Stuardo Campo, Jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público de Guatemala, detalló que las capturas se realizaron en San Marcos, cerca de la frontera con México; aún hay pendientes 5 órdenes de aprehensión por ejecutarse.
Ciudad de Guatemala, 28 ene (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este viernes a 10 supuestos miembros de una banda de tráfico de personas involucrada en el traslado ilegal de 16 migrantes a México en enero de 2021, antes de que fueran asesinados en Tamaulipas.
El Ministerio Público (MP-Fiscalía) informó mediante sus canales de comunicación que las capturas se registraron en el departamento de San Marcos, colindante con México y ubicado unos 250 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.
El Jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público, Stuardo Campo, detalló que en 2021 iniciaron una investigación «de oficio» tras lo acontecido con los 16 guatemaltecos, asesinados en Tamaulipas bajo causas aún no clarificadas.
El Ministerio Público precisó que realizó 19 allanamientos por el caso, todos en el municipio de Comitancillo, siempre en el departamento de San Marcos.
La supuesta banda dedicada al tráfico de personas fue identificada por las autoridades como «Los Coronado», quienes supuestamente trasladaron a los 16 migrantes de manera irregular a México, con intenciones de llevarlos posteriormente a Estados Unidos.
Además de las 10 personas detenidas, quedan por ejecutarse cinco órdenes de aprehensión, añadió la misma fuente. Dentro de los 10 arrestados este viernes se incluyen tres notarios.
Las investigaciones del caso se realizaron «con el apoyo de la agencia Home Land Security Investigations» de Estados Unidos, informó el Ministerio Público.
«Se estableció que la estructura criminal captaba a las víctimas, acordando con ellas un pago que oscilaba entre los 95 mil quetzales (casi 12 mil dólares) y los 120 mil quetzales (15 mil dólares) para trasladarlas hacia el territorio estadounidense», añadió una nota de prensa de la entidad.
Las fuerzas de seguridad decomisaron alrededor de un millón de quetzales (125 mil dólares) en «las diligencias» de este viernes, según las autoridades.
#MPEnDirecto
Lic. Stuardo Campo, Fiscal de Sección de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes en entrevista por @CanalAntigua brinda detalles del #CasoTamaulipas#MPContraElTráficoIlícitoDeMigrantes pic.twitter.com/NTi26Adf7z— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2022
PIDE RETIRO DE INMUNIDAD
El Ministerio Público solicitó de igual forma el retiro de la inmunidad de una jueza guatemalteca por supuestamente estar implicada en la estructura criminal de «Los Coronado».
El portavoz del MP, Juan Luis Pantaleón, explicó que el desafuero fue planteado en contra de la juez de Primera Instancia Penal de San Marcos, Blanca Elizabeth González Gálvez, por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y cohecho pasivo.
De acuerdo con las primeras investigaciones, la funcionaria judicial estaría implicada en la red que trasladó a territorio mexicano a los 16 migrantes guatemaltecos asesinados en Tamaulipas.
El antejuicio en contra de González fue presentado por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del MP este viernes.
Desmantelan @GuatemalaGob estructura criminal de tráfico de personas a #EstadosUnidos que operaba desde #SanMarcos. Se les vincula con la masacre de 19 migrantes en #Tamaulipas #Mexico el 22/01/2021 https://t.co/66K1ueafSx pic.twitter.com/wOt5WyE47m
— Benjamin Alfaro (@Tapabav) January 29, 2022
Entre los detenidos este viernes hay supuestamente varios familiares del exalcalde de Comitancillo, Ramiro Coronado Pérez, de quien las autoridades sospechan que es el líder de la organización.
La masacre de los 16 guatemaltecos se perpetró el 22 de enero de 2021 en Camargo, Tamaulipas. Durante ese hecho también fueron asesinados tres mexicanos, quienes se supone trasladaban por ese territorio a los migrantes con rumbo a Estados Unidos.
Por la matanza, la justicia mexicana procesa a 12 policías de ese país como presuntos responsables de la masacre.
La Fiscalía mexicana los acusa de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones judiciales o administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad. El 8 de febrero de 2021 quedaron ligados a proceso penal.
