El crimen organizado, tan pujante como pernicioso, no se detiene. Tan pronto una célula criminal es descabezada enseguida otra emerge en su lugar y así el negocio continúa boyante y cada vez más diversificado.

Lo que ha ocurrido en Baja California, y en particular en la ciudad de Tijuana, explica con letras mayúsculas el enorme poder que ostenta el crimen organizado a pesar de las guerras, estrategias y otras ocurrencias oficiales inútiles. El crimen ahí continúa, impune.

De aquellos tiempos en que los hermanos Arellano Félix controlaban vidas y haciendas quedan recuerdos lacerantes de las balaceras y muertes que plagaron de sangre ese codiciado territorio. Pero también existen herederos que, a la sombra del poder político, continúan operando al estilo del crimen: en las sombras, con traiciones, amenazas y violencia extrema.

Todo lo anterior viene a cuento a raíz de las múltiples denuncias que dan cuenta de las operaciones de una nueva organización criminal que opera en Baja California, conocida como cártel del Ejido Ojo de Agua, encabezado por Bernardo Indalecio Lohr Peralta, un personaje que, de acuerdo con las denuncias consultadas, se ha dedicado al fraude y al despojo de tierras en perjuicio de compradores de terrenos tanto nacionales como extranjeros a quienes con amenazas de muerte los doblega para arrebatarles sus propiedades.

Lohr Peralta se ostenta como miembro del crimen organizado para infundir temor y, a fin de que el miedo paralice a sus enemigos, suele decir que es íntimo amigo de Ismael “El Mayo” Zambada, el longevo narcotraficante a quien la DEA identifica como jefe del cártel de Sinaloa y que ahora, por cierto, también controla Baja California.

El señor Lohr Peralta, en efecto, se ha dedicado a la venta de tierras en Baja California, según dan cuenta sus propios antecedentes. Con base en las investigaciones federales que pesan en su contra, también ha rentado, vendido o pagado deudas de drogas al cártel de Tijuana con amplias extensiones de tierras que serían utilizadas como cementerios clandestinos por parte de los cárteles, donde son sepultadas sus víctimas y las de otros grupos con los que él tiene relación.

Su función como arrendador de tierras al narcotráfico ya suma algunos años, se afirma; por esa razón existen antecedentes que lo relacionan con Santiago Meza, “El Pozolero”, un sicario al servicio de los hermanos Arellano Félix que se dedicaba a descuartizar los cuerpos de personas asesinadas por el cártel local para luego deshacerlas en ácido.

Otras versiones consultadas indican que cientos de cadáveres también eran inhumadas en fosas clandestinas en los alrededores de Tijuana, Tecate y Mexicali, así como en zonas aisladas.

Las investigaciones poco a poco han sacado a flote que, varios de los terrenos utilizados, pertenecen a Bernardo Indalecio Lohr Peralta, el terrateniente y cacique del conocido Ejido Ojo de Agua, al que ya se le considera un cártel en Baja California porque vende o renta tierras al crimen, extorsiona a empresarios y ha despojado a decenas de familias que adquirieron terrenos.

Uno de los tramos que está señalado como de uso abierto para el crimen organizado es el que está marcado con una clave catastral de la ciudad de Tecate –A-KA-140-014 –, ubicado entre la carretera federal Mexicali-Tijuana, camino vecinal a El Carrizo. Este lugar habría sido otorgado por Lohr Peralta a los grupos criminales locales para usarlo como cementerio clandestino. Otras claves catastrales –A KA –150- 025, AKA—150 -045, AKA -150 -070 y AKA—089-090 dan cuenta de acciones de fraudes y despojos en contra de compradores que se acercaron de buena fe a los directivos del ejido.

El jefe del clan ha lubricado sus tareas de empresario dedicado a la venta de terrenos, muchos de éstos adquiridos ilegalmente, con credenciales que lo muestran como próspero empresario: vendedor de lotes, bienes raíces, entre otros giros, de acuerdo con lo dicho por los denunciantes. Con un amplio contubernio que lo liga a las autoridades del Tribunal Agrario, suele vender lotes de todas las dimensiones, amplias extensiones de tierras que, luego, le son arrebatadas a los compradores.

El modus operandis –según cuentan algunos afectados –es echar mano de recursos legales como demandas, amparos, así como otros ilegales –presiones, pagos a las autoridades del Tribunal Agrario y amenazas –para despojar a los compradores de los terrenos que han adquirido. Lo que en estos casos se evidencia es la falta de certidumbre jurídica y la confabulación que existe entre el llamado “jefe del cártel Ojo de Agua” y el poder político en Baja California.

Los afectados aseguran que si interponen recursos legales para defenderse y recuperar el terreno adquirido de inmediato Lorh Peralta recurre a las amenazas, utiliza el nombre de “El Mayo” Zambada, de quien dice ser amigo, o bien recurre al instrumento del miedo para que los demandantes desistan de sus propósitos.

De acuerdo con su historial criminal, Bernardo Indalecio Lorh Peralta no es ajeno al crimen organizado ni a los cárteles locales: las fichas consultadas sostienen que está ligado a Raydel Rosalío López Uriarte, “El Muletas”, un narcotraficante detenido en el año 2010, según la causa penal 134/2010, y que formó parte del cártel de Tjuana.

Según él mismo admitió, se dedica al narcotráfico desde el 2002 y admitió ser compadre de Teodoro García Simental, “El Teo”, quien heredó el control de una célula del cártel de Tijuana después de la captura de Benjamín Arellano Félix y la muerte de Ramón, el gatillero del grupo criminal.

“El Teo”, como se sabe, está preso desde el 2010. A “El Muletas” también se le vincula con Manuel García Simental, “El Chiquilín”, hermano de “El Teo”.

Lo extraño en la historia criminal de “El Muletas” es que, pese a que confesó dedicarse al narcotráfico y a otras actividades ilícitas las autoridades federales lo liberaron en 2019. Sobre su paradero existen dos versiones: que actualmente opera en Jalisco, al amparo del Cártel que lidera Nemesio Oseguera, “El Mencho, y otra sostiene que regresó a sus andanzas a Tijuana, de donde nació en 1979.

El poder criminal y la protección que recibe Bernardo Indalecio Lohr Peralta alcanza a policías y hasta autoridades federales. Su red de cómplices incluyen, por ejemplo, a personajes como César Ríos, Gilberto Toscano y Fernando Gómez.

El llamado jefe del cártel Ejido Ojo de Agua también tuvo la protección federal, a través de su hermana – Brenda Lohr Peralta –quien fue representante del Ministerio Público Federal en Baja California y delegada de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en Sinaloa.

Hasta ahora ninguna autoridad lo molesta en México, pese a las denuncias que pesan en su contra. Lo que se sabe es que está siendo investigado, incluso, por autoridades de Estados Unidos. La ola de extorsiones y despojos continúa, pues además de disponer de una amplia red de operadores también cuenta con varios abogados que siempre están prestos para zafarlo de los líos sin que pise la cárcel. Mediante cañonazos de dinero o reparto de tierras, el llamado deje del grupo criminal se ha mantenido libre e impune. El caso alcanzó tan elevados niveles por los daños causados que las propias autoridades estadunidenses –implicadas en este caso –ya investigan, incluso, si el capo Ismael “El Mayo” Zambada tiene propiedades o está ligado a este negocio de rentar tierras al narco para enterrar a sus víctimas debido a la presunta relación que tiene con Lohr Peralta.

Así las cosas con este caso.

APUNTES DEL SUBSUELO

SE ASEGURA QUE UN JUEZ FEDERAL habría autorizado la liberación de las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigado en México y en Estados Unidos por ligas con la delincuencia organizada, lavado de dinero, entre otros delitos. De confirmarse este fallo judicial, sería muy grave que la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no se unieran para impedir la devolución de los dineros de Cabeza de Vaca, señalados como producto de la corrupción y del lavado de dinero. Si alguien conoce ampliamente el expediente criminal de Cabeza de Vaca es el titular de la UIF, Pablo Gómez, quien como diputado federal le tocó impulsar el desafuero del mandatario tamaulipeco. No hay que olvidar que otro voluminoso expediente criminal pesa contra el mandatario tamaulipeco en Estados Unidos, curiosamente por lavado de dinero. En esa investigación hay testimonios de empresarios que lavaban dinero para el narco y que financiaron las tareas políticas de Cabeza de Vaca desde que aspiró a ser alcalde de Reynosa, Tamaulipas, allá por el año 2004.

BLANCO DE ESCANDALOS, acusado de tráfico de influencias, de contar con una fortuna descomunal hasta ahora cuestionada pero no aclarada, el fiscal Alejandro Gertz Manero sigue sumido en escándalos: alrededor de su persona pesan señalamientos muy serios que ponen en entredicho el llamado combate a la corrupción por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo, si pese a las evidencias solapa o encubre los presuntos actos corruptos de su fiscal explicados en las denuncias en su contra como tráfico de influencias y asociación delictuosa. Para ningún gobierno resulta sano contar con un fiscal –o cualquier otro funcionario –que sea blanco de acusaciones, peor aún, cuando los casos relevantes del país siguen impunes: los sobornos de Lozoya, la estafa maestra, el caso Juan Collado y el lavado de dinero, el huachicol y la corrupción de otros actores políticos, por citar sólo algunos. El presidente López Obrador lo sigue aguantando, pese a que el fiscal ya se erigió como el contradiscurso de la Cuarta Transformación.

Ricardo Ravelo

Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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