Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– El mismo día en que César Duarte Jáquez, Gobernador priista de Chihuahua, se reunió con Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para abordar temas financieros, el equipo jurídico del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana logró un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para tener acceso al expediente de la denuncia contra el mandatario estatal, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades al ser un importante inversionista del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV.
En los hechos se trató de una victoria legal y moral de la organización de la sociedad civil que denunció el presunto enriquecimiento ilícito del Gobernador priísta en la constitución del Banco Unión Progreso, ya que la PGR se había negado a dar acceso a los documentos que son fundamentales en la indagatoria, y de los que no tenía ningún argumento jurídico para ocultar.
Jaime García Chávez, uno de los líderes de Unión Ciudadana; el Senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN), y el equipo jurídico compuesto por cuatro destacados abogados asistieron a las oficinas sede de la PGR en la Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Ahí se reunieron con el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la dependencia y por fin tuvieron acceso a los documentos sobre la investigación.
“Fuimos testigos de que hay un volumen muy amplio en este expediente; estamos hablando de alrededor de 92 tomos de mil hojas cada tomo. Una información muy abundante de diversa procedencia”, afirmó Jaime García Chávez en entrevista para SinEmbargo.
En su calidad de denunciantes, los integrantes del Movimiento Chihuahuense tendrán acceso a documentos del Gobierno del estado, sobre la constitución del Banco Unión Progreso de Chihuahua, otras casas que se dedican a operaciones cambiarias y también información gubernamental.
En diciembre del año pasado, ciudadanos de Chihuahua preocupados por el posible desfalco de las finanzas públicas en la entidad presentaron una denuncia en contra el Gobernador Duarte Jáquez, por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
La denuncia presentada ante la PGR y diversas autoridades financieras no solo implica al Gobernador, también alcanza a funcionarios de la administración estatal y otros en cuyo carácter de prestanombres han participado en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV.
El promovente, el activista Jaime García exigió en la denuncia el esclarecimiento del presunto desvío de recursos públicos por 83 mil millones de pesos de fondos estatales depositados en la Unión de Crédito Progreso realizados a lo largo de tres años.
Estos recursos habrían servido para tramitar la conformación de Banco Progreso de Chihuahua, entre cuyos socios están el propio Gobernador del estado, Jaime Herrera, Secretario de Hacienda local, y Carlos Hermosillo, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento estatal.
En la denuncia se describe la posibilidad de que desde las altas cúpulas del poder en Chihuahua conformaron el delito de peculado “bajo el diseño de actos jurídicos de aparente legalidad”, con el único propósito de buscar el beneficio económico de César Horacio Duarte y su esposa, la señora Bertha Olga Gómez Fong.
Al respecto, se especifica que la pareja firmó el contrato de Fideicomiso número 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el Notario Público No. 6, en noviembre del 2012 y aportó 65 millones de pesos con el objeto de que la Fiduciaria (Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte) para la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua.
Sin embargo, el sueldo mensual de 120 mil 245 pesos que el Gobernador Duarte percibe desde 2010, no alcanzaría para reunir la suma de 65 millones de pesos.
En este punto, plantean los promoventes, es muy importante el hecho de que el equipo jurídico tenga acceso a las hojas de la investigación, pues actualmente se desconoce cuál es el patrimonio del mandatario priista antes de iniciar su función gubernamental.
“También están [en el expediente] las declaraciones patrimoniales de las ocasiones que César Duarte ha sido funcionario público, y también en su calidad de Diputado federal en dos ocasiones, Diputado local, etcétera”, afirmó Jaime García Chávez. Esta información será esencial para conocer de dónde sacaron 65 millones de pesos tanto Duarte como su esposa.
SENADOR CELEBRA ACCESO A DATOS
En esta parte de la historia, el Senador Javier Corral expresó que se trata de un gran avance en la investigación que se sigue contra el Gobernador César Duarte por el presunto delito de peculado y enriquecimiento ilícito.
“El propósito es contribuir con el Ministerio Público en la indagatoria de la denuncia y para ir revisando el expediente e ir valorando la racionalidad de las decisiones del Ministerio Público, así como para solicitar las diligencias que a nuestro juicio hagan falta en esa investigación”, afirmó el Senador a SinEmbargo, una vez que terminó la reunión en la Procuraduría.
Corral Jurado detalló que al tener acceso a los documentos de la indagatoria, el cuerpo de abogados podrá revisar las miles de hojas de que consta el expediente y le permitirá “saber en qué basa el Ministerio Público el ejercicio de la acción penal de encontrar elementos que constituyan conductas delictivas”, luego de la denuncia que presentó García Chávez.
Por su parte, Jaime García explicó a este diario digital que explicó que tanto él como los abogados estarán sometidos a reglas de confidencialidad y reserva cuando se trate de documentos que pongan en riesgo los datos personales de sujetos ajenos a la denuncia penal contra César Duarte.
Detalló que debido a la naturaleza de la investigación, el expediente integra estados de cuenta bancarios de terceros no involucrados directamente con los delitos que se le imputan a Duarte.
“Estamos apercibidos por la autoridad, dado el volumen de información sensible que toca a personas en lo particular que no están involucradas en los hechos de corrupción, debemos guardar reserva de esa información de tal manera que cada que tengamos acceso al expediente tenemos que firmar a qué hora entramos, a qué hora salimos”, precisó.
Sin embargo, los abogados de Unión Ciudadana contribuirán con el Ministerio Público en la indagatoria de la denuncia para revisar el expediente e ir valorando sus decisiones.
Tanto en lo que concierne a los hechos vinculados al gobernador, como los que involucran a sus colaboradores cercanos, entre ellos Jaime Ramón Herrera Corral quien lleva el doble rol de secretario de Hacienda estatal y director de Banco Progreso, sin considerar que existe conflicto de intereses en la ejecución de ambas funciones.
Además, en la reunión del martes 28 de abril en las oficinas centrales de la PGR fueron ratificados los cuatro abogados que tendrán acceso a los documentos de la investigación de la denuncia en contra de Duarte.
PERSECUCIÓN DE DUARTE CONTRA ACTIVISTAS
El Senador Javier Corral y Jaime García Chávez, uno de los dirigentes de la organización Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana, han sido la parte más visible de la denuncia contra el gobernador de Chihuahua por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
Pero no están solos: a su lado se encuentran centenares de ciudadanos y activistas que exigen conocer las finanzas estatales y estar seguros de que su dinero no sirva para beneficiar las ambiciones personales del Gobernador Duarte.
Por ello es que se han atrevido a salir a las calles de la entidad para demandar la verdad, pero como respuesta, han recibido represalias por parte del Gobierno estatal.
“El Gobernador continúa con diversas acciones en lo particular reprimiendo a diversas personas que colaboran con el movimiento, principalmente tomando represalias. De hecho cesaron los provocadores en nuestros actos, pero ahora se han enderezado algunas acciones en contra de liderazgos visibles de nuestro movimiento en algunos municipios”, detalló a SinEmbargo el Senador Javier Corral.
El pasado 28 de febrero un grupo de “porros” o personas presuntamente compradas por el gobierno estatal reventó una manifestación ciudadana y pacífica.
El legislador adelantó que en próximos días dará a conocer detalles de la denuncias ciudadanas por este y otros actos de represalias por parte del gobierno estatal “estamos documentando dos o tres casos muy claros”, dijo Corral.
Corral Jurado sostuvo que se busca que sean sancionados los responsables, tanto funcionarios estatales como municipales, de la agresión a diversas personas. Incluso mencionó que se ha insistido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dé seguimiento a la queja que presentó por la represión del 28 de febrero, la cual dio origen a la “marcha del silencio”.
“Se documentó la utilización de funcionarios de la presidencia municipal del área de atención ciudadana, así como funcionarios del gobierno del estado, como el mismísimo director de Comunicación Social del Gobierno del estado, Federico Guevara, que salió encabezando a los porros del gobernador el día de la protesta, aunque nos cause risa, pero ese es el nivel de ratero de quinta que tenemos en Chihuahua”, destacó el legislador.
