Frente a la crisis climática, los aspirantes a gobernar las 15 entidades en juego han emitido propuestas generales sin una visión integral entre economía, sociedad y ambiente. En el caso de los candidatos a la Cámara de Diputados, sólo uno de cada nueve tiene una agenda ambiental.
Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– Los candidatos punteros a las 15 gubernaturas tienen propuestas ambientales de cara a la crisis climática que consideran la transición a energías limpias, contaminación atmosférica, escasez de agua potable, manejo de residuos, así como los incendios forestales por cambio de uso de suelo y maltrato animal. Sin embargo, la mayoría de éstas no son específicas ni los aspirantes hablan de cómo implementarlas.
«En otras elecciones hemos visto que tienen muy buenas intenciones, pero siguen siendo muy generales sin una visión sistémica sobre la relación entre el desarrollo económico, social y ambiental. Y cuando ganan, no las implementan por lo que nuestro papel es darle seguimiento», dijo Gemma Santana, integrante de la iniciativa ciudadana VotoXElClima que exige acciones climáticas urgentes, ya que, dijo, no son priorizadas por los principales líderes políticos ni del sector privado.
Además, los aspirantes estatales prometen apoyo económico al sector agrícola, ganadero y pesquero, pero no abordan conceptos como agroecología, plaguicidas peligrosos, muerte de suelos, agroindustria, contaminación hídrica, pesca de arrastre o pesca ilegal.
Respecto a las entidades tradicionalmente mineras como Zacatecas y Sonora, los candidatos omiten mencionar un mayor control a esta actividad extractiva que, como lo ha informado SinEmbargo, contribuye poco a la recaudación fiscal, pero destruye flora, fauna, cuerpos de agua y causa enfermedades a las comunidades aledañas, incluso en Áreas Naturales Protegidas (ANP).
«Están en el sentido contrario, y los ciudadanos lo vamos a pagar. Son estados que al final no sólo no generarán empleos sino que erosionarán la tierra y afectarán cultivos, sin mencionar el agua», lamentó Santana. «Votar por el clima es votar por nuestro futuro inmediato, porque ya estamos en una crisis hídrica, deforestación y contaminación del aire. Si no relacionamos el tema climático a la salud y a los riesgos económicos y sociales, tendremos múltiples crisis que tomarán la vida de muchas personas y disminuirá la calidad de vida de otras».
PENDIENTES PARA LXV LEGISLATURA
Sólo uno de cada nueve candidatos a la Cámara de Diputados aborda en sus propuestas o motivaciones a la ecología, medio ambiente y sustentabilidad, en su mayoría del Partido Verde (55 por ciento) y Movimiento Ciudadano (17 por ciento), de acuerdo con un análisis de la organización Punto Decimal publicado en la revista Nexos. Pero no por ello son ideas «específicas» o «relevantes», observaron los autores de la investigación Rafael Prieto y Michelle Audirac.
En el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre medio ambiente entre representantes de los diez partidos políticos rumbo a la Cámara Alta se discutieron las propuestas para reducir las emisiones contaminantes por energías fósiles y el desarrollo sostenible que pueden consultarse en la gráfica siguiente.
El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM propuso una agenda ambiental para la siguiente LXV Legislatura a los seis mil 886 candidatos a la Cámara de Diputados registrados en la plataforma del INE, la cual plantea reformas a la Ley de Aguas y Minera, así como la posibilidad de una Ley sobre el uso de plaguicidas peligrosos.
En la rueda de prensa del SUSMAI, Pedro Moctezuma, investigador de Agua para Todos, recordó que la crisis de agua lleva dos décadas en el país por la falta de una gestión que respete los ciclos naturales y que está centrada en «una dinámica de obtención de ganancia» con extracción y desecho sin tratamiento, rehuso ni captación.
«Tenemos ocho años con un Congreso en omisión para emitir la Ley General de Aguas, la cual se hizo con iniciativas en consenso. No lo han hecho y muchos de estos candidatos están buscando reelegirse», recriminó sobre la iniciativa congelada desde 2012 que se basa en un acceso equitativo al agua de calidad para uso personal sobre cualquier otro como el industrial, fin a vulnerabilidad ante sequías e inundaciones, aprovechamiento de aguas residuales en actividad agrícola y respeto al agua de pueblos originarios.
Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática de México, destacó que a nivel mundial se está dando una transición energética acelerada, por lo que México debe cumplir el Acuerdo de París con un modelo de desarrollo de energía que considere el cambio climático y la seguridad energética.
«Necesitamos garantizar energía barata y limpia con transparencia en los contratos. Se puede, pero lo estamos haciendo bastante mal. La solución no es sacar a la iniciativa privada para irnos a un modelo más caro y contaminante», dijo sobre la priorización a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México, invitó a reflexionar sobre una Ley General de Plaguicidas que contribuya a un sistema alimentario sano y ambientalmente sostenible que regule el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, ya que son dañinos al ecosistema y a la salud porque pueden causar cáncer o malformaciones.
«En estos últimos años se ha avanzado en el decreto que impide la importación de ciertos plaguicidas prohibidos en otros países como el glifosato», expuso. «Pero la situación aún es muy grave. Todavía tenemos 140 plaguicidas altamente peligrosos autorizados en el país; el glifosato es apenas la punta del iceberg».
Finalmente, la coordinadora del SUSMAI Leticia Merino enfatizó la ausencia de una reforma a la Ley Minera que derogue la priorización del uso del agua para esta actividad por encima de otras, que haga valer el derecho a la consulta indígena antes de otorgar concesiones y que sea causal de cancelación de concesión los daños ambientales, a la salud y por violación a otros derechos humanos. También recordó la iniciativa congelada en el Senado sobre la prohibición de actividad minera en Áreas Naturales Protegidas.
