La estrategia de combate a la corrupción de la 4T aún está incompleta, de acuerdo con datos oficiales. Pero a un año de Gobierno de AMLO, la mayor parte de la población (61 por ciento) aprueba la estrategia que atrajo al menos 136 casos de corrupción de interés público.
Sin embargo, la procuración de justicia aún es un pendiente. De acuerdo con el Fiscal Alejandro Gertz Manero, la extinta PGR no resolvió el 95 por ciento de los casos que atrajo.
Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La lucha contra la corrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene mucho trecho por delante, pero en su primer año tuvo uno que otro resultado: hubo avance en 136 investigaciones en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos, así como aprobación popular de la estrategia implementada, según datos oficiales.
Desde que inició el proceso de campaña política presidencial en 2018, López Obrador tomó, como uno de sus principales estandartes de gobierno, la lucha contra la corrupción y la impunidad.
De acuerdo con el Presidente AMLO, durante su sexenio “se va a terminar la corrupción en el país”, ya que su administración acabará con las prácticas deshonestas en todos los cargos públicos mayores, para evitar la corrupción en la base laboral de los distintos órdenes del Gobierno de México.
En lo que va de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dieron continuidad a cuando menos 67 investigaciones de interés público por casos de corrupción, que iniciaron entre 2015 y 2018.
Estas dependencias del Gobierno federal también iniciaron indagatorias en contra de ocho ex funcionarios de alto nivel del sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto y lograron la detención de dos ex funcionarios más.
Asimismo, la FGR, la UIF y la ASF atrajeron 59 casos ligados a lavado de dinero y robo de combustible, por parte de funcionarios y ex funcionarios públicos.
Pese a que la iniciativa del Gobierno en turno refleja la existencia de un interés por combatir la corrupción, la estrategia de combate en la materia no es del todo clara y presenta grandes retos, dijo en octubre a SinEmbargo el doctor Maximiliano García Guzmán, especialista en políticas públicas y derecho de la UNAM.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre las estrategias pendientes para reducir la corrupción está el fortalecimiento del servicio profesional de carrera, la eliminación de conflictos de interés en la administración pública, la “ciudadanización” del combate a la corrupción y la impunidad, la implementación de “sistemas de protección de alertadores internos sobre actos de corrupción” y del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el fortalecimiento de la vigilancia, inspección y supervisión de los procedimientos de contrataciones públicas.
“Para el Gobierno de México la corrupción no es un problema exclusivamente económico, político o cultural, sino un fenómeno estructural en el que confluyen: un diferencial de poder que permite el abuso por parte de servidores públicos o élites del sector privado; la impunidad que prevalece entre quienes participan en actos de corrupción, y la falta de participación ciudadana en el monitoreo y la vigilancia de la vida pública”, se lee en un comunicado de la SFP.
A estos factores se suma la impartición de justicia –que implica mejorar el funcionamiento de juzgados, tribunales, ministerios públicos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– y la aplicación de la ley vigente, para que haya sanciones por incumplimiento legal que tengan un «efecto disuasivo entre el resto de la población”, de acuerdo con la consultoría Deloitte.
No obstante los pendientes, la percepción general de la ciudadanía en materia de corrupción mejoró entre 2017 y 2019.
Las cifras del «Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y el Caribe 2019» de Transparencia Internacional refieren que seis de cada 10 mexicanos consideró que el Gobierno está actuando “bien” para combatir la corrupción. Este nivel de aprobación es superior al reportado en 2017, cuando dos de cada 10 connacionales aprobaron la estrategia del Gobierno federal.
INVESTIGACIONES EN CURSO
Entre diciembre de 2018 y julio de 2019, la SFP abrió 18 mil investigaciones y sancionó a 1 mil 400 funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción. A estas indagatorias se suman los 136 casos de interés público que incluyen redes de corrupción ligadas a fraudes como el de la Estafa Maestra y el de OHL (hoy Aleatica).
La información pública disponible indica que el Gobierno de AMLO atrajo al menos 67 casos de corrupción de alto impacto público, cuyas investigaciones iniciaron entre 2015 y 2018, sin que las autoridades lindaran o deslindaran responsabilidades de manera concluyente.
Además de la indagatoria en contra de 64 funcionarios ligados al presunto desvío de recursos y fraude por 839 millones de pesos de la denominada “Estafa Maestra”, la administración actual dio seguimiento a una carpeta de investigación en contra del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, acusado de asociación delictuosa por presuntos sobornos de Odebrecht entre 2010 y 2012.
Las investigaciones en contra del ex Gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, y del ex subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Carlos Lastiri Quirós, también continuaron con procesos por presunto desvío de recursos y lavado de dinero.
Entre las investigaciones que dieron inicio con la presente administración están 12 casos de presunto desvío de recursos y lavado de dinero, que implican a nueve funcionarios y/o superdelegados de la 4T, así como al ex Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, al ex encargado de despacho de la otrora Procuraduría General de la República (hoy FGR) Alberto Elías Beltrán y al ex Ministro de la SCJN Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.
También hay dos casos en que las autoridades señalan delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias: se trata de los casos del General Eduardo León Trauwitz (acusado de robo de combustible) y del ex secretario general del Sindicato de Pemex, Carlos Antonio Romero Deschamps.
De las investigaciones de interés público que fueron iniciadas en lo que va de este sexenio, más allá de 50 indagatorias relacionados con el robo de combustible a Pemex, hay tres casos de ejercicio indebido de funciones y recursos públicos: el del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio; y el de los ex secretarios de Relaciones Exteriores y Energía, Luis Videgaray Caso y Pedro Joaquín Coldwell.
Asimismo, el Gobierno federal logró la detención de otras dos personas, que son casos que contrastan con los intentos fallidos de aprehensión en contra de León Trauwitz, Lozoya Austin y Romero Deschamps.
Entre ellas se encuentran la ex Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga, detenida en el Reclusorio Sur capitalino por supuesto desvío de recursos ligado a la Estafa Maestra, y el General Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, quien fuera gerente de Seguridad Física de Pemex bajo el mandato de León Trauwitz.
A pesar de las investigaciones, el Gobierno actual deberá fortalecer a las instancias de justicia en todos los niveles, con la finalidad de «subsanar las fallas que presentan, para procurar y garantizar un trabajo adecuado, en sintonía con las estrategias de la administración federal”, refirió en mayo pasado la consultoría Deloitte.
Lo anterior es de suma importancia considerando que según el Fiscal Alejandro Gertz Manero, la otrora PGR –sustituida por la FGR en enero de este año– dejó 300 mil expedientes abiertos sin resolución alguna, así como 21 mil órdenes de aprehensión sin cumplimiento.
Por lo anterior, el Fiscal General de la República determinó que la extinta PGR no cumplió, en el 95 por ciento de los casos, con una de sus principales funciones: investigar y resolver los delitos.
LA SENSACIÓN DE CORRUPCIÓN
Seis de cada 10 mexicanos considera que el Gobierno actual ha dado buenos resultados en materia de combate a la corrupción.
Sin embargo, las cifras de Transparencia Internacional (2019) también indican que cuatro de cada 10 connacionales consideró que los niveles de corrupción aumentaron en los últimos 12 meses, en comparación con dos de cada 10 que consideraron que disminuyeron, y tres de cada 10 que indicaron percibir que la corrupción se mantuvo sin cambios.
Entre las instituciones con menores niveles de confianza estuvieron el Presidente de la República y los 500 integrantes del Congreso de la Unión, ya que seis de cada 10 mexicanos consideraron que todas (o casi todas) las personas que laboran en los poderes Ejecutivo y Legislativo son corruptas.
En general, la mayor parte de la población mexicana (60.5 por ciento en promedio) estimó que los empleados públicos federales y locales incurren en actos de corrupción.
Los datos comparativos entre 2017 y 2019 indican que la percepción ciudadana sobre las instituciones decayó en 10.2 por ciento, al pasar de un nivel de desaprobación de 56.8 por ciento en 2017, a 62.6 por ciento en 2019.
Acerca de los índices de soborno, Transparencia Internacional encontró mejoras en la percepción de los mexicanos.
Mientras que en 2017 cinco de cada 10 connacionales percibió situaciones de corrupción al momento de utilizar un servicio público, en 2019 sólo tres de cada 10 percibió actos de corrupción.
Aunque el resultado general refleja una diferencia positiva en un periodo de dos años, los resultados individuales arrojaron datos similares o negativos, con respecto a las instituciones públicas.
Por un lado, en 2019 y 2017, tres de cada 10 mexicanos percibió corrupción en los servicios públicos. Por otro, cinco de cada 10 percibió corrupción en la policía (en 2017 fueron tres de cada 10) y cuatro de cada 10 en el sistema de justicia (en 2017 fue uno de cada 10).
