De acuerdo con testimonios de cuatro víctimas y la madre de otra que se encuentra desaparecida, documentados en sentencias judiciales y recomendaciones de la CEDH, mandos de la Policía Ministerial han dirigido actos de tortura para forzar declaraciones de culpabilidad u obtener información de grupos del crimen organizado.
Marcos Vizcarra
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo/Noroeste).- El Gobierno de Mario López Valdez en Sinaloa tiene a torturadores como mandos de la Policía Ministerial, a los que se les ha excluido de averiguaciones previas y, en cambio, se les ha asignado responsabilidades de alta jerarquía dentro de corporación.
Son cuatro los jefes ministeriales que aparecen identificados como ejecutores de tortura en testimonios de también cuatro víctimas de tortura y un familiar de otra que actualmente se encuentra desaparecida, recogidos en sentencias judiciales y recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, uno de ellos el de un ex policía ministerial.
Los mandos que señalaron las víctimas son Martiniano Vizcarra Burgos, subdirector de la Policía Ministerial; Jorge Constantino Sajarópulos Corona, mando ministerial que actualmente es titular de la Policía Municipal de Rosario; Jesús Carrasco Ruiz, subdirector operativo de la corporación; y José Luis Ibarra Velázquez, coordinador de detenciones, que el 23 de febrero de 2012 fue asesinado.
“Sí, recuerdo bien porque el que me levantó la cara estuvo junto conmigo, es el comandante Jorge Constantino Sajarópulos Corona. Yo a él lo conocí porque cuando iba empezando lo enviaron castigado a estar como operativo allá a Sinaloa de Leyva”, dijo en entrevista Crecencio Meza Meza, ex policía ministerial acusado del asesinato de César Valenzuela, ex presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.
Noroeste solicitó a la Dirección de la Policía Ministerial del Estado y a la Procuraduría General de Justicia su versión de los hechos, pero la petición no fue atendida con el argumento de que los mandos policiales y el Procurador Marco Antonio Higuera Gómez tenían otros compromisos que atender.
Cada uno de estos policías al mando de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la PME, se ha desempeñado o se desempeñó en la corporación como mando dentro de la estructura.
Noroeste consultó 11 casos que datan entre 2011 a 2015, y seis de ellos, por primera vez, confiaron su testimonio ante medios de comunicación, en el que en su mayoría aseguró identificar a sus agresores durante los actos de tortura, confirmándolo a través de fotografías que les fueron mostradas.
La tortura que recibieron fue aplicada para que firmaran una declaración ministerial incriminatoria o para la obtención de información respecto a grupos del crimen organizado.
Las agresiones a las que fueron expuestos son asfixias con vendas y agua, choques eléctricos, golpes con artefactos metálicos, de plástico y de madera mientras estaban parados, tirados en el piso o colgados desde sus extremidades.
También sufrieron múltiples amenazas de muerte contra ellos y sus familiares. En algunos casos se registró abuso sexual hacia ellos o de personas cercanas para intimidarlos, además, se les negó el cuidado médico y fueron enjuiciados mediáticamente.
LA TORTURA Y EL «PLAN» CONTRA EL NARCO
La guerra entre cárteles de la droga en Sinaloa que se desató desde 2008, dejó muertes, desapariciones y estragos sociales como desplazamientos forzados no sólo de manera local, sino que traspasaron fronteras nacionales. En esa lucha por el poder también influyó el Gobierno de Sinaloa, que se enfocó a desarticular al Cártel de Los Mazatlecos.
La estrategia fue mediática y armada, utilizando la tortura como método de investigación o de solución frente a una crisis de credibilidad ante la población, llevando a la cárcel a personas que hasta hoy no tienen sentencia por falta de pruebas en su contra.
Una investigación de revela contradicciones en los expedientes judiciales, como la de dos acusados habían sido capturados 20 minutos antes de asesinar a sus víctimas, o que las pruebas de balística establecieron que la pólvora con la que se incriminó a otro acusado no correspondía al arma supuestamente empleada.
SEÑALADOS
Para este reportaje, Noroeste consultó 11 casos que datan entre 2011 a 2015, recogidos en sentencias judiciales y recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa.
Seis de ellos confiaron, por vez primera, su testimonio ante medios de comunicación, y en su mayoría aseguró identificar a sus agresores durante los actos de tortura, confirmándolo a través de fotografías que les fueron mostradas.
Estos son los mandos de la Policía Ministerial del Estado que aparecen identificados como ejecutores de tortura en testimonios de cuatro víctimas:
Jesús Carrasco Ruiz, subdirector operativo de la corporación.
Jorge Constantino Sajarópulos Corona, mando ministerial que actualmente es titular de la Policía Municipal de Rosario.
José Luis Ibarra Velázquez, coordinador de detenciones (fue asesinado el 23 de febrero de 2012).
Martiniano Vizcarra Burgos, subdirector de la Policía Ministerial.
