La Sader –Sagarpa hasta 2018– utilizó miles de millones de pesos en gasto ocioso durante el sexenio pasado (2013-2018). En ese mismo periodo, la producción agraria y agroalimentaria aumentó y superó el déficit de su balanza comercial; pero la carencia en las zonas rurales del país, donde seis de cada 10 personas viven en pobreza, sólo disminuyó 1.32 por ciento real. A la par y en los últimos años, la Auditoría Superior de la Federación ha venido acusando el uso «discrecional y con opacidad del presupuesto de la Sader».
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) erogó casi 2 mil millones de pesos entre 2013 y 2018 para solventar gastos de difusión, eventos, vehículos, transportación y alimentación de trabajadores y funcionarios públicos, entre otros.
Dicha cantidad equivalió al 97 por ciento del gasto de la dependencia federal en programas para el desarrollo pesquero durante el año pasado, o al 68 por ciento de su inversión en apoyos a la producción hasta el segundo trimestre de 2018.
Durante el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto, la Sader otorgó un total de 11 mil 256 contratos a personas físicas y morales por 5 mil 622 millones 884 mil 467.90 pesos, de acuerdo con cifras del portal CompraNet analizadas por SinEmbargo.
De los contratos mencionados, al menos el 9.03 por ciento (1 mil 016) fue para gastos dispensables que comprometieron el 35.48 por ciento (1.99 mil mdp) del gasto total en bienes y servicios.
Entre ellos destacaron 264 contratos por 692.62 millones de pesos, para el mantenimiento y suministro de gasolina y aditivos de los 2 mil 185 vehículos con los que contaba la Secretaría hasta diciembre de 2018. Es decir, una inversión de 115.43 millones (en promedio) por cada año de gobierno.
El parque vehicular de la Sader, no obstante, ha sido causa de constantes polémicas a nivel nacional, durante los últimos nueve años.
En 2010, por ejemplo, los trabajadores de la delegación de Saltillo (Coahuila) denunciaron el uso «irregular» de los vehículos que, en lugar de ser utilizados para el campo, eran usados para asuntos personales de funcionarios públicos.
Algo similar ocurrió en la delegación de Celaya (Guanajuato) en 2017, en que hubo «presunto uso indiscriminado» de los vehículos para «usos personales», mismo que fue investigado por el entonces delegado estatal Víctor Hugo Pineda Martínez.
La última de estas polémicas tuvo lugar en junio del año pasado, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) por el presunto arrendamiento de 140 vehículos en Tamaulipas a la empresa Jet Van Car Rental, para usarlos a favor del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jose Antonio Meade Kuribreña.
Sin embargo, un mes más tarde, el Tribunal Electoral federal determinó la falta de pruebas suficientes para confirmar el uso indebido de los autotransportes.
Además de los gastos en mantenimiento y suministros de su parque vehicular, entre 2013 y 2018 la Sader erogó 58.74 millones de pesos en 42 contratos de arrendamiento de vehículos aéreos y terrestres para funcionarios públicos; 16.96 millones en 13 contratos para servicios de estacionamiento y de «floor valet» en oficinas centrales; 310.73 millones en 81 contratos de pasajes aéreos (nacionales e internacionales) y terrestres, además de viáticos de funcionarios; y 167 mil 334.20 pesos para la reparación, en 2013, de las aeronaves Lear Jet XC-GUB –que fue donado en 2014 al Instituto Politécnico Nacional– y Bell 212 XC-FII.
El gasto ocioso también incluyó erogaciones en alimentos para funcionarios y trabajadores de la Secretaría federal (67 contratos por 507.27 mdp); bienes y servicios de difusión y propaganda en medios tradicionales y digitales (189 por 223 mdp); vigilancia y seguridad privadas (206 por 80.34 mdp) y artículos promocionales (49 por 66.80 mdp) como banderas, bolsas, calendarios, carteles, folletos, libros, maletines, memorias USB, morrales, tazas y termos, entre otros.
También hubo erogaciones para eventos (oficiales y promocionales) y festejos como el día de la madre, del trabajador, del veterinario y de muertos (36 por 13.11 mdp); para artículos e insumos de cafetería ( 37 por 9.80 mdp); telefonía celular (cuatro por 9.64 mdp); lavandería y planchaduría (nueve por 4.30 mdp); vestuario además del de trabajo, tal como botas de piel, camisas, chamarras conmemorativas, indumentaria deportiva, pantalones y otros (17 por 1.42 mdp), además de gastos en perfumería y cosméticos (uno por 196 551.73 pesos).
GASTO Y CRISIS
Tres hombres estuvieron a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural –antes Sagarpa– durante la administración de Peña Nieto: los ex gobernadores priistas de Coahuila y Querétaro, Enrique Martínez y Martínez (2012-2015) y José Eduardo Calzada Rovirosa (2015-2018); y durante ocho meses de 2018, el otrora candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa.
A lo largo de su gestión, el presupuesto de la Secretaría tuvo un crecimiento real de 7.23 por ciento (al pasar de 68.63 a 71.70 mil mdp entre 2012 y 2018); y la inversión en programas para la superación de la pobreza aumentó en 103 puntos porcentuales reales (de 10.63 a 23.46 mil mdp entre 2012 y 2018), aunque el dinero para los apoyos a la producción se desplomó en 26 por ciento real (de 6.90 a 2.94 mil mdp entre 2012 y 2018).
Los resultados de la Sader en el sexenio pasado, empero, fueron desiguales.
Mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario creció en 47.05 por ciento real (pasó de 502 a 787 mil mdp) y el PIB de las actividades agropecuarias y agroalimentarias aumentó en 14.15 por ciento (de 1.23 a 1.42 billones) con un superávit de su balanza comercial a partir de 2015, la pobreza rural en México decreció en apenas 1.32 por ciento real entre 2012 y 2016, según las cifras oficiales.
Esto implicó que a pesar del incremento en las ganancias productivas del campo, la distribución de la riqueza de las actividades primarias estuvo concentrada y se limitó a sacar –de manera relativa– a 228 mil personas de su situación de carencia. En la actualidad, seis de cada 10 personas que viven en el campo sufren de situación de pobreza.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONU-FAO), ocho de cada 10 pesos del presupuesto gubernamental para impulsar la productividad y competitividad del campo mexicano se encuentran asignados a bienes privados individuales, «lo que significa una limitante pues no se estimulan las acciones del conjunto de la población, sino de sectores muy específicos que no necesariamente enfrentan problemas».
Asimismo, para ONU-FAO, el efecto de los programas de apoyo «se pierde» a largo plazo ya que los mecanismos están destinados para una sola etapa productiva de un sujeto determinado, «sin dejar infraestructura o servicios para el resto de la población, por lo que la inversión no incide en el conjunto de la productividad de una región», se lee en su estudio «México Rural del Siglo XXI» (2018).
En este contexto, el ejercicio de 1 mil 995 millones 144 mil 291.04 pesos en gasto ocioso es irresponsable. Más si consideramos los constantes señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en cuanto al uso «discrecional y con opacidad del presupuesto de la Sader».
Ejemplo de ello fueron los resultados de la Sader en la tercera entrega (2019) de la Cuenta Pública 2017, en que la ASF encontró probables irregularidades por 574 millones 593 mil 256.90 pesos relacionados con su programa de «Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola» (auditoría forense número 17-0-08100-12-1594-2018).
ADJUDICACIÓN Y BENEFICIOS
En el caso de los 1 mil 016 contratos dispensables analizados por SinEmbargo, el 74 por ciento (751) fue otorgado por adjudicación directa o sin concurso, por un monto de 1.34 mil millones de pesos (el 69 por ciento del gasto ocioso en 2013-2018).
Asimismo, hubo 223 contratos (22 por ciento) de licitación pública (concurso) por 260.22 millones (13 por ciento) y 42 contratos (cuatro por ciento) de invitación a cuando menos tres personas (concurso restringido) por 357.37 millones de pesos (18 por ciento).
«Permitir las invitaciones a cuando menos tres o las adjudicaciones directas mediante supuestos amplios, como se hace actualmente, abre la puerta para que se abuse de estos métodos y favorece la colusión. Por eso la posibilidad de utilizar estas excepciones debe reducirse a lo mínimo indispensable» refiere la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en su «Agenda de Competencia para un Ejercicio Íntegro en las Contrataciones Públicas» (2018).
Para la Cofece, aunque la adjudicación directa reduce los costos administrativos, «su utilización no asegura que el Estado esté comprando en las mejores condiciones posibles de precio, calidad y oportunidad».
Con respecto a las invitaciones a cuando menos tres personas, indica que «además de restringir la concurrencia, en ocasiones, se utilizan para disfrazar adjudicaciones directas, por medio de propuestas de cortesía, lo que constituye un acuerdo colusorio».
Las cinco compañías más beneficiadas (2013-2018) con adjudicaciones directas dispensables fueron Edenred México (651.20 mdp), Aerovías de México (266.28 mdp), Consorcio Gasolinero Plus (21 mdp), Efectivale (19.81 mdp) y Jet Van Car Rental (19.70 mdp), esta última involucrada en la denuncia (2018) del PAN en contra del PRI ante la Fepade, por el uso indebido de vehículos en tiempos electorales.
Por invitación a tres personas, en cambio, las empresas con más ganancia fueron Edenred México (326.45 mdp), Consultoría y Gestión Deportiva Especializada (6.21 mdp), Aerolíneas Ejecutivas (1.96 mdp), Punto Prodiucciones High Level (1.87 mdp) y Jet Van Car Rental (1.83 mdp). Asimismo, una persona física, Francisco Cedillo Zúñiga, estuvo entre los proveedores con más ingresos (8 mdp).
En general, Edenred México (983.13 mdp), Aerovías de México (266.28 mdp), Toka Internacional (56 mdp), Jet Van Car Rental (38.73 mdp) y Efectivale (34.76 mdp) fueron los contratistas de la Sader con más ganancias en la muestra de 1 mil 016 contratos ociosos que fueron celebrados entre 2013 y 2018.
