Mario Aburto Martínez, la única persona sentenciada por el asesinato del candidato presidencial en 1994, acusó a la Fiscalía General de la República de omisa por no investigar la presunta tortura que se ejerció en su contra.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– Un Juez federal rechazó que se deba ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) que atienda las demandas de Mario Aburto Martínez, quien señaló a la institución como «omisa» en investigar la presunta tortura de la que fue objeto después de haber sido detenido por el presunto asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994.
Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, decidió negar la suspensión definitiva que había solicitado la defensa del sentenciado, en la cual Aburto Martínez aseguró que el Ministerio Público Federal no investigó los presuntos actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y delitos vinculados que se cometieron en su contra.
Además, argumentó que no se han cumplido las obligaciones generales contraídas en tratados internacionales ratificados por el Gobierno mexicano con respecto al combate a la tortura.
En este sentido, el único sentenciado por el magnicidio de Colosio busca ser integrado al Registro Nacional del Delito de Tortura, y que el registro sea parte de la investigación del caso.
Aburto Martínez fue sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato del priista, pero en un amparo presentado ante un tribunal federal, el condenado indicó que él y su familia fueron torturados para confesar a la comisión del crimen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quien Aburto solicitó que utilizara su facultad de atracción para analizar el caso, rechazó estudiar el amparo y fue el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de México quien recibió la responsabilidad en su turno.
En octubre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 48VG/2021, en la cual acreditaba presuntos actos violatorios contra Mario Aburto Martínez y su familia. Entre los principales puntos recomendatorios, se encuentran: primero la apertura de una investigación seria y apegada a derecho sobre los hechos que provocaron la detención de “la víctima” el 23 de marzo de 1994 a raíz del asesinato del candidato presidencial.
-Con información de EFE
