Cerca de 30 mil niños migrantes centroamericanos fueron detenidos entre enero y octubre de este año en México, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. En abril pasado, el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown develó un nuevo informe en el que concluyó que los menores migrantes detenidos en el país están siendo detenidos arbitrariamente.
Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo/EFE).- Cerca de 30 mil niños migrantes centroamericanos fueron detenidos entre enero y octubre de este año en México, 10 mil menores más que en el mismo periodo de 2014, según datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La cifra coincide con los datos revelados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en noviembre pasado, donde señaló que el número de niños centroamericanos que huyen de la violencia de sus países y que cruzan solos México con destino a Estados Unidos se duplicó en un año.
En los primeros 10 meses de este año, periodo del registro, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a 29 mil 217 menores de edad, cifra que superó en 6.121 al mismo periodo de 2014 y en 19.587 al registró de 2013.
La cifra supera en 27 por ciento a la correspondiente al mismo periodo del años anterior.
Guatemala, Honduras y El Salvador concentran el 97.6 por ciento del total de los menores migrantes detenidos por las autoridades migratorias mexicanas, mientras que el 2.4 por ciento restante corresponde a otros países.
Los menores guatemaltecos encabezan la lista con 12.649, siguen los hondureños con 7.707 y los salvadoreños con 6.210, unas cifras que refieren a personas ingresadas en las estaciones migratorias bajo el procedimiento administrativo de presentación por no acreditar su situación migratoria.
Según el documento, en estos diez meses, el flujo de guatemaltecos es el que más ha aumentado y ya superó a lo registrado en todo 2014 en 76 por ciento.
El total de menores está clasificado en hombres y mujeres y en edades de 0 a 11 años y de 12 a 17 años.
Hubo 11.034 menores pertenecientes a la primer franja de edad, mientras que de la segunda fueron 18.183, y en este flujo hay una mujer por cada dos hombres, y seis de cada diez son adolescentes de entre 12 y 17 años.
En abril pasado, el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown develó un nuevo informe en el que concluyó que los niños migrantes detenidos en México están siendo detenidos arbitrariamente lo que conlleva a que violen sus derechos humanos básicos, además de que la duración en los centros detenciones son excesivas y las condiciones no son óptimas con el fin de que no soliciten asilo.
De acuerdo con el documento cuya copia posee el portal estadounidense Mother Jones, los menores de edad se encuentran hacinados, en un lugar muy caliente, donde la comida es “terrible” y la “situación es peligrosa porque nos pusieron junto con las maras [pandillas centroamericanas]“, tal como le confesó una adolescente de 15 años de edad recluido en un centro de detención migratorio a los investigadores de la Universidad.
“Por desgracia, la realidad para la mayoría de los niños migrantes detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas se caracteriza por la violación en lugar de la protección de sus derechos humanos”, concluyó el informe.
El grupo de investigadores de Georgetown entrevistó a 65 niños que viajaron solos o acompañados. En algunos casos se habló con sus padres, funcionarios públicos, trabajadores de ayuda humanitaria y pobladores en la ciudad fronteriza mexicana de Tapachula y en Ciudad de Guatemala.
La investigación encontró además que los niños migrantes en la estación de Tapachula están recluidos por “períodos largos e impredecibles”, esto a pesar de que la ley mexicana requiere que los menores no acompañados sean transferidos inmediatamente a refugios locales.
De los 6 mil 718 niños detenidos en el centro de detención Siglo XXI de Tapachula durante el año 2013, mil 121 de los menores se celebraron allí entre 15 días y 300 días. Sólo 422, o 6 por ciento, fueron colocados en refugios locales.
Los investigadores de la Universidad estadounidense también observaron que los funcionarios de inmigración mexicanos -que están legalmente obligados a evaluar a los niños de asilo y otras formas de alivio de la deportación- no informaron a los menores que tenían derecho a la protección internacional.
EL FRACASO DEL PLAN FRONTERA SUR
En 2004, el Gobierno mexicano creó el plan Frontera Sur para ordenar el flujo de personas en los estados del sureste del país, pero este ha sido el detonante para perseguir y criminalizar a los indocumentados, adultos y menores durante su paso por el país.
Los menores migrantes centroamericanos han replicado la conducta de miles de sus compatriotas adultos, quienes intentan cruzar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida, pero durante su travesía por México enfrentan el riesgo de caer en manos del crimen organizado o de autoridades corruptas.
En muchos casos los menores van en busca de sus padres, pero también van en busca de trabajo para ayudar a sostener a sus familias.
En noviembre pasado nueve organizaciones, entre nacionales e internacionales, declararon el fracaso del Programa Plan Frontera Sur para proteger los derechos humanos de las personas migrantes que cruzan el país.
Cooptación de las rutas migrantes por parte del crimen y abusos de las autoridades fueron las principales causas de los atropellos a los derechos humanos de quienes migran, de acuerdo con especialistas, quienes aseguraron que a partir de la implementación del Plan en el segundo semestre del años pasado hubo un aumento en delitos de homicidio, secuestros, desapariciones, lesiones, violaciones sexuales y trata de blancas.
Entre octubre del 2014 y junio del 2015 se detuvieron a 168 mil 280 migrantes. María Conrad, de la Iniciativa Kino para la Frontera y la Red Sonora, explicó que, por ejemplo, en Nogales, Sonora, se ha visto como las autoridades participan en los delitos.
Asimismo, Alberto Donis, representante del Albergue Hermanos en el Camino que dirige el padre Alejandro Solalinde, dijo en entrevista para strong>SinEmbargo, que en el Instituto Nacional de Migración persiste desde abril una red de corrupción.
“Nosotros denunciamos la red que opera dentro del INM con el tema de los cubanos, porque para ellos es difícil salir de Cuba, pues a los centroamericanos los deportan y regresan con más facilidad. Hemos detectado prácticas de extorsión en las estaciones migratorias de Tapachula, de Acayucan, Veracruz, del Distrito Federal y algunas en el norte: llaman a los familiares para que paguen dinero y se disfrazan de supuestos coyotes, y les dicen ‘ya tengo a tu familiar en la frontera, me tienes que pagar una cierta cantidad de dinero’, o le dicen que tiene que pagar si quiere salir”, indicó el religioso.
El informe “Un Camino incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México” detalló que conforme el aumento de las detenciones fue el detonador de una mayor exposición de los migrantes a los peligros del camino, por tener que recorrer zonas, en su afán de llegar a la frontera norte, donde quedan invisibilizados.
Entre julio 2014 y junio 2015, las detenciones de migrantes subieron 73 por ciento, respecto al mismo periodo entre julio 2013 y junio 2014. Y el trabajo señala que las dificultades para acceder a la justicia aún persisten.
El informe apuntó que tan sólo en Oaxaca desde el año 2011 a abril del 2015, se han presentado 383 denuncias, de las cuales sólo cuatro han terminado en sentencia en los tribunales.
La Red Sonora ha documentado que en esa entidad los abusos de las autoridades y varían. En el casos de migrantes que se trasladaban en bus la mayor parte de abusos fueron cometidos por la Policía Federal, en 36 de 64 casos.
Por otra parte, en circunstancias donde las personas migrantes se hayan en vías del tren o terminales de autobuses, son los policías locales, tanto como los federales, los que participan en estos abusos.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglás en inglés) que fue parte de este informe, recalcó que México no ha hecho por estrechar lazos con los Gobiernos centroamericanos y de forma regional atender las problemáticas derivadas de la migración.
