El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, René Jiménez Ornelas, indicó que la operación de la delincuencia organizada en Veracruz despuntó desde el gobierno previo, pero en los casi seis años de gestión de Duarte se convirtió en un «descaro total». Los comicios en el estado más poblado de México, con 16 millones de habitantes, son considerados por partidos y analistas como el mayor indicador de las fuerzas políticas rumbo a la elección para presidente un año después, en este caso 2018.
Ciudad de México, 29 oct (Xinhua).- El escándalo de corrupción que envuelve al prófugo Gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, tendrá un alto costo político para el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) en comicios cruciales de 2017 y la contienda presidencial de 2018, dijeron expertos a la agencia Xinhua.
La aparente posesión de una amplia lista de casas y fincas en México y otros dos países, compradas a través de testaferros con recursos públicos desviados, colocó en el último mes al hombre que desde 2010 gobernó Veracruz, en el este de México, y al partido del que era miembro en el ojo del huracán de la opinión pública.
«Con un sueldo que no llega a los 250 mil pesos no alcanza para tener ese tipo de propiedades. Es inexplicable la riqueza de este hombre y de su grupo cercano», dijo el politólogo y profesor de la Universidad Iberoamericana, Genaro Lozano.
Por su parte, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ernesto Villanueva, afirmó que el caso tendrá un «costo alto» para la imagen del PRI y del Presidente Enrique Peña Nieto de cara a la elección a Gobernador en el central estado de México, en junio del próximo año.
Los comicios en el estado más poblado de México, con 16 millones de habitantes, son considerados por partidos y analistas como el mayor indicador de las fuerzas políticas rumbo a la elección para Presidente un año después, en este caso 2018.
El PRI expulsó esta semana a Duarte de sus filas, una histórica decisión porque nunca había echado a un Gobernador miembro del partido, sin embargo la medida parece corta para lavar su imagen antes de los comicios, refirió Villanueva.
«El caso Duarte es el primer ejemplo mexicano de lo que sucede cuando se llega a extremos que rebasan los umbrales de tolerancia de la corrupción habitual», sostuvo el experto de la UNAM.
La Procuraduría General de la República (PGR) imputa a Duarte y a ocho cómplices el desvío y lavado de 253 millones de pesos (13 millones 322.000 dólares) provenientes de las arcas de las secretarías (ministerios) de Educación y Salud estatales, de acuerdo con datos expuestos en una audiencia judicial.
Un juez federal concedió a los fiscales una orden para aprehenderlo, pero el político se volvió ilocalizable después del 12 de octubre, cuando pidió al Congreso estatal licencia para separarse del cargo a falta de 48 días del fin de su gobierno ante la pesquisa de la PGR.
En la audiencia, realizada el 23 de octubre en contra de las únicas dos cómplices capturadas hasta ahora, un testaferro de Duarte convertido en testigo clave de la PGR dijo que sabía de la compra de casas, fincas, departamentos y predios en ciudades de México, Estados Unidos y España, según el reporte de medios locales.
Las sospechas apuntan a que los recursos salieron de los dos ministerios estatales mediante depósitos a empresas fantasma que después triangularon el dinero a otras nueve firmas para la adquisición de propiedades, todas a nombres de testaferros.
Además, ventiló que Duarte supuestamente compró joyas con un valor de 225 mil dólares para su esposa a través de otro de prestanombres y que poseía una lancha italiana valuada en 790 mi dólares.
Villanueva subrayó que la molestia social no sólo se basa en el aparente derroche del político sino en su gestión como Gobernador, durante la cual el crimen organizado recrudeció la violencia en Veracruz a través de cotidianos asesinatos, secuestros y extorsiones.
«Sabíamos que se roban, que no rinden cuentas, pero que se vinculan y se unifican con el crimen organizado, como pasó en Veracruz, es la primera ocasión en el caso mexicano que eso sucede», manifestó.
El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, René Jiménez Ornelas, indicó que la operación de la delincuencia organizada en Veracruz despuntó desde el gobierno previo, pero en los casi seis años de gestión de Duarte se convirtió en un «descaro total».
Como ejemplo, la tasa del delito de secuestro subió de 17 casos a 60 durante el primer año de gobierno de Duarte y para 2014 llegó a un pico de 144 plagios, aunque ha tendido a la baja desde entonces, muestran cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Arturo Bermúdez, ex secretario de Seguridad Pública durante cinco años de la administración de Duarte, debió renunciar en agosto pasado ante señalamientos de que usó su puesto para contratar empresas vinculadas con su familia, lo que llevó a la fiscalía estatal a fincar recientemente cargos en su contra ante un juez.
«Definitivamente Veracruz ha sido azotada por la corrupción, la impunidad y las relaciones de corrupción entre crimen organizado y funcionarios», aseguró Jiménez Ornelas, sociólogo experto en temas de seguridad, quien coincidió que el caso repercutirá en la imagen del PRI.
Villanueva reprochó que la pesquisa federal contra Duarte comenzara después de que el Gobernador electo, Miguel Angel Yunes, denunciara las presuntas irregularidades durante la campaña para los comicios, realizados en junio pasado, porque desde años atrás existían señalamientos de desvíos de recursos.
Yunes, candidato del opositor Partido Acción Nacional (PAN, derecha), recibirá el gobierno el 1 de diciembre de manos de Flavino Ríos, el gobernador interino nombrado por el Congreso estatal tras la separación de Duarte.
«¿Si hubiera ganado el PRI, si hubiera retenido Veracruz, hubiera pasado esto (la investigación)? Yo creo que no», refirió Lozano, el profesor de la Universidad Iberoamericana.
El politólogo manifestó que el escándalo de Duarte es una oportunidad para que el gobierno de Peña Nieto demuestre que tiene voluntad para atacar la corrupción y recupere terreno perdido ante la opinión pública por casos anteriores.
«Lo que necesita hacia el final del sexenio, que le quedan dos años, es una narrativa de que en efecto está tratando de combatir la corrupción. No basta con el (recién creado) Sistema Nacional Anticorrupción, tiene que dar muestras», aseguró.
