El campesino, cuya casa se ubica en el poblado de Salaverna, en el municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, encabeza desde hace años la defensa comunitaria contra la minera Ocampo Mining Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Slim.
Por Manuel Hernández Borbolla
Ciudad de México, 29 de abril (RT).- Organizaciones civiles denunciaron un acoso judicial contra el campesino Roberto de la Rosa, quien desde hace años libra una lucha contra la minera que devastó su pueblo, que pertenece al magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México.
El campesino, cuya casa se ubica en el poblado de Salaverna, en el municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, encabeza desde hace años la defensa comunitaria contra la minera Ocampo Mining Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Slim.
En 2016, maquinaria pesada destruyó casas y edificios del pueblo de Salaverna en complicidad con el Gobierno estatal de Zacatecas, con el objetivo de favorecer a la empresa minera.
Un caso emblemático de los conflictos sociales provocados por la industria minera en México.
¿QUÉ OCURRIÓ?
A través de una petición en internet, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas emitió una solicitud para juntar firmas y ejercer presión para frenar el «hostigamiento y posible detención arbitraria» de Roberto de la Rosa, luego de algunos incidentes registrados por el avance de la minera sobre el territorio del pueblo.
«Desde diciembre de 2019 comenzó la minera a cercar alrededor de la comunidad, agarrando terreno y más páramos varias veces, pero como nosotros tenemos nuestras ocupaciones no podemos estar vigilantes siempre, así fueron avanzando», explicó Roberto de la Rosa en entrevista con RT en Español.
Los abogados defensores de la comunidad de Salaverna habían llegado a un acuerdo con el Gobierno de Zacatecas para impedir el avance de la minera y evitar, así, que escalaran los enfrentamientos entre la gente y los trabajadores de la empresa, en lo que se resolvía un conflicto judicial que se encuentra en tribunales.
A pesar de que existe un litigio para determinar la propiedad de los terrenos donde se ubican la comunidad de Salaverna y la minera, la empresa incrementó el número de detonaciones en la zona durante las primeras semanas de abril.
El pasado 13 de abril, en medio de la epidemia por coronavirus, 20 trabajadores de la minera realizaron obras en terrenos cercanos a la milpa donde siembra el campesino. Esta situación provocó una discusión entre Roberto de la Rosa y el grupo de trabajadores encabezado por Jaime Alberto Contreras.
Durante el altercado, el campesino, quien lleva años siendo amenazado por su resistencia a la mina, sacó una pistola de calibre reglamentario (que usa para defenderse de los asaltantes), lo que hizo que los trabajadores abandonaran las tierras.
LAS SECUELAS
El pasado 25 de abril, presuntos integrantes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, adscritos a la Casa de Justicia de Mazapil, fueron a buscar al campesino a su casa para entregarle una notificación judicial para declarar ante el Ministerio Público por este altercado.
El hecho provocó que el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas iniciara la recolección de firmas por internet para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que intervenga en el caso y se evite una persecución judicial contra Roberto de la Rosa.
Las organizaciones que respaldan al campesino, y han acompañado el caso, temen que el altercado pueda ser utilizado para encarcelar a Roberto de la Rosa y beneficiar a la empresa minera en su intento por desalojar a los habitantes del poblado de Salaverna.
De acuerdo con Grecia Eugenia Rodríguez, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, esta no es la primera vez que la minera propiedad de Carlos Slim «utiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en el ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua».
El poblado de Salaverna se ubica sobre un depósito de cobre de alta pureza, donde además se extraen otros minerales como oro, plata y zinc.
La activista explicó que desde hace algunos años, la minera inició «un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el Gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo a la modalidad de tajo a cielo abierto, en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del potencial tajo se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna».
De este modo, los directivos de la empresa minera, junto con distintas autoridades gubernamentales, han realizado una serie de maniobras de desalojo forzado para que los habitantes de este poblado sean echados de sus casas y la minera pueda explotar los minerales bajo la modalidad de cielo abierto.
En 2016, el Gobierno de Zacatecas, a cargo del gobernador Alejandro Tello Cisterna, organizó una reunión en la capital del estado al mismo tiempo que maquinaria pesada entró al pueblo para destruir las casas, escuela e iglesia de Salaverna, con el objetivo de expulsar a la gente de su lugar.
Por este motivo, los abogados de Roberto de la Rosa han solicitado a la CNDH y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que atraigan el caso y se otorguen medidas cautelares para el campesino, mientras las autoridades judiciales resuelven el conflicto por la tenencia de la tierra.
Esto, mientras el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, tiene pendiente publicar un estudio científico sobre una falla geológica que atraviesa los terrenos del poblado, argumento que, de acuerdo con los habitantes de Salaverna, ha sido utilizado para desalojarlos de sus casas sin que exista evidencia que sustente un supuesto riesgo para la población.
