En un comunicado, la CNDH refirió que entre el 26 de junio y el 29 de noviembre de 2013 recibió varias quejas en las que se identificaron circunstancias y lugares similares, así como las mismas autoridades señaladas como responsables, por lo que se acordó su acumulación en un solo expediente.
México, 29 sep (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió hoy una recomendación a los titulares de diversas agencias federales y del Gobierno del estado de San Luis Potosí por violaciones a los derechos humanos de siete personas.
La recomendación fue dirigida a los titulares de la Secretaría de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón; Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales; Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, y el Gobierno de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras.
A la Semar por violaciones a los derechos a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad personal y por tortura, esta última únicamente en agravio de una de las personas.
A la CNS por violación al derecho a la inviolabilidad del domicilio, y a la PGR y al Gobierno de San Luis Potosí por violación al derecho de acceso a la justicia.
En un comunicado, la CNDH refirió que entre el 26 de junio y el 29 de noviembre de 2013 recibió varias quejas en las que se identificaron circunstancias y lugares similares, así como las mismas autoridades señaladas como responsables, por lo que se acordó su acumulación en un solo expediente.
En la primera queja, una de las víctimas denunció que agentes de la Policía Federal, perteneciente a la CNS, irrumpieron sin motivo en su domicilio el 22 de junio de 2013, percatándose posteriormente de que sus pertenencias estaban desordenadas y faltaban, entre otras cosas, dinero y una computadora portátil.
Asimismo, tuvo conocimiento de que al día siguiente, los mismos agentes catearon los domicilios de su madre y un sobrino.
Una segunda queja fue interpuesta por otro de los agraviados, quien refirió que el 27 de octubre personal de la Semar se introdujo a su domicilio en Tampacán, San Luis Potosí, sin su autorización. Después de golpearlo y obligarlo a tomar un arma y unas bolsas de plástico, los militares lo llevaron detenido a la delegación local de la PGR.
En el trayecto advirtió que también llevaban a otra víctima, y a ambos se les atribuyeron los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud.
El 9 de noviembre de ese mismo año otro de los agraviados presentó queja por la detención de que fue objeto junto con cuatro víctimas más, mientras dormían en su domicilio ubicado en el municipio de Tanquián, por elementos de la Semar que con violencia los sacaron y trasladaron detenidos a la delegación de la PGR.
La CNDH indicó que agentes de la PGR violaron el derecho de las víctimas al acceso a la justicia por una manifiesta dilación e inactividad ministerial, pues en tres averiguaciones iniciadas contra los agentes aprehensores por tortura, no se han realizado las diligencias indispensables para investigar los hechos y establecer responsabilidades.
La Comisión pide a los titulares de las instituciones señaladas la reparación del daño causado a los agraviados, que practiquen las diligencias pertinentes relacionadas con el caso y que colaboren con el procedimiento administrativo de investigación que la CNDH emprenda ante las instancias correspondientes.
También les solicita que impartan a los servidores públicos a su cargo un programa integral de educación en materia de derechos humanos, e inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas.
