta del sistema oral a nivel local, entre enero de 2015 y junio de 2016 gradualmente entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en los estados del país y el Distrito Federal.
El CIDAC, una institución de investigación que se declara independiente y sin fines de lucro, dice en su estudio que este año es un “punto de inflexión” en el proceso de implementación del nuevo sistema, pues con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales –realizada el 5 de marzo pasado–, se reemplazan los 32 códigos procesales locales y el código procesal federal.
No obstante, el estudio del CIDAC –realizado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. por su sigla en inglés), que promociona la reforma de justicia penal en México– también señala que el impulso generado por la publicación del Código no derivó en un replanteamiento de su estrategia de implementación. El objetivo del Código Nacional es homologar la procuración y administración de justicia en el país.
Dado que la implementación total del nuevo sistema tiene un plazo establecido, el CIDAC prevé que el proceso de implementación “se caracterizará por la rapidez de los cambios. En este contexto, se corre el riesgo de que, ante las prisas, terminemos con una implementación deficiente”.
Para la institución, el desafío mayúsculo será garantizar que el proceso de cambio se dé simétricamente. Ante la eventual cobertura del nuevo sistema en todo el país, tendría que estarse impulsando a instituciones como la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que son las que se encuentran más rezagados, según su estudio.
“El éxito de la operación en el ámbito federal se pone en riesgo si las instituciones no se encuentran en paridad de condiciones”, advierte en el documento.
el CIDAC apunta que a partir de la publicación del Código, el Congreso de la Unión y sus pares locales tendrían un plazo de 270 días naturales para la elaboración y modificación del marco legal necesario para implementar en nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Sin embargo, refiere, no ha habido planes para guiar la transición entre los códigos procesales vigentes, además de que está pendiente la armonización de leyes secundarias tanto a nivel federal como estatal.
En la revisión que el CIDAC hizo al marco legal –hasta el 30 de septiembre– encontró que dos de las leyes consideradas esenciales –la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales– aún se encontraban en discusión en el Congreso de la Unión, mientras que la iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía sólo se había enviado al Congreso. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Defensoría Pública estaban pendientes de modificaciones.
Otro aspecto en donde detectó fallas fue respecto a la falta de un sistema consolidado y estandarizado de información integral, comparable y actualizada para analizar puntualmente el proceso de operación del nuevo sistema de procuración y administración de justicia.
La falta de información, apunta el estudio, “impide potenciar la eficiencia en las acciones a la vez que dificulta la rendición de cuentas a la ciudadanía”.
REZAGOS EN LAS ENTIDADES
El CIDAC elaboró un ranking para medir el nivel de avance y calidad en la implementación y operación del nuevo sistema en los estados. La medición plantea tres perspectivas: de cada entidad federativa frente a sí misma; de cada entidad respecto al resto; y de cada entidad contra un estándar objetivo esperado de avance.
La tercera medición propone un estándar ideal de 1000, que significaría la puesta en marcha total del nuevo sistema, a partir de la evaluación de la política pública diseñada para la implementación del nuevo sistema.
La institución estableció un estándar de 730 para este año, tango que ninguna entidad alcanzó.
De hecho, la mayoría ni siquiera alcanzaron el estándar de 530 planteado en un análisis previo, realizado en 2013.
Las que mayor avance registraron, conforme a la medición del CIDAC, fueron Chihuahua (672), Baja California (643) y Guanajuato (568.5).
El CIDAC expone que, en promedio, los estados que ya iniciaron la implementación del nuevo sistema han ocupado 52.3 meses a partir de la publicación de la reforma para empezar a operarlo.
Pero en el análisis por entidad, hay contrastes evidentes, como el caso de Sinaloa y Jalisco que demoraron 76 meses en la planeación y llevan sólo uno de operación (al 30 de septiembre), mientras que Zacatecas tardó siete meses en la planeación y ya lleva 70 meses operando bajo el nuevo sistema.
Los estados donde el nuevo sistema ya opera de forma total (Chihuahua, Estado de México, Morelos y Yucatán) en promedio demoraron 24 meses y medio en la fase de planeación.
Según la medición del CIDAC, las entidades con mayor retraso son Tlaxcala (145.5), Baja California Sur (187.5), Campeche (191), Hidalgo (210) y Estado de México (238.5). El Distrito Federal salió con un rango de 239 del estándar de 730.
En parte, el retraso se debe a que en una decena de entidades aún no opera el sistema penal acusatorio. Se trata de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sonora y Tlaxcala.
“El retraso que presentan estas entidades en la operación del nuevo sistema, es un claro ejemplo de los ritmos disímiles que existen a nivel nacional, pues por otra parte, existen entidades que presentan un avance significativo. Esta situación dificulta llevar a cabo una estimación de cuándo operará el nuevo sistema de justicia en todo el territorio nacional y para todos los delitos”, apunta el estudio del CIDAC.
Respecto a los avances de las instituciones involucradas en la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, la que mayor avance reportó fue la Procuraduría General de la República (PGR), con 363.5, seguido por el Poder Judicial Federal con 307.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) tiene 250.5, la Policía Federal, 238.5 y el OADPRS, 155.
RETO PARA LOS PERITOS
La implementación del nuevo sistema de justicia penal requiere la capacitación de todos los actores que intervienen en el proceso de procuración y administración de justicia: policías, ministerios públicos, jueces, mediadores, personal penitenciario, defensores y peritos.
Para estos últimos, el reto que implica el nuevo sistema es que ahora tendrán que comparecer en los procesos.
“El reto es grande: antes el perito forense estaba acostumbrado a entregar el dictamen pericial por escrito, lo defendía unas dos ocasiones en una junta de peritos o por medio de un interrogatorio, pero no era sometido a un cuestionamiento directo. Ahora, con los juicios orales, la defensa ya no nada más es por escrito, se tiene que hacer verbalmente, y para hacer una buena defensa de un dictamen pericial hay que tener el conocimiento pleno de la materia, hay que estar actualizado y hay que saber exactamente qué métodos o herramientas utilizó para hacer el dictamen pericial”, explica Juan Martín Hernández Mota, perito en Tránsito Terrestre y director de criminalistica.mx, un portal electrónico dedicado a promover la investigación forense.
Hernández Mota presidió hace un par de semanas la Primera Reunión Nacional de Expertos Forenses, que tenía entre sus propósitos conformar una red en todo el país de profesionales forenses y promover su capacitación.
Aunque Hernández Mota defiende que los peritos buscan mantenerse actualizados y capacitarse continuamente, reconoce que las oportunidades de hacerlo son escasas. Por un lado, expone, en el ámbito público se ofrecen cursos continuamente pero “son muy selectivos” y no contemplan ni siquiera a la totalidad del cuerpo pericial de las instituciones oficiales; por otra parte, las alternativas de capacitación en universidades o centros de estudios no siempre son costeables dado los bajos salarios de los peritos.
En su estudio, el CIDAC refiere algunos datos sobre la capacitación de peritos sobre el nuevo sistema de justicia penal, a partir de información solicitada a los sistemas de procuración de justicia locales.
De acuerdo con esos datos, en Chiapas se ha capacitado a 51 peritos y 25 forenses; en Coahuila, a 98 peritos; en el Estado de México, a 6 (posiblemente todos lo que hay en la entidad, pues no se reportó rezago); en Nuevo León, a 134; en Tabasco, a 63; y en Tamaulipas, a 144.
Mauricio Mercado Manrique, perito criminalista de campo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, da su diagnóstico sobre la situación actual del trabajo pericial en el país: “A nivel forense, los peritos de las diversas instituciones hacemos mucho con poco”.
Mercado Manrique, quien tiene más de 20 años de experiencia en criminalística de campo, también defiende al personal pericial y sitúa el problema en la falta de recursos materiales, como equipo instrumental, reactivos, ropa, guantes, materiales de embalaje.
“En vistas del nuevo sistema penal acusatorio eso va a ser un problema, porque el nuevo sistema penal acusatorio dice que los objetos del delito deben ser debidamente levantados y embalados, pero si la Procuraduría no da esos materiales para que sean debidamente levantados y embalados, pues va a ser una gran laguna. Yo creo que aquí el gran problema es el recurso, que llegue a donde debe de llegar”, indica.
También señala la poca atención que las autoridades ponen en la salud de los peritos.
“Nosotros finalmente trabajamos con material biológico infeccioso, y en los 23 años [que lleva trabajando] nunca han hecho una campaña de vacunación, por ejemplo, contra hepatitis C. Todo eso lo tenemos que buscar nosotros. No nos dan la ropa adecuada para ese manejo de recursos biológico infeccioso [y] no sabes si el cadáver tiene sida, tiene herpes, tiene hepatitis o cualquier otra enfermedad que pueda ser infecciosa”, dice.
Gabriela Gaytán, otra perito criminalista, añade una problemática: la escasez de peritos. Gaytán, quien trabajó durante 30 años en la PGR, explica que en la mayoría de los casos quien tiene el contacto inicial con el lugar de los hechos y se encarga de preservar los indicios son los policías preventivos. Sin embargo, dice, no se está capacitando a todos los cuerpos policiales, sino sólo a unos cuantos.
“Lo primero que necesitamos para que el sistema sea un éxito es la capacitación y el material en quien tiene el primer contacto con los hechos. El policía encuentra un cadáver y sangre y casquillos y huellas [pero] él no sabe cómo levantarlos, no tiene con qué levantarlos, a veces ni con qué preservar [el lugar de los hechos] y es él el que tiene que atender esa circunstancia muchas veces”, critica.
El trabajo pericial es una de las partes menos visibles dentro del sistema de procuración de justicia, dice Hernández Mota. Lamenta que series televisivas como CSI transmitan una idea errónea de que “todo se hace mágicamente y todo se obtiene de manera casi adivinatoria.
El perito defiende así su labor: “Eso es imposible porque todo lleva un proceso muy largo, entonces [se] empiezan a generar toda una serie de especulaciones indicando que el perito es inexperto o está haciendo algún tipo de proceso de dilación para no llegar a una conclusión sobre su investigación”.
El trabajar a contratiempo y bajo presión, agrega, es otro de los problemas que encaran. Y advierte la consecuencia de ello: “Como en todo trabajo, cuando te apresuran, a veces omites pasos, te equivocas, y tiendes a entregar malos resultados”.
Por ello es que considera que la puesta en marcha de juicios orales favorecerá el trabajo de los peritos, pues tendrán posibilidad de defenderlo y no quedar al margen, como ocurre ahora.
“El que está bajo el escrutinio es el agente del Ministerio Público que hace la integración de la averiguación previa, y cuando algo falla [dice:] ‘Es que el perito no me entregó el dictamen pericial, es que no realizó la cadena de custodia como debería ser’. Hay pretextos siempre, el hilo se rompe por lo más delgado. La premisa del perito es que no debe de transmitir absolutamente nada, entonces no tiene posibilidades siquiera de defenderse porque siempre es un testigo mudo de todo lo que sucede, no hay defensa para él”.
