Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari un grupo de funcionarios públicos, a través de prestanombres, han clonado títulos de concesiones e invadido lotes, así lo denunció el sector minero de Sinaloa. Pidió al Presidente cancelar esos títulos y aplicar la Ley Minera y su Reglamento como estaba inicialmente.
Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– Un grupo de mineros de Sinaloa pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador cancelar los títulos clonados y lotes invadidos por prestanombres de funcionarios públicos, una práctica que aseguraron, se viene haciendo desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Gervasio Osuna Contreras, coordinador de Minería del Sector Social Campesino, solicitó al Jefe del Ejecutivo que se aplique la Ley Minera y su Reglamento como estaba inicialmente. Mencionó que que de más de 300 artículos que tenía la legislación hoy sólo cuenta con 56 porque Salinas de Gortari modificó el Artículo 27 constitucional “para apoderarse del petróleo”.
En conferencia de prensa, Osuna Contreras pidió que se termine con el saqueo que ocurre en tierras de uso común donde las empresas chinas, en contubernio con las autoridades, “despojan a los ejidatarios de su patrimonio familiar para llevarse 200 mil toneladas mensuales de minerales de Sonora sin pagar impuestos”.
Denunció que estas compañías, cuyos inversionistas entran como indocumentados al igual que sus embarques en los que trasladan el fierro, acero, oro y demás minerales que sacan de México a China, lo hacen con la autorización de funcionarios públicos y del sector minero, y lo trasladan por barcos o helicópteros de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.
“Hay muchos inversionistas chinos que entran al país de manera ilegal que quieren acabar con los 70 millones de hectáreas donde está la riqueza minera de México, muchos lo hacen a través de prestanombres y nadie se atreve a meter las manos”, denunció.
El coordinador de Minería del Sector Social Campesino solicitó a López Obrador acabar con esos abusos y que se de prioridad a la innovación tecnológica en la investigación de las tierras raras, las cuales fueron eliminadas de la Ley Minera en 1992.
Osuna Contreras también pidió que se otorgue prioridad a la minería social y no a la elitista “que está en complicidad con la mafia de funcionarios corruptos del sector”.
En 1992, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari envió al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el artículo 27 constitucional. La mayoría legislativa, proveniente en ese entonces del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la aprobó por unanimidad y el ejido se convirtió de propiedad comunal a propiedad privada.
En esta reforma, una de las leyes reglamentarias fue la Ley Minera, que a partir de entonces permitió que las empresas privadas, tanto de México como de cualquier parte del mundo, realizaran la exploración, explotación y transformación de los minerales del subsuelo mexicano.
El Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM) reconoce que las empresas de Canadá controlan el 76 por ciento de las explotaciones y exploraciones; las de Estados Unidos, el 13 por ciento; las de China, el 4 por ciento; y el 7 por ciento restante se distribuye entre compañías de México, Australia, Japón, Argentina, Italia, Perú, India, Reino Unido, Holanda y Nueva Zelanda.
Ernesto Zedillo (1994-2000) dio 9 mil 990 títulos de concesión, lo que significó poco más de un millón de hectáreas concedidas. Al iniciarse los gobiernos de la alternancia política con Vicente Fox (2000-2006), fueron otorgadas más de 30 millones de hectáreas a través de 17 mil 774 títulos. Felipe Calderón (2006-2012) dio 12 mil 274 títulos que abarcaron 34 millones 379 mil hectáreas. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Secretaría de Economía otorgó más de 3 mil concesiones mineras que implican alrededor de 15 millones de hectáreas.
–Con información de Vice
