Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– El pasado sábado 26 de julio, varias familias de desaparecidos en Querétaro se concentraron fuera de las oficinas del gobierno estatal a fin de solicitar una audiencia con el Gobernador, José Calzada Rovirosa, para entablar un diálogo y acordar acciones sobre la búsqueda y localización de víctimas.
Pero el Ejecutivo estatal no respondió a sus demandas. Ahora, dicen los familiares, las autoridades estatales los están acosando.
“La respuesta, vía un trabajador de gobierno, fue que el próximo miércoles las recibirían, por lo que solicitaron que se les notificara de forma escrita y el documento oficial para confiar que el Gobernador cumpliría su palabra de atenderlas. Este sencillo trámite de respuesta al derecho de audiencia les fue negado”, expresó la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
Ante la omisión del Gobernador, los familiares decidieron realizar una manifestación en uno de los carriles de la carretera 57, a la altura del kilómetro 9, para exigir nuevamente que Calzada Rovirosa firmara de manera personal el encuentro al que fueron citados el día de mañana. Pero no fue así. El Gobernador presentaba su Quinto Informe de actividades.
Brenda Ivone Rangel Ortiz, integrante de la asociación civil, acusó que el domingo, antes de que los familiares de las víctimas intentaran bloquear la vialidad, las llantas de su automóvil fueron «ponchadas». Lo calificó como un hostigamiento por parte de las autoridades estatales para frenar la manifestación. Al mismo tiempo, las familias interpretaron el hecho como “una amenaza para intimidarlas y que no sigan exigiendo se busque a sus seres queridos”, agregó Fundem.
“Lo que queremos es que el Gobernador nos escuche, que tenga una audiencia con nosotros, audiencia que venimos demandando desde hace cuatro años y medio, él no nos ha recibido, nos enfrentamos a las autoridades indolentes y encima nos golpean, nos quieren callar”, expresó la madre de familia quien vio a su hermano Héctor Rangel por última vez el 10 de noviembre de 2009, cuando un grupo armado lo “levantó” en las calles de Querétaro para trasladarlo a Monclova, Coahuila.
“Desde entonces hemos estado exigiendo justicia, que nos informen sobre los casos de nuestros desaparecidos, en qué van las investigaciones, pero el Gobernador no quiere atendernos”, acusó Rangel quien denunció en noviembre pasado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, acoso por parte de la policía.
De acuerdo con información difundida por el Centro Nacional de Comunicación (Cencos), el 27 de julio Fundem dio a conocer que “el gobierno del Estado ha enviado una gran cantidad de efectivos de seguridad a intimidar a las familias; a uno de los manifestantes lo agredieron dos policías encapuchados, cuando estaba estacionando su vehículo para sumarse al plantón. Con varios de los familiares se han acercado hombres civiles para decirles ‘les vamos a partir la madre’ y otras expresiones amenazantes”.
De 2012 a 2014, la organización ha registrado cerca de 77 personas desaparecidas dentro y fuera de Querétaro, detalló la activista, y dijo que a esa cifra se suman otras 100 más que el gobierno del estado había documentado hasta 2011.
El 17 de junio pasado, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación dio a conocer que en el país había 16 mil personas sin ser localizadas, luego de que en mayo pasado había dicho que eran 8 mil los desaparecidos.
Osorio Chong agregó que al cierre de la administración anterior se detectaron un total de 27 mil desparecidos, pero tras una depuración de los casos la cifra se cerró en 16 mil.
Precisó que después del 2012, al inicio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se comenzaron a recibir nuevas denuncias, entre 12 mil y 14 mil nuevos casos.
LAS AMENAZAS
En 2013, elementos de la policía estatal llegaron con armas largas al domicilio de Brenda Rangel como parte de un operativo. “Me dijeron que habían recibido una llamada anónima y que por eso llegaron a mi casa, me acusaron de portar armas y otras cosas que no son”, recordó la madre de familia.
La hermana de Héctor expuso que el cerco que realizaron las autoridades alrededor de su domicilio se dio en el marco de una convocatoria que realizaban los padres de personas extraviadas en aquel noviembre “Faltaba una semana para que se diera la manifestación cuando llegaron a mi casa con armas de fuego a intimidar, por eso fui ante la Comisión en noviembre de 2013, narró.
“Es un acoso constante, esta vez ‘poncharon’ las llantas de mi auto, no es la primera vez, además las autoridades han llegado de manera violenta a decirnos que nos calmemos que no hablemos con los medios de comunicación y hasta con manoteos nos han dicho que nos calmemos; también me acusaron de haber llegado borracha y drogada y no es verdad”, describió sobre los hechos ocurridos el domingo pasado durante el bloqueo de la carretera.
Al respecto, Omar Rábago Vital, director ejecutivo de Cencos, aseguró que las denuncias que llegan a la organización civil respecto a las amenazas que sufren los familiares de las víctimas, han ido en aumento “ no sólo de Querétaro, sino también de otros estados como Veracruz, Coahuila o Tamaulipas, incluso ahora, más recientemente de Puebla”.
Rábago detalló que “el gobierno no está preparado en materia de derechos humanos además que no está dando un seguimiento a los casos”.
Por su parte, Cristina Corona, madre de Jorge Morales, quien desapareció el 13 de julio pasado, denunció que el sábado 26 del mismo mes, elementos de la Agencia ocho del Ministerio Público (MP) la citaron para informarle sobre el caso de su hijo, sin embargo, luego de varias hora, los supuestos avances presentados fueron confusos, declaró.
“Me dijeron que no podía moverme de ahí porque el “Secretario” me iba a decir personalmente cómo iban las investigaciones, pero no llegó , no me dieron el nombre de ese Secretario”, en ese momento, otros padres de familia se manifestaban frente a las oficinas del Gobierno del Estado.
La madre de Jorge explicó que las personas que la retuvieron en el MP le pidieron que no acudiera con los medios de comunicación. “Ahí mismo entró una llamada telefónica supuestamente de un integrante de ‘Los Zetas’ y me dijo que retirara la denuncia y no hablara y me pidieron 200 mil pesos”, expresó, por lo que la tarde de ayer se presentaría en la Comisión Estatal de Derechos Humanos a poner una queja sobre este hecho.
Cristina Corona narró que desconfió de aquella llamada porque ella misma pidió una foto de su hijo como prueba de que estaba vivo “me mandaron una foto de la lona que pusimos para encontrarlo, y entonces les dije a los de la Agencia que eran ellos mismos quienes habían marcado, pero me dijeron que la llamada provenía del Estado de México, no les creí, me citaron ahí para que ya no le moviera más”, agregó.
AUTORIDADES VS FAMILIARES
Las madres de quienes ha sido víctimas de desaparecidos aseguraron que las autoridades de Querétaro intentan sabotear las manifestaciones así como las reuniones que tienen entre padres de familia para hablar sobre los temas que competen tanto al gobierno federal como al de José Calzada Rovirosa: garantizar mejores condiciones para las víctimas y sus familias.
“Nos intentan separar, de mí dicen muchas cosas, a la señora Cristina le dijeron que no se junte conmigo porque pertenezco a un grupo del crimen organizado, no es cierto […] juegan con las familias”, expresó Brenda Rangel.
Al respecto Cristina Corona agregó que la policía llega con los familiares de desparecidos y les dicen que otras familias pertenecen al cartel de Los Zetas “esto lo hacen para que no nos juntemos y lleguemos acuerdos”, acusó.
Los integrantes del movimiento en Querétaro también denunciaron que durante la manifestación del domingo pasado “un grupo de personas del gobierno no nos dejaba de tomar fotos a la cara”.
Ante las amenazas y hostigamiento que han recibido, organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México dijo “Exigimos se le respete el derecho de audiencia y se respete el derecho de las familias a exigir justicia y búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Exigimos acciones urgentes e inmediatas de búsqueda al Gobierno del Estado de Querétaro, a las dependencias federales que encargadas del Plan Nacional de Búsqueda”.
