Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La falta de un sistema de información único y homogéneo de todos los servicios forenses del país y las deficiencias en personal y en infraestructura son obstáculos que abonan a la dificultad para la identificación de cadáveres en el país, aseguró Felipe Edmundo Takajashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) del Distrito Federal, en entrevista con SinEmbargo.
No es algo menor si se considera que actualmente en México hay una cifra de cuando menos 24 mil 800 personas cuyo paradero se desconoce (de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) y que entre los sitios de búsqueda socorridos por los familiares de los desaparecidos están, junto con hospitales y ministerios públicos, los servicios forenses.
Pero hasta ahora si, por ejemplo, una persona desapareciera en Chihuahua y su familia tuviera sospechas de que pudiera haber sido llevada al Estado de México y asesinada ahí, no habría forma de corroborarlo desde el estado norteño, pues la información que genera cada organismo forense estatal sobre cadáveres no identificados no se comparte con sus pares en el resto del país.
Takajashi Medina considera preocupante que no exista un sistema de información unificado para todo el país, sobre todo ante el persistente problema de las desapariciones.
“Sabemos que hay muchas necesidades, pero hay una necesidad y hay prioridades, y esta situación que se está viviendo con estas personas que se están buscando creo que requiere de una atención urgente. Ya son muchos años que se sigue manifestando y se siguen presentando desapariciones y la búsqueda de estas personas se hace necesaria”, dice.
Sentado en su oficina en la colonia Doctores, en la capital del país, el médico afirma que contar con un sistema único de información forense ha sido una exigencia desde hace cuatro años, que hasta ahora sigue sin ser atendida.
“Nosotros tenemos una gran obligación en el sentido de que estamos en una área que maneja cadáveres desconocidos, nosotros tenemos esa obligación de mencionarles a las autoridades esta necesidad y yo creo que todos no tendríamos una opinión diferente, y me refiero a todos los que trabajamos en un área médico forense, estamos conscientes y ciertos de que se requiere ese intercambio de información”, expresa.
Sin embargo, dice, en quien recae la responsabilidad de llevar a cabo los cambios es en las procuradurías locales y en las instancias de las que dependen los servicios forenses en los estados.
Takajashi explica que contar con un solo sistema implicaría también la unificación de criterios, pues hasta ahora cada servicio forense tiene su propia forma de trabajar.
“Desafortunadamente, en mi opinión, y esa es una opinión personal -recalca-, al ser un país federado, cada estado tiene la posibilidad de aceptar o no aceptar. Es muy diferente a los institutos o servicios forenses como Colombia o como Chile, que es un instituto nacional y la dirección general marca la directriz, y todos los servicios médicos forenses de aquellos países tienen que tener una misma forma de trabajar.
“Aquí el Estado de México tiene una forma de trabajo diferente al Distrito Federal; no estoy diciendo de ninguna manera que sea mala -habla cuidando sus palabras- pero la falta de intercambio de información es muy complicada y genera problemas en perjuicio de las familias que están en búsqueda”.
En mayo pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja donó un software para el intercambio de datos sobre cadáveres no identificados, llamado AM/PM (Ante Mórtem/Post Mórtem), pero sólo un puñado de entidades lo ha aceptado: Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Distrito Federal y la Procuraduría General de la República (PGR), dice Takajashi Medina.
Cuestionado sobre por qué no se implementa esa plataforma a nivel nacional, el médico forense responde: “Cada estado tiene ciertas políticas y ninguno puede obligar al otro a que tenga ese software”.
Hasta ahora, al menos en el Distrito Federal, aún no se ha hecho ninguna identificación con la plataforma AM/PM, reconoce Takajashi Medina.
“Lo acaban de donar. Aparte no es nada más que lo instalen y ya: se tiene que tener una capacitación, se tiene que tener un informe y una forma uniforme de capturar los datos”, justifica, pues señala que si no hay uniformidad en los criterios no servirá de nada tener un sistema único.
“Tenemos que homogeneizar esos datos para la captura, porque si no verdaderamente se vuelve complicado y en lugar de ayudar, va a perjudicar”, considera.
Takajashi Medina no se aventura a estimar cuánto tiempo tardará en ponerse en marcha la plataforma AM/PM, pero dice que tendrían que esperar a que “una buena parte” de los servicios forenses locales lo tuvieran también.
“Mientras estamos haciendo lo que nos corresponde, que es capturar todos los datos y poderlos tener dispuestos para el momento en que se requieran”, ataja.
FALLAS EN INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL
El director del Incifo refiere que desde hace unos 16 meses un grupo interdisciplinario trabaja en un censo para saber cuáles son las condiciones de cada servicio médico forense en las entidades del país. En dicho grupo participan, además del Incifo, la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Servicios Periciales de la PGR, y los servicios forenses de algunos estados, entre ellos Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Chiapas.
-¿Qué es lo que ha visto?- se le pregunta al funcionario.
-Pues que hay muchas deficiencias en otros estados.
-¿Cuáles?
-Muchas- contesta renuente a entrar en detalles, pues dice que no es la autoridad indicada para hablar al respecto sobre el trabajo del grupo interdisciplinario.
-Pero algo alcanza a ver…- se le insiste.
-Bueno, por ejemplo falta de peritos en algunas especialidades, en antropología, en odontología, o en genética, o sea laboratorios o especialidades que son indispensables para hacer este trabajo de búsqueda de personas desaparecidas. Y ya si nos vamos a la infraestructura, al equipamiento, pues seguramente saltarán más cosas.
Takajashi olvida su parquedad inicial cuando se le pregunta sobre los mayores obstáculos que tiene la investigación forense en el país en este momento.
“La falta de presupuesto, la falta de infraestructura, equipamiento, capacitación, adiestramiento, la falta de peritos, la mejora de los salarios”, suelta presto.
El médico forense reflexiona sobre sus propias palabras: “Yo creo que se tendrá que poner mucha atención en esta situación: mientras no haya las herramientas necesarias para llevar a cabo el trabajo correcto, certero, de excelencia incluso, no podemos exigir si no tenemos los medios para llevarlo a cabo. Si tenemos los medios, lógicamente la exigencia tendría que ser absoluta: ya tienes todo, no tienes por qué fallar”.
LA SITUACIÓN EN EL DF
Takajashi Medina detalla que cada año el Incifo realiza entre 4 mil 400 y 4 mil 700 necropsias médico-legales, es decir necropsias de personas que fallecen con antecedentes traumáticos, o que mueren en centros hospitalarios y existe una denuncia por posible mala atención, o que son personas que vivían en la vía pública.
Sin tener una cifra exacta al momento, el director del Incifo calcula que entre mil 500 y mil 700 cadáveres que son llevados al instituto están en calidad de desconocidos.
“Pero esa gran mayoría se identifica, que quede muy claro”, enfatiza.
Su estimación sobre la cantidad de cadáveres que quedan sin identificar ronda los 600 por año.
Sobre el destino de esos cuerpos, que otrora pudieron ser la madre, el padre o el hijo de alguien, Takajashi explica que por lo regular se mantienen cuatro semanas en el Incifo, tea lo cual son enviados a las fosas comunes múltiples para no identificados que tiene la institución en el Panteón Civil de Dolores.
No es lo ideal tener varios cuerpos en la misma fosa, reconoce, porque se pueden contaminar. Pero la capacidad del cementerio no da para más, dice.
El médico asegura que aunque el Incifo envía los cadáveres no identificados a tumbas comunes, mantiene el registro de la fosa, lote y nivel en donde está cada uno de ellos, además de que cada cuerpo tiene una placa metálica con sus datos para poderlo identificar dentro de la tumba y exhumarlo en caso de que los familiares lo quieran recuperar para enterrarlo en un sitio aparte.
Según él, eso no suele ocurrir. “A la familia le basta saber que está inhumado y dónde, y saber con toda certeza que esa persona sí era el familiar”, afirma.
Hay casos especiales en que los cadáveres permanecen en el Instituto más tiempo. Por ejemplo, si un ministerio público lo solicita, o si se sabe que es de nacionalidad extranjera y que muy probablemente los familiares van a tardar más tiempo en reclamarlo.
Takajashi Medina presume que para esos casos especiales el Incifo tiene la capacidad suficiente para mantener los cuerpos hasta por casi un año, con la misma suficiencia con que presume que las nuevas instalaciones del Incifo son suficientes para cumplir con su trabajo.
Hace dos años, el Servicio Médico Forense de la capital del país se transformó en el Incifo. Como instituto, tiene una unidad dedicada a la investigación y la enseñanza, que el modelo anterior no preveía. Es una de las pocas instituciones forenses que cuentan con un área de investigación, como también es de las pocas que no dependen de la procuraduría estatal de justicia, refiere su director.
En una de las cámaras de refrigeración del Incifo actualmente se mantienen algunos cadáveres encontrados en fosas clandestinas en Tamaulipas en 2011. Si bien la PGR es la instancia que lleva la investigación sobre esas muertes, la Procuraduría solicitó al Incifo que resguardara los cuerpos, desde abril pasado.
Takajashi dice que no sabe cuántos cadáveres de esas fosas hay bajo el resguardo de la institución que dirige, pues no tiene una injerencia directa. “No es un trabajo que nos corresponda”, contesta.
Algunas notas periodísticas refieren que al Incifo llegaron en junio 40 cadáveres de las fosas clandestinas de Tamaulipas, y que en julio fueron entregados 11 cuerpos a representantes diplomáticos de Honduras, país de donde eran provenientes esas 11 personas.
El resto de los cuerpos que aún están en el Incifo se encuentran en una cámara de refrigeración exclusiva, dice Takajashi. A ella acuden los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para trabajar en la identificación de los cuerpos.
Pero estos días, el EAAF está en Iguala, Guerrero, trabajando en la identificación de los cadáveres que la PGR encontró en tumbas clandestinas, mientras busca a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos secuestrados por policías municipales el pasado 26 de septiembre.
Los expertos del EAAF trabajan en un peritaje independiente al que hace la PGR. El pasado 14 de octubre, el titular de la Procuraduría, Jesús Murillo Karam, anunció que de los 28 cadáveres exhumados del primer grupo de fosas clandestinas halladas, ninguno correspondía a los jóvenes estudiantes.
