Un total de 24 universidades públicas presentaron irregularidades y montos pendientes de dinero por aclarar en el ejercicio de recursos recibidos del erario, de acuerdo con el Segundo Informe de la Cuenta Pública 2020 presentado por la Auditoría Superior de la Federación.
Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades, como pagos a trabajadores sin experiencia, transferencia de dinero y adquisiciones irregulares, así como montos pendientes por aclarar por un total de 902 millones 784 mil 299.02 pesos en el uso de recursos ejercidos por 24 universidades públicas.
Lo anterior se deriva del Segundo Informe de la Cuenta Pública 2020 que la ASF presentó el jueves en la Cámara de Diputados y que hace una revisión de 36 universidades públicas, de las cuales solo 24, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tuvieron observaciones y causaron daño al erario. Las 12 restantes solventaron las irregularidades detectadas.
De las 24 instituciones públicas auditadas, tres concentran el mayor daño al erario: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de Coahuila.
De acuerdo con el informe de la Auditoría, la Universidad Autónoma de Chiapas tiene un monto pendiente por aclarar de 192 millones 743 mil 645.22 pesos.
Al 31 de diciembre de 2020, la universidad no había ejercido el 13.8 por ciento de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2021, aún no se ejercía el 10.5 por ciento; ello generó que los recursos transferidos al amparo del convenio de apoyo financiero de recursos públicos estatales y federales extraordinarios no regularizables no se ejercieran dentro del plazo establecido en dicho convenio, cuya fecha de vencimiento fue el 30 de junio de 2021.
«En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Chiapas registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de control interno, transferencia de recursos, servicios personales y adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 192 mil 743.6 pesos que representa el 17.7 por ciento de la muestra auditada», refiere la Auditoría en su informe.
Además observó que la Universidad Autónoma de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
En conclusión, agregó, «la Universidad Autónoma de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y meta».
En el caso de la Universidad Autónoma de Coahuila, al 31 de diciembre de 2020 había devengado el 100 por ciento de los recursos transferidos. En el ejercicio de los recursos, institución registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de los recursos, destino de los recursos y servicios personales, así como del Convenio Marco de colaboración para el Apoyo Financiero, sus Anexos de Ejecución y del Convenio de Apoyo Financiero de recursos públicos federales y estatales extraordinarios no regularizables que generaron un monto por aclarar de 554 millones 442 mil 779.53 pesos.
«La Universidad Autónoma de Coahuila no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la universidad reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un importe pagado con recursos del programa al cuarto trimestre del 2020 que difiere de los registros contables y presupuestarios a ese corte. En conclusión, la Universidad Autónoma de Coahuila no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas», observó el órgano fiscalizador.
Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene un monto pendiente por aclarar de 380 millones 178 mil 260.71 pesos.
La ASF señaló que en el ejercicio de los recursos, la universidad infringió la normativa, principalmente en materia de Transferencia de Recursos, Registros e Información Contable y Presupuestal, y de Servicios Personales, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero del 13 de febrero de 2019, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
En conclusión, destacó la Auditoría, «la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio».
La UNAM es otra de las universidades públicas auditadas en donde se detectaron anomalías en el proyecto “Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, en el estado de Querétaro” que contó con un registro y una autorización de suficiencia presupuestal por un monto de 155 mil 345.9 pesos y una inversión aprobada, modificada y pagada de 200 mil pesos.
En este proyecto la ASF determinó seis resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y dos fueron solventados por la UNAM antes de la emisión de este Informe. Los tres restantes generaron: dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y un Pliego de Observaciones.
El monto pendiente por aclarar de la UNAM es de 123 mil 949.97 pesos.
Otra de las instituciones auditadas fue la Universidad de Guadalajara. De acuerdo con la ASF, al 31 de diciembre de 2020, la UdeG había devengado el 99.4 por ciento de los recursos transferidos. En el ejercicio de los recursos registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del Convenio Marco de colaboración para el Apoyo Financiero y sus Anexos de Ejecución que generaron recuperaciones operadas por 8 mil 618.5 pesos, los cuales representan el 0.2 por ciento de la muestra auditada.
«La Universidad de Guadalajara no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el formato Nivel Financiero al cuarto trimestre del 2020 un importe que difiere de los registros presupuestarios a ese corte», observó la Auditoría.
