En marzo pasado, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley que regula el uso de la fuerza pública para manifestaciones y actos de protesta civil. Habitantes de las comunidades de Xochicuautla, Tecamac, San Francisco Magú, Coyotepec y Atenco, que han luchado durante años para no ser despojados de sus recursos naturales y que han sido víctimas de represión por esta constante resistencia, ven en la llamada «Ley Eruviel» un riesgo para sus vidas por lo que, dicen, no dejarán que permanezca.
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– Representantes de cinco pueblos indígenas del Estado de México alertaron que el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha lanzado una ofensiva en su contra para despojarlos de su territorio, agua y bosques para pasarlos a manos de empresas privadas que buscan construir megaproyectos. Además, los comuneros y activistas acusaron que la denominada «Ley Eruviel» no sólo está diseñada para reprimir la protesta social, sino que también pone sus vidas en riesgo.
Los frentes de Xochicuautla, Tecamac, San Francisco Magú, Coyotepec y Atenco advirtieron que no detendrán su resistencia ni se dejarán intimidar por las autoridades del Gobierno mexiquense. Por el contrario, continuarán la lucha en conjunto para defender sus recursos, usos y costumbres, y para detener la Ley que amenaza sus derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el proceso de análisis para determinar la constitucionalidad de la Ley que Regula el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, aprobada en marzo por el Congreso estatal.
«Hay un riesgo de que la SCJN la haga constitucional. En términos legales, nos tendríamos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero lo que yo creo que va a pararlos son las movilizaciones y la lucha y presión social», dijo el abogado José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), a SinEmbargo.
El vocero del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla, José Luis Fernández, aseguró que desde hace nueve años decidieron en su asamblea comunitaria que no aceptarían proyectos en su territorio. A raíz de esta negativa, acusó, han sido víctimas de persecuciones, amenazas de muerte y golpes a mujeres y niñas. En mayo de 2014, añadió, hubo 14 detenidos.
«Ahí queda muy claro para qué es esa famosa Ley que Eruviel ha estado implementando: para poder legalizar ese tipo de actos que se han estado dando en Xochicuautla. A pesar de que como comunidad indígena tenemos dos amparos con suspensión definitiva, los han violado […] Todo esto solamente para favorecer a su empresa consentida, a la empresa Teya, a la que le concesionaron la carretera y que forma parte de Grupo Higa, cuyo dueño es el nefasto Armando Hinojosa Cantú», declaró.
El pasado 11 de abril, alrededor de mil policías entraron y salieron del poblado de San Francisco Xochicuautla para salvaguardar la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, que construye la filial Autovan-Teya del Grupo Higa. Con maquinaria pesada demolieron una casa y rompieron tuberías de agua.
Tras la incursión violenta de trabajadores de la empresa y policías del Edomex, habitantes de la comunidad otomíe, autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob) firmaron un acuerdo de suspensión de esos trabajos, en tanto se realizan mesas técnicas que buscarán más alternativas.
El vocero del consejo expuso que su comunidad no está en contra de la modernidad, sino de la violación contra sus derechos humanos y la forma cómo el Gobierno del Estado de México «tuerce» las leyes.
Ricardo Ovando Ramírez, del Sistema de Agua Potable de Tecamac –el cual es autónomo–, denunció que les están mandando un mensaje con la «Ley Eruviel» y «el mensaje es: ‘si protestas y nosotros consideramos que tu protesta es ilegal’ –que además es a criterio de ellos–, y entonces podemos hacer uso de la represión’. Pero si ellos sienten que su vida peligra, podrán hacer uso de la fuerza letal, que no es otra cosa más que matarte […] Nos están despojando, destruyendo el territorio y el agua, y nos dicen: ‘si te mueves, te vamos a matar’. Esto no lo podemos permitir, vamos hacia un Estado totalitario», expuso.
También refirió que, con Aarón Urbina Bedolla en la Presidencia Municipal de Tecamac, han implementado una «ingeniería de conflicto» donde usan a coordinadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para agredir a los compañeros del sistema de agua.
Por parte del pueblo San Francisco Magú, Abigail Salvador Torres dijo que esta Ley promovida por el priista Eruviel Ávila «ya está autorizando que nos golpeen y, si nos resistimos, que nos maten».
Para Abigail es una forma de combatirlos porque «no les gusta que defendamos nuestros derechos» y legalmente podrán agredirlos, como ya lo han hecho. En una asamblea el 8 de marzo del año pasado, narró, un grupo de granaderos golpeó «a varias personas» que estaban manifestándose contra la tala de árboles de su bosque. La semana pasada, contó a este diario digital, la comunidad estaba en la delegación del pueblo y les enviaron «tres convoyes militares y una patrulla federal».
Desde noviembre de 2012, la empresa Merket Construcciones busca instalar un desarrollo inmobiliario denominado “Bosques del paraíso” en los predios “El Ocote y las Carretas.”. Sin embargo, por la resistencia de la asamblea comunitaria, el proyecto está suspendido.
Sergio Velázquez Morales, de la Administración Autónoma del Agua Potable en Coyotepec, declaró a este medio que el 9 de junio de 2013, tras un bloqueo en la carretera México-Querétaro contra la municipalización de sus pozos, llegaron granaderos y miembros de la policía estatal y replegaron a la gente con balas de goma. Después empezaron a volar helicópteros y desde arriba arrojaron gases lacrimógenos.
«Si estamos en resistencia y lucha es para proteger lo que nos pertenece», reiteró en el foro.
Finalmente, Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), leyó un pronunciamiento a nombre de Atenco en el cual advirtió que como la lucha en defensa de su tierra seguirá, las autoridades «preparan su escenario de terror, de muerte, de encarcelación, su escenario de odio y sangre, su ‘Ley Eruviel’ porque ya no pueden de otra forma callarnos».
El próximo martes 3 de mayo se cumplen 10 años del ingreso de la policía a los pueblos de Atenco que se manifestaban contra el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese día dejó un saldo de 200 detenidos, dos jóvenes asesinados, más de 30 mujeres agredidas sexualmente y decenas de casas allanadas, documenta el FPDT.
PUNTOS DE LA LEY ERUVIEL
José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), expuso que la posibilidad del uso de armas letales «cuando sea estrictamente inevitable» es lo que más se conoce de la «Ley Eruviel», pero enfatizó una serie de puntos sobre cuándo una protesta es ilegal, quiénes son los responsables de las víctimas y si pueden ser denunciados.
De acuerdo con el abogado deben enfatizarse l0s siguientes artículos:
–Una asamblea o reunión se convertirá en ilegal cuando exijan a una autoridad que deje de hacer algo. Si una protesta demanda no construir un aeropuerto, ejemplificó, ya es ilegal.
–Rompe la cadena de mando porque, si hay disparos u homicidios, la ley dice claramente que los responsables serán los jefes del operativo. Con ello los gobernadores o presidentes municipales están totalmente exentos.
–El artículo 17 permite los infiltrados en las manifestaciones y asambleas, bajo el argumento de prever si la reunión se va a tornar en ilegal. Si la asamblea delibera una exigencia, explicó Lara Duque, obtienen la información suficiente para poder planear un operativo para combatir la protesta.
–El artículo 21 legaliza la detención mediante el ingreso a los pueblos. Ya en la prisión, la ley permite utilizar candados en las manos de los detenidos, así como esposas de muñecas o tobillos, cadenas y camisas de fuerza si son considerados peligrosos.
–Si una persona reclama haber sido víctima de un exceso policiaco, sólo puede hacerlo la persona misma. Es decir, si es asesinada o queda en coma, no hay otra forma de que alguien más lo denuncie.»Entonces se van asegurar que el afectado no pueda denunciar…», sugirió.
–El artículo 53 «obliga a la represión» porque, cuando los mandos no adopten todas las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego, se les hará una investigación interna. «O sea, no quieren miedosos», interpretó el coordinador del CDHZL.
