Tras el conflicto en Chihuahua por el Tratado de Aguas con Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una limpia en la Conagua por estar «tomada» por intereses panistas, y se renovaron seis subdirecciones, entre ellas, la de Administración del Agua presidida ahora por Elena Burns, exintegrante de Agua para Todos. En entrevista, plantea la necesidad de una Ley General de Aguas que no ate de manos a la autoridad frente a los grandes concesionarios que «se burlan» de las inspecciones y sanciones.
Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– Elena Burns Stuck, exintegrante de la coordinadora Agua para Todos, llegó en octubre a la Subdirección General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con el mandato presidencial de priorizar el uso doméstico de este derecho humano por encima del industrial. Sin embargo, la actual Ley de Aguas Nacionales (1992) «ata de manos» a la dependencia federal por lo que «sería un alivio» que el Congreso discuta y apruebe la Ley General de Aguas trabajada por ciudadanos y legisladores con casi 200 mil firmantes para que, tras casi tres décadas de acaparamiento y contaminación, tengan «un control estricto» sobre las grandes concesiones, aseguró.
«Ahora sí lo veo como autoridad. La Ley de Aguas Nacionales nos ata las manos para poder promover, hacer cumplir y proteger el derecho humano al agua. La tragedia que vimos desde afuera, desde adentro es la misma y es poco lo que se puede hacer como autoridad bajo este marco legal que favorece al mercado del agua», dijo Burns Stuck en una charla telefónica con SinEmbargo.
A finales de septiembre, en el marco del conflicto en Chihuahua por el Tratado de Aguas con Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una limpia en Conagua por estar «tomada» por intereses panistas, por lo que se renovaron seis subdirecciones.
«Llegamos con un mandato que fue muy claro: el agua es para el pueblo y no para los intereses creados. Lo que falta es una Ley congruente con este mandato, porque en la Ley de Aguas Nacionales no hay ninguna consecuencia. Es muy difícil clausurar a las grandes concesionarias. Se burlan de nosotros justo los que violan la normatividad. Esas empresas no pagan derechos, no respetan la calidad del agua de las descargas y no pasa nada. Aunque se hagan inspecciones y sanciones, se burlan. Necesitamos una Ley que sea para proteger este bien de la Nación tan esencial», afirmó la especialista, quien fue también Coordinadora de Planeación del Centro para la Sustentabilidad CENTLI de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La coordinación donde estuvo Burns antes de llegar a la Conagua, conformado por académicos, especialistas y pueblos, alertó esta semana que el pasado 18 de noviembre –en la sesión de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara Baja– el Diputado Feliciano Flores Anguiano ( Morena) puso a votación, fuera de la orden del día y en coordinación con el Diputado Mario Mata (PAN), su propuesta de presentar un proyecto de dictamen para aprobar una Ley General de Aguas que pueda coexistir con la Ley de Aguas Nacionales, lo que limita el derecho humano al agua y saneamiento al no entenderse en un sentido integra, esto es: de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
«Para cobijar a los grandes intereses, esta Ley Mata-Flores intenta tirar por la borda los avances hacia la Ley General de Aguas concensada, que respetan la Constitución y los estándares internacionales», reiteró sobre lo que se pretendía votar este 25 de noviembre y se pospuso para el 2 de diciembre. «Están por anunciar un ‘Dictamen’ precipitado, de naturaleza muy limitada ‘bendecido’ por el Jefe del Ejecutivo [según dice el presidente de la comisión], que solo hace referencia a las iniciativas presentadas sin dictaminar su contenido, y redactado con ignorancia de la técnica legislativa y faltas de ortografía (Herario en lugar de Erario) y, lo más importante, excluyendo a la Comisión de Medio Ambiente que debe codictaminar en Comisiones Unidas».
Para Elena Burns, subdirectora de la Conagua, lo que necesitan como autoridad de dicha Ley es poder tener un control estricto sobre las concesiones, las cuales, consideró, deben darse a corto plazo y ser renovables bajo las condiciones determinadas en cada cuenca y acuífero. «La Ley de Aguas Nacionales favorece a los grandes solicitantes de volúmenes y hay cientos de abogados en este país que viven de litigar para obtener concesiones en cuencas vedadas o sin disponibilidad», insistió.
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–Después de que ustedes en Agua para Todos estuvieron por siete años trabajando una iniciativa para una Ley General de Aguas, ¿cuál es su observación entorno a la Ley Mata-Flores?
–Las cuatro iniciativas siguen. La ciudadana, la de Morena, del PT y de la propia Comisión deben ser dictaminadas. Fue sorpresivo que el presidente de la Comisión [Feliciano Flores] se haya aliado con el Diputado Mata, del PAN de Chihuahua, quien tuvo un papel central en los conflictos en ese estado, y de repente promueven sacar la tarea de la manera más burda y superficial dejando intacta la Ley de Aguas Nacionales que ha causado tanto daño en el país y planteando una Ley General de Aguas demasiado limitada y anticonstitucional. El derecho humano al agua es muy amplio, como se ve en la observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Fue un intento con mucha conveniencia porque [Feliciano Flores] ya quiere salir de campaña y quiere decir que logró el derecho al agua. Ahora sí lo veo como autoridad. La Ley de Aguas Nacionales nos ata las manos para poder promover, hacer cumplir y proteger el derecho humano al agua. No podemos con esa Ley. Estamos haciendo todo lo posible dentro de este marco, pero no nos permite.
–¿Qué rol les toca desde la Conagua entorno a la Ley de Aguas?
–Hay una separación de poderes. Los legisladores hacen las leyes y en dado momento, y sería bueno que pudiera pasar, es que se permita que la autoridad que estaría implementando la Ley pudiera revisar el texto para omitir opiniones. Eso es algo que se espera poder hacer pronto en cuanto esté un dictamen sobre las cuatro iniciativas presentadas.
–¿Y ya al momento de aplicar la Ley como autoridad?
–Depende de la naturaleza de la Ley que se apruebe. Desde el área donde estoy, que es Administración del Agua, sería un alivio porque es muy angustiante estar viendo el comercio de los derechos al agua sin poder hacer nada. En Baja California, si la cervecera Constellation Brands ya consiguió su agua a través de un trato comercial entre particulares, no hay nada que Conagua ya pueda hacer. Es muy difícil con esta Ley. Cada viernes pido que me den la lista de todas las transmisiones –para volúmenes mayores a 500 mil metros cúbicos al año– de agua que se han solicitado y que no ha habido manera de frenar bajo la Ley actual. Uno está viendo cómo los poderosos están obteniendo agua de los ejidos, de las comunidades y en cuencas deficitarias. El comercio del agua está fuertísimo, y ya sabemos que esto está asociado a contratos multimillonarios. Los distritos de riego que controlan el 35 por ciento de las aguas nacionales concesionadas son quienes controlan en gran parte la compra y venta de aguas nacionales, en vez de que sea con un proceso coordinado por la Conagua, donde se participe para ver cómo vamos a enfrentar el acaparamiento, explotación, contaminación. Ver cuáles son las prioridades en los usos del agua en la región. En vez de eso, es el mercado el que decide.
Además la Ley de Aguas Nacionales favorece a los grandes solicitantes de volúmenes y hay cientos de abogados en este país que viven de litigar para obtener concesiones en cuencas vedadas o sin disponibilidad. Demandan y ganan los casos para obtener el número de concesiones que quieren a pesar de que no hay disponibilidad y eso daña a las comunidades. Ellos ponen pozos profundos y las comunidades tienen pozos más superficiales y se quedan sin agua. La tragedia que vimos desde afuera, desde adentro es la misma y es poco lo que se puede hacer como autoridad bajo este marco legal que favorece al mercado del agua.
–Lo repitió muchísimo desde Agua para Todos, pero ahora que está en Conagua, ¿qué necesitan de una Ley de Aguas para garantizar el acceso equitativo al agua?
–En primer lugar, no permitir la compra-venta de concesión; el agua es un bien nacional y la Nación debe recuperar la rectoría sobre este vital líquido. También en primer lugar, reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en su territorio. Además los consejos de cuenca tienen que ser incluyentes y sus planes deben ser vinculantes. Así podríamos empezar a trazar el camino hacia la sustentabilidad. Debemos tener un control estricto sobre las concesiones. Las grandes concesiones tienen que darse a corto plazo y ser renovables bajo las condiciones determinadas en cada cuenca y acuífero. Ahorita tenemos el problema de que las concesiones son a largo plazo [hasta de 30 años]. Los grandes poderes económicos tienen todos los abogados del mundo y tienen la Ley de Aguas de su lado, entonces demandan a la Conagua y ganan. Las medidas que intentamos para disminuir la sobrexplotación los tribunales las tumban. Necesitamos tener salas especializadas en agua con magistrados capacitados para que comprendan la crisis y, junto con una Ley de nuestro lado, ya podríamos empezar a encaminarnos hacia el acceso equitativo y sustentable que la Constitución exige.
–Continuando sobre la falta de herramientas de Conagua, la Auditoría Superior de la Federación observó en la Cuenta Pública 2019 que tiene una «limitada» capacidad de vigilancia y monitoreo a las concesionarias. ¿Qué necesitan para tener más capacidad?
–Ahora sí lo veo desde dentro. La Ley de Aguas Nacionales es muy específica en cuanto a la atención que se tiene que dar a cada particular que solicita una concesión. Cada trámite que se hace en la Conagua, se tiene la obligación de notificar personalmente a su domicilio de la persona que solicitó el trámite. En este momento tenemos 44 mil trámites resueltos en positivo o negativo. Y estos bufetes de abogados dicen que si es negativa la otorgación de la concesión, no se reciba al notificador y demandan a la Conagua. Todo el presupuesto está chupado ahí porque pierdes o pierdes. Bajo toda la corrupción se ha permitido una acumulación de trámites de 150 mil solicitudes de nuevas concesiones, prórrogas, transmisiones (compra-venta), permisos de descarga… El 90 por ciento de estas solicitudes son pequeños agricultores y comunidades, pero en este papeleo se esconden las mineras, las embotelladoras, las inmobiliarias. En el pasado, actualmente no me consta, se sabía que el precio de acelerar una solicitud era de 40 o 50 mil pesos.
Ahorita hay un proceso de automatización de esto. Estamos rediseñando con teléfono y Conagua en línea, lo que nos permitirá crear un carril de procesos agilizados para los pequeños solicitantes para poder dar más atención a las solicitudes por parte de los grandes y ver si tendrá un impacto sobre derechos humanos para poder aplicar condiciones particulares en permisos de descargas y empezar a controlar más. Hay todo un rediseño que se está trabajando desde oficinas centrales y a nivel nacional para enfrentar y abatir este rezago. Así se podrá pasar el personal y presupuesto a revisión e infracciones. Desde ahora, estamos formando grupos especializados mixtos de ciudadanía con Gobierno para enfrentar la privatización ilícita, la contaminación y, en dinámicas donde se requieren actos de autoridad, se refuerce con participación ciudadana y tecnología. También estamos trabajando para hacer público y de fácil acceso y manejo todos los datos de Conagua sobre la gestión, disponibilidad, calidad, solicitudes y visitas de inspección de agua en el sistema de información de la página de la Conagua, para que la gente sepa qué está pasando en su localidad y apoye en la vigilancia a los concesionarios.
–Entonces, queda la duda. Los exfuncionarios que salieron en septiembre de Conagua eran negligentes como se señaló o era esta falta de herramientas.
–Hay una reorganización interna ahorita y rigurosa. Puede ser por inercia, por intereses. Yo no estoy en la cabeza de nadie. Lo que sé es que llegamos con un mandato que fue muy claro: el agua es para el pueblo y no para los intereses creados. El hecho de que seis personas con trayectoria no comprometida pudimos entrar con este mandato sí hace una diferencia. Lo que falta es una Ley congruente con este mandato, porque la Ley de Aguas Nacionales es para los intereses creados acosta del pueblo. En esa Ley no hay ninguna consecuencia, es muy difícil clausurar. Se burlan de nosotros los que violan la normatividad. No pagan derechos, no respetan la calidad del agua de las descargas y no pasa nada. Aunque se hagan inspecciones y sanciones, se burlan. Necesitamos una Ley que sea para proteger este bien de la nación tan esencial y que ponga límites en serio a los que han abusado y gozado de ser los privilegiados de la Ley. Nadie está contra el desarrollo económico, pero se puede tener un desarrollo que no destruya el acceso a agua de calidad. Se puede compatibilizar.
–Usted dice que tienen un mandato de que el agua sea más para el pueblo y para ello necesitan una Ley General de Aguas congruente, pero hay que agregarle la crisis climática. ¿Qué papel jugará la Conagua en esta crisis?
–Buena pregunta… Estamos en medio de elaborar los programas hídricos regionales que serán sumamente importantes en dos sentidos. Uno, para poder gestionar el agua de una manera que no agrave la crisis climática. Estamos en medio de un círculo vicioso donde muchas obras hidráulicas son gran consumidoras de hidrocarburos y energías no renovables, y para poder generar energéticos tenemos tecnologías muy disruptoras. Se busca manejar el agua con una mínima emisión de gases de efecto invernadero. Y, segundo, y lo estamos viendo en Tabasco y Chiapas, tenemos que pensar en cómo cuidar el territorio para que se puedan manejar los extremos de inundaciones y sequías que ya estamos empezando a sufrir y que se van ir agravando. Esto requiere una atención al ciclo del agua en el territorio con mucha participación y programas robustos.
