Las organizaciones criticaron especialmente la designación de Senador Raúl Cervantes como nuevo Procurador General, dijeron que “la designación de un Senador que quiso ser Ministro pero ahora es Procurador daña severamente la división de los poderes públicos y corrompe la idea de pesos y contrapesos que deben existir entre estos”. Además exigieron que tanto el nombramiento de Cervantes y el de la nueva Secretaria de la Función Pública Arely Gómez sean transitorios al no ser «idóneos» ante los retos de ambas instituciones.
Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La Presidencia de México y el Senado de la República atentan en contra de una Fiscalía autónoma y la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con los nombramientos de Arely Gómez González y de Raúl Cervantes Andrade, criticaron 39 organizaciones nacionales e internacionales, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), conformada por 80 asociaciones, y otras personalidades.
Los grupos de la sociedad civil alertaron, en un comunicado, que los recientes nombramientos de Arely Gómez González, como Secretaria de la Función Pública, y de Raúl Cervantes Andrade al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) “son señales preocupantes para la consolidación del SNA y la construcción de una Fiscalía autónoma”.
Recordaron que en diversas ocasiones enfatizaron “la importancia de contar con procesos transparentes, abiertos y participativos para el nombramiento de las personas que encabezarán las instituciones más relevantes del Estado”.
Contrario a ello, dijeron las organizaciones, los recientes nombramientos demuestran “la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros que sostengan las decisiones” tomadas por la Presidencia y refrendadas por la Cámara Alta.
“El Senado de la República no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin dar espacio a la reflexión crítica y el debate abierto”, criticaron.
Estas prácticas, reitera el documento, “debilitan la construcción de una Fiscalía autónoma y del Sistema Nacional Anticorrupción asimismo es contraria a los compromisos públicos e internacionales hechos por la Presidencia en materia de gobierno abierto”.
Entre los firmantes destacan Artículo 19, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Programa de Derechos Humanos Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, entre otros.
Por otra aparte, las organizaciones acusaron que para nombrar a las nuevas autoridades del SNA, la Presidencia se vio obligada, en septiembre pasado, a conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos para elegir al nuevo secretario o secretaria, sin embargo ésta nunca se realizó.
En este sentido, “el nombramiento de la nueva Secretaria de la Función Pública viola el compromiso internacional hecho por Presidencia de la República en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto”.
Además consideraron la designación de Raúl Cervantes como “la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia y el Senado de la República y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal en México”.
Criticaron que a tan sólo días de que más de 200 personas y 50 organizaciones expertas en la materia y reconocidas exigieron un diálogo nacional para rediseñar un organismo autónomo procurador de justicia, donde se incluye la selección del perfil más adecuado para operarlo, “el Presidente, con el respaldo del Senado, designó inesperada y discrecionalmente un perfil con cuestionamientos sobre su independencia política y sin rendir cuentas sobre su idoneidad (por ejemplo, sobre su conocimiento del sistema penal, su probidad y su compromiso con el avance de los derechos humanos y la democracia)”.
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En el comunicado recuerdan que apenas el año pasado, Cervantes Andrade fue considerado como posible integrante de una terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en ese entonces, “como ahora, su perfil fue severamente cuestionado”.
“La designación de un Senador que quiso ser ministro pero ahora es procurador daña severamente la división de los poderes públicos y corrompe la idea de pesos y contrapesos que deben existir entre estos”, apuntaron.
“Sirva lo anterior también como un extrañamiento directo y claro para el Senado de la República: su papel en la ratificación del Procurador anuló la naturaleza independiente que tiene del Ejecutivo Federal”, añadieron.
Las organizaciones también criticaron el actuar del Senado de la República, quien, dijeron, “en menos de un día […] resolvió la designación presidencia”. Ése proceso “del mayor impacto para la democracia y el Estado de derecho no debe realizarse como un simple trámite legislativo”.
Finalmente, los firmantes exigieron “que estas designaciones sean transitorias, en particular en el caso del Procurador, pues consideramos que no son idóneas para los retos que enfrentan ambas instituciones, además de no contar con la legitimidad ni reconocimiento para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de Fiscalía General de la República ni la consolidación del promisorio Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos absolutamente convencidos que los perfiles requeridos para estos órganos deben estar a la altura del contexto, las exigencias sociales y las necesidades de nuestro país. Estos dos nombres, sin embargo, no lo están”.
