El jefe de la Agencia de Investigación Criminal, cuestionado por organismos internacionales, dijo esta mañana en una entrevista que no se va. También dijo que su conferencia, que ha sido desmentida tanto por forenses argentinos como por Naciones Unidas, fue una “respuesta institucional” conversada previamente con la Procuradora Arely Gómez.
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– El jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, sometido a fuertes dudas y desmentido por organismos internacionales, dijo esta mañana en una entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva que no renunciará.
–¿Usted no se separará del cargo mientras es investigado? –le preguntó el periodista.
–Yo solicité ser investigado. Hoy tengo más compromiso que nunca con la Procuraduría [General de la República, PGR] y con mi país –dijo.
Sostuvo que la investigación que realizará la Visitaduría General de la PGR fue solicitada por él mismo. “No me voy a separar del cargo”, insistió.
Dijo que su conferencia de prensa, desmentida ya por tres organismos internacionales, fue una “respuesta institucional” de la Procuraduría General de la República y se su titular, Arely Gómez González.
«Esto fue una respuesta institucional y yo tengo acuerdos, varias veces al día con la Procuradora y ella estaba enterada y se contó con el aval total de poder salir», dijo.
Informó también que él se ofreció de manera voluntaria para llevar a los investigadores al lugar donde presuntamente habían tirado las bolsas con las cenizas de los estudiantes desaparecidos.
El funcionario reiteró que “en ningún momento” violó el debido proceso durante la diligencia del 28 octubre de 2014. “No se violó, en todo momento se respetaron las formalidades de debido proceso. Y quiero puntualizar el acto de investigación se realizó con total transparencia. No fue un acto oculto, fue a las 3 de la tarde, con total transparencia, fue un acto de urgencia”.
Expertos internacionales que investigan la desaparición de los 43 estudiantes lo acusaron de “manipular” y “tergiversar” la realidad en un video no incluido en el expediente y que registra momentos clave para sostener la versión oficial de los hechos, la llamada “verdad histórica”.
Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) es muy preocupante que el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Zerón, ocultara hasta ahora un video “editado” en el que hubo una “tergiversación de la realidad” porque “se manipuló” la presencia de observadores internacionales que parecían avalar los hechos.
Zerón ha conducido la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos. Subordinado de Jesús Murillo Karam, es el principal operador de lo que se conoce como la “verdad histórica”.
El GIEI denunció que la grabación, en la que se ve a Zerón en el río donde al día siguiente se halló el único resto identificado de un estudiante, constata que no se cumplieron los protocolos “mínimos” de registro de una escena del crimen, y que al lugar se trasladó, sin dejar ninguna constancia legal, a un detenido con “indicios serios de tortura”, presuntamente cometidos en instalaciones de la fiscalía.
Por eso pidieron que se investigaran todas estas irregularidades pero no desde el departamento que dirige Zerón. “La Agencia de Investigación Criminal debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma”, indicó Carlos Beristain, uno de los expertos que leyó un comunicado del grupo.
PRESIÓN INTERNACIONAL
Ayer, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), como lo hizo las Naciones Unidas, rechazó la versión de Zerón, uno de los operadores del Gobierno de México para la “verdad histórica”, y dijo que no fue testigo de lo que ocurrió en el río San Juan, y de hecho, denunció maltrato por parte de los subordinados del titular de la Agencia de Investigación Criminal.
Tomás Zerón había refutado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el video en el que aparece junto con un presunto criminal “analizando” los alrededores de una zona en donde después “encontrarían” los únicos restos que pueden sostener la versión de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o una gran parte de ellos, fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula.
El rechazo a la versión de Zerón por parte de los peritos argentinos básicamente desarticula los argumentos presentados por el principal investigador mexicano del caso.
El EAAF aclaró esta tarde que el 28 de octubre de 2014, luego de descender del basurero de Cocula, los vehículos donde ellos y peritos de la PGR viajaban fueron detenidos cuando pasaron por el río San Juan. Ahí, personal de seguridad les impidió el paso a la zona, y con “lenguaje extremadamente impropio”, los cuestionó sobre por qué habían descendido “tan temprano” del tiradero.
En un comunicado difundido esta noche, el EAAF ratificó la versión de los hechos presentada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el pasado 24 de abril. Y reiteró que “no tuvo conocimiento, ni tuvo acceso a ningún documento pericial o ministerial sobre diligencias realizadas por PGR a la vera del río San Juan el día 28 de octubre del 2014, que involucrara la presencia de peritos médicos u antropólogos”.
El equipo de peritos narra: “La tarde del 28 de octubre del 2014, al descender desde el Basurero de Cocula y pasar por el camino que bordea el río San Juan, los vehículos en los que viajaban peritos del EAAF y también peritos de Procuraduría General de la República (PGR) fueron detenidos por personal de seguridad indicando que no se podía pasar por el momento, sin mayor explicación”.
“Inmediatamente después, un Ministerio Público de PGR se presentó ante peritos del EAAF y de manera súbita y violenta, utilizando un lenguaje extremadamente impropio para un ministerio público, nos preguntó por qué habíamos bajado tan temprano del basurero de Cocula, emitiendo múltiples epítetos contra el EAAF. El Equipo Argentino explicó que tanto los peritos de PGR como los del EAAF habían acordado no descender del Basurero de Cocula de noche por motivos de seguridad, sabiendo que el resto del trayecto de Cocula hasta Chilpancingo no había otra alternativa que hacerlo de noche”, detalla.
En torno a la bolsa que, de acuerdo con Tomás Zerón, fue hallada ese 28 de octubre en el río San Juan, los peritos argentinos reiteraron que no estuvieron presentes en el momento de su hallazgo.
“Ni tampoco [el equipo] estuvo presente cuando se recuperó, según PGR, de dicha bolsa el fragmento óseo que culminó con la identificación del normalista Alexander Mora Venancio”, se lee en el comunicado.
Finalmente, el equipo señaló que “solicitó en reiteradas oportunidades a la PGR la cadena de custodia correspondiente al hallazgo de dicha bolsa, contando hasta la fecha sólo con un acta emitida por el Ministerio Público que señala que el 29 de octubre de 2014, buzos de la Marina le hicieron entrega de dicha bolsa”.
ONU-DH RECHAZA DILIGENCIA
Previamente, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas rechazó haber sido testigo de las diligencias realizadas por el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, como ayer lo aseguró el funcionario.
“La ONU-DH nunca llegó al Río San Juan, y por ende no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en la zona; tampoco tuvo conocimiento de la presencia del Sr. Agustín García Reyes”, dijo esta tarde en un comunicado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Por lo anterior, agregó, “la ONU-DH manifiesta su extrañamiento por la mención a su presencia y rol en actividades de la PGR en las que nunca participó, así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una funcionaria y un ex funcionario de esta Oficina”.
La ONU precisó que el 28 de octubre de 2014 arribó en un helicóptero de la PGR al campo de fútbol de Cocula alrededor de las 16:10 horas para trasladarse de manera inmediata al basurero de Cocula. Explicó que su visita tuvo el objetivo de documentar los supuestos hallazgos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el mencionado basurero, en el marco de su mandato de observación.
Por su parte, el organismo internacional hizo un llamado para que se focalicen “todos los esfuerzos en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes; la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; la reparación de las víctimas; y la plena implementación de las recomendaciones del GIEI, en los términos manifestados por el Presidente de la República y la Procuradora General de la República el pasado domingo 24 de abril”.
Finalmente, reiteró “su solidaridad con las víctimas, sus familiares y defensores y ofrece su plena disponibilidad para brindar la asesoría y acompañamiento que se requieran”.
SIN PROTOCOLOS
Los expertos de la Comisión Interamericana denunciaron el domingo, durante la presentación de su informe final, que Zerón no siguió los protocolos durante la recolección de evidencias en el río donde se habrían encontrado los restos óseos que después de estudios de ADN dieron positivo a uno de los alumnos, Alexander Mora, la única identificación de todo el caso.
Según la versión oficial, esos restos calcinados es todo lo que quedó de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa una vez que fueron incinerados en el basurero de Cocula, a donde llegaron después de haber sido detenidos por policías en Iguala, una localidad cercana, en el sur de México.
Dos peritajes internacionales dijeron que no hay pruebas científicas que confirmen esta tesis, sostenida básicamente con las confesiones de los supuestos autores materiales.
Además, ni los expertos de la Comisión ni los peritos argentinos que trabajan en el caso pudieron constatar que los restos localizados en el río procedan del basurero y denunciaron que, a diferencia de lo expresado por Zerón, la fiscalía nunca les proporcionó la cadena de custodia del hallazgo, un documento legal que debe constatar el nombre de quién encontró la bolsa, quién la sacó del río y quién la llevó ante los peritos.
El jefe de la Agencia de Investigación reconoció el miércoles que estuvo en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, la víspera del hallazgo de los restos, pero subrayó que su actuación «fue legal» y «atestiguada» por representantes de Nacionales Unidas» y mostró un video para avalar su tesis.
Según el grupo, Zerón presentó un video en poder de la fiscalía que nunca se incorporó a la investigación y está «editado»; dijo que representantes de la ONU estuvieron presentes durante su visita al río cuando estaban a 40 minutos de allí; y no hay «ni un solo documento formal» donde se acrediten los hechos de ese día —el hallazgo de cuatro bolsas, la manipulación de evidencias o el traslado de un detenido a un escena del crimen— aunque sí quedó constancia de lo realizado al día siguiente.
Zerón insistió en que aunque ese día se encontraron cuatro bolsas, la que tenía los restos se halló al día siguiente, el 29 de octubre, cuando buzos de la Marina rastrearon el río y que fue entonces cuando se hicieron las actas y documentos formales.
«Lejos de aclarar la situación, las explicaciones dadas por el señor Zerón ponen de manifiesto que su comportamiento está en contradicción con los estándares mínimos internacionales en la investigación de los hechos y, por lo tanto, agravan el problema», dijo Beristain.
Además, el experto indicó que según los reportes oficiales, ese detenido, uno de los supuesto asesinos confesos de los estudiantes, tenía 30 lesiones dos horas después de ingresar en las instalaciones que dirige Zerón, ninguna de las cuales aparece en el informe del médico naval que le revisó tras la detención, que se había tenido lugar siete horas antes.
Con todas estas denuncias sobre la mesa, el Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que asegura que «nunca llegó al Río San Juan, y por ende no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR -la fiscalía- en la zona» ni supo de la presencia de un detenido allí.
Y la fiscalía general mexicana indicó poco después en otra nota que ya había trasladado toda la información a los dos departamentos de supervisión interna para que investiguen «la actuación de los servidores públicos de la Institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes».
Los padres de las víctimas volvieron a exigir la renuncia de Zerón y la verdad sobre el destino de sus hijos.
