La Procuraduría General de la Republica (PGR) solicitó el martes a un juez una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés, revela el programa «Despierta» con Carlos Loret. Sin embargo, un juez federal suspendió su captura, siempre y cuando no se trate de una acusación por un delito grave o que amerite la prisión preventiva.
Ciudad de México, 29 de Septiembrem (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al poder judicial una orden de aprehensión contra Guillermo Padrés Elías, quien es investigado por presuntos actos de corrupción y desfalco al erario de aquella entidad. Sin embargo, un juez federal suspendió la captura del ex Gobernador de Sonora, siempre y cuando no se trate de una acusación por un delito grave o que amerite la prisión preventiva.
En el programa «Despierta« con Loret de Mora, se dio a conocer que el 27 de septiembre personal de la PGR solicitaron la orden de aprehensión contra el ex mandatario panista.
Son 30 los expedientes abiertos para investigar casos de corrupción durante la administración del ex Gobernador panista, informó la
Fiscalía Anticorrupción de Sonora informó en diciembre de 2015.
El 21 de mayo de 2015, el Departamento de Justicia estadounidense comunicó a la Procuraduría General de la República que había iniciado una investigación contra Padrés Elías en Arizona y solicitó intercambiar información con México para reforzar sus pesquisas.
Ante las investigaciones que ha realizado la autoridad, se han detenido a seis ex funcionarios del gobierno de Padrés, de los cuales, tres otuvieron libertad bajo fianza pero siguen su proceso.
De acuerdo a información que brindó Loret, el ex mandatario estatal ha promovido en total 28 amparos para evitar ser detenido.
El pasado 6 de septiembre un juez revocó la suspensión que protegía a Guillermo Padrés de dichos actos en la averiguación previa PGR/DGCAP/ZNO-XIV/14A/16 de la PGR.
El 25 de agosto, Padrés Elías, obtuvo un amparo para evitar cualquier orden de detención, localización o presentación que emita la PGR en su contra tras una de las denuncias por irregularidades en su Gobierno.
A Guillermo Padrés también se le involucra en un presunto caso de condonación de impuestos a allegados suyos cuando era Gobernador.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora han embargado cuentas de Padrés y familiares, entre ellos de sus hermanos Héctor Miguel y Julio César Padrés Elías.
También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga a 55 empresas que fueron beneficiadas con auditorías falsas y perdones fiscales. En total, se han investigado, asegurado y cateado 283 propiedades del ex Gobernador.
Este día, Rosa María Cervantes Mejía, Juez Décimo Segundo de Distrito en Amparo de esta ciudad, suspendió provisionalmente un posible mandato privativo de libertad contra el ex Gobernador de Sonora, según el juicio de garantías 873/2016, citado por el diario Reforma.
El medio refiere que en su última demanda de amparo, Padrés expuso que desde el 13 de septiembre se habría librado una orden de aprehensión en su contra, el principal acto que reclama.
De acuerdo con los acuerdos publicados en lista a los que tuvo acceso Reforma, la impartidora de justicia impuso a Padrés el pago de una garantía de 72 mil 500 pesos, para que surta efecto la protección contra cualquier orden de aprehensión, localización y presentación.
PADRÉS COMPARECE
El martes pasado, el ex Gobernador presentó su comparecencia ante la Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional (PAN), presidida por Lus Felipe Bravo Mena.
Padrés Elías defendió su inocencia, mediante diferentes documentos, respecto a las acusaciones de corrupción que pesan sobre él. Informó que ha obtenido varios amparos porque la autoridad competente no ha podido abrir un proceso judicial en su contra.
La comparecencia de Padrés se acordó desde el 8 de septiembre, cuando el blaquiazul inició la investigación por los presuntos casos de corrupción de Padrés y de la ex Alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes.
El día de hoy el partido emitió un comunicado en el que aseguró que «no defenderá ni solapará a militantes que hayan cometido violaciones a la legislación penal, incluidos delitos relacionados con el servicio público» pues ha entrado en una etapa de «cero tolerancia a todos».
En el documento recuerda que Bravo Mena confirmó que desde hace varias semanas se inició un procedimiento para los casos de Sonora y Monterrey.
«El trabajo de esta institución partidista cumplirá con todos los requisitos de las investigaciones serias», expresa el comunicado.
