Debido a la amplitud del expediente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nombrará como mínimo a dos asesores técnicos especiales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, para realizar labores de recopilación de información y documentación sobre el caso.
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— Jordana Kennedy (@alexcochran17) 29 de julio de 2016
Washington, 29 julio (SinEmbargo/EFE).- La CIDH definió hoy un nuevo mecanismo de seguimiento al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, formado por al menos tres personas que harán como mínimo tres visitas a México y actuarán sin límites temporales para evaluar la investigación y la atención a las víctimas.
«La Comisión Interamericana (de Derechos Humanos, CIDH) ha decidido implementar un mecanismo de seguimiento especial en el presente asunto», indicó el organismo en una resolución después de dos días de reuniones en Washington con una delegación del Gobierno mexicano y otra de los padres y representantes de las 43 víctimas.
El mecanismo se dedicará a dar seguimiento a las cuatro medidas cautelares dictadas por la CIDH en 2014 sobre el caso, y según el Gobierno mexicano, su actuación será indefinida en el tiempo, con lo que terminará solo si la Comisión levantara esas medidas que exigen al Estado avanzar en la investigación y asistir a las víctimas.
Este anuncio abre una nueva etapa en la relación de la CIDH con el caso de Ayotzinapa después de que el pasado abril acabara el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión para evaluar la investigación y que acusó al Gobierno mexicano de obstaculizar su trabajo.
El nuevo mecanismo especial estará encabezado por el presidente de la Comisión y relator encargado de México, el estadounidense James Cavallaro, o bien por «otro comisionado designado por la CIDH», quien «realizará tres visitas a México».
«En consulta con el Estado», ese miembro de la Comisión «podrá realizar una cuarta visita para dar seguimiento a las medidas cautelares», explicó el organismo de derechos humanos.
Además, «debido a la amplitud del expediente, la CIDH nombrará como mínimo a dos asesores técnicos especiales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, para realizar labores de recopilación de información y documentación sobre el caso», según la resolución.
Esos asesores técnicos, «en coordinación con el Estado, podrán realizar las visitas a México con la frecuencia y el tiempo que sea necesario para su labor».
También «tendrán acceso pleno a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información correspondientes del caso», de acuerdo con la normatividad mexicana vigente» y «los estándares internacionales aplicables», explicó la CIDH.
Podrán emitirse comunicados de prensa al final de cada visita, y en marzo de cada año, durante el primer periodo de sesiones de la CIDH, «las partes analizarán, y en su caso acordarán, programar nuevas visitas y reuniones de trabajo del mecanismo de seguimiento».
El Estado mexicano «dará apoyo económico a la CIDH para asegurar el financiamiento del mecanismo de seguimiento», dice el documento.
El Gobierno de México ha asegurado que «no habrá ninguna limitación» en el acceso del mecanismo a la investigación, según dijo este jueves el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Miguel Ruiz Cabañas.
«Podrán solicitar a las autoridades toda la información que consideren necesaria», afirmó Ruiz Cabañas a los periodistas.
«Tenemos la expectativa de que esto (el nuevo mecanismo de la CIDH) le dé mayor certidumbre a todas las partes (…), se haga justicia y se sancione a los responsables», aseguró.
Según la versión oficial de lo ocurrido en septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes asesinaron y quemaron sus restos en un basurero.
Esta teoría ha sido puesta en duda por organismos internacionales como los expertos del GIEI nombrados por la CIDH, que tras meses colaborando en el caso presentaron en abril un informe donde denunciaron graves fallos en las investigaciones.
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014 consideraron que la decisión de la CIDH de implementar un nuevo mecanismo de seguimiento confirma que «la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa están aún pendientes».
En un comunicado emitido hoy tras el pronunciamiento de la CIDH, los padres estimaron que el mecanismo puede ser una «importante garantía» para esclarecer el paradero de los jóvenes.
