El General Brigadier Francisco Gallardo, estudioso y crítico de temas de seguridad, afirma que el sexenio de Enrique Peña Nieto marcó un retroceso para el país pues no se tuvo ni un acierto; en cambio, comenta, sí dejó una severa crisis de seguridad, derechos humanos manos y un sistema de justicia colapsado.
El también defensor de derechos humanos considera que el nuevo Gobierno debe iniciar una investigación para determinar responsabilidades contra todo aquel que resulte responsable por esta herencia. Además, Enrique Peña Nieto debe responder por qué deja al país en crisis y por qué se colapsaron el Estado de Derecho y el sistema de justicia. “Nos debe de explicar eso”, exige.
Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto deja sólo sinsabores a México porque jamás respondió a los intereses de la ciudadanía, sino sólo a los fines de la oligarquía, de Estados Unidos y otros países. Así lo hizo, por ejemplo, a través del Pacto por México, afirma el General Brigadier, José Francisco Gallardo Rodríguez.
“El primer error de Peña Nieto es que compró la Presidencia y el que compra la Presidencia puede vender al país”, asegura el también defensor de derechos humanos en entrevista con SinEmbargo, a unos días de que concluya la administración del priista mexiquense.
Gallardo Rodríguez reitera lo que ha sostenido desde hace varios meses: que la violencia tiene su origen en una clase política que entrega “nuestro país a los intereses del gran capital internacional” .
Para el General Gallardo, quien inició su carrera militar a la edad de 15 años de edad y escaló al interior de la institución hasta llegar a ese puesto castrense de alto rango, la actual administración federal significó un retroceso para el país en materia de seguridad, pues considera que no se tuvo ni un acierto. En cambio, dice, sí deja da una severa crisis de seguridad, derechos humanos manos y un sistema de justicia colapsado.
El colapso, destaca, es incluso mucho peor a lo que se advirtió a inicio del sexenio, cuando se decidió continuar con la estrategia de combate frontal al crimen organizado.
El especialista explica que el fracaso en el tema de seguridad es porque históricamente se le ha visto desde una visión política militar. “Entonces, lo único que hizo Enrique Peña Nieto fue fortalecer y retomar el plan del sexenio anterior… ahora vemos que es un colapso mucho más grave que se refleja en una crisis humanitaria con miles de muertos”, explica.
La falta de una estrategia y de seriedad por parte del aún Jefe del Ejecutivo federal para tomar el tema de seguridad pública como un derecho humano y como una función del Estado mexicano, “nos llevó a estos resultados de violencia tan graves”, expone.
Francisco Gallardo coincide con analistas y expertos en que el próximo Gobierno debe investigar y fincar responsabilidades a los responsables de la actual crisis en México. “Creo que Enrique Peña Nieto debe responder por qué deja al país así, por qué se hicieron las reformas y por qué se colapsó el Estado mexicano y el sistema de justicia. Nos debe explicar eso”, exige.
El General también plantea que la siguiente administración deber poner como prioridad la seguridad pública porque, de lo contrario, “si no se hace una revisión profunda la violencia crecerá aún más y esto puede desembocar no en una crisis humanitaria sino en un movimiento civil que repudie esta situación y que pueda tomar las armas”.
Gallardo Rodríguez comenta que la nueva administración federal da indicios de continuar con la política de mantener al Ejército en las calles y advierte que es un error.
«Pienso que [Andrés Manuel López Obrador] debe retomar el rumbo. Yo los alerto: ¡Cuidado! Y les vuelvo a decir: ‘El Ejército debe de regresar a los cuarteles’”. El licenciado Andrés Manuel tiene todo el poder para declarar el regreso del Ejército a los cuarteles y entregarle al poder civil la responsabilidad de la seguridad pública; ahí no se debe de meter el Ejército», considera.
Para el estudioso del tema de la seguridad, la Guardia Nacional que plantea el nuevo Gobierno viola la Constitución,
“La Guardia Nacional está en la Constitución y el mando lo tienen los gobernadores de las entidades federativas, si la Guardia se hace a través de ese plan [el ya publicado por AMLO] va a violar el pacto federal. A ese aparato que van hacer deberían ponerle otro nombre, porque están confundiendo lo que es la Guardia constitucionalmente”, explica.
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–¿ Cómo evalúa el sexenio de la actual administración federal ?, ¿Cómo deja Enrique Peña Nieto al país en materia de seguridad?
–El sexenio de Enrique Peña Nieto nos deja sinsabor. Lo anunciamos desde un inicio: que carecía de un plan estratégico de seguridad y lo único que hizo fue fortalecer y retomar el plan del sexenio anterior, que tenía que ver con la militarización en México y resolver los asuntos de carácter social a través de una vía punitiva. Entonces, los resultados los advertimos y dijimos que iba haber un colapso de los sistemas de derechos humanos y de justicia; pero no logramos [en ese entonces] captar la dimensión de esto. Ahora vemos que es un colapso mucho más grave que se refleja en una crisis humanitaria de miles muertos, que se reconocen oficialmente de 38 mil muertos y muchos otros cuerpos que están en los Semefos [Servicio Médicos Forense] que no saben quiénes son, que no tienen identificación; está el caso de los tráileres de Guadalajara y las fosas que se han hallado. El asunto concreto por el cual es un fracaso este tema de seguridad es que históricamente se le ha tocado con una visión política y militar que tiene por objeto sostener un sistema de poder político y a un sistema de partidos, que en la elección pasada demostró que ya colapsó, o sea que se rompió esa estructura. Aquí lo que vemos es que la falta de estrategia y la no seriedad de tomar el tema de seguridad pública como un derecho humano, como una función del Estado, pues nos llevó a estos resultados graves.
Creo que es muy conveniente que el nuevo Gobierno haga un recuento de todas estas situaciones que son graves, como Ayoztinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y todas las masacres que se cometieron por esa política que se basó en la militarización de la seguridad pública, en donde las fuerzas armadas no tuvieron ningún control institucional ni civil, y todavía se jactan de la letalidad de sus acciones. También impulsaron una Ley de Seguridad Interior que tenía por objeto legalizar las actuaciones arbitrarias del poder político a través de la actuación militar. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la presión de organismos internacionales, sociedad civil y organismos de derechos humanos que llegaron a demostrar que esa Ley es inconstitucional, invalidó la Ley. Y esto [la invalidación de la Ley de Seguridad Interior] tiene una trascendencia muy importante en la situación en la que se anunció el Nuevo Plan de Seguridad Pública en México, porque a las 24 horas sucede ese hecho [la presentación del Plan de Seguridad] y viene algo muy importante [el fallo de la SCJN]. En lo particular no me congratulo por lo que hicieron [los Ministros de la SCJN], tampoco los puedo felicitar porque esa es una obligación de ellos. Me congratularía si ellos anulan la tesis que emitieron en 1990, en la época de Zedillo [Ernesto Zedillo Ponce de León], con la permitieron la actuación de las fuerzas armadas en los temas de seguridad pública. Entonces, en la pregunta inicial que me haces para mí los responsables de esta situación grave de derechos humanos, de esta crisis de Estado, son los tres últimos presidentes de la República [Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Peña Nieto], además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los congresos de cada una de estas administraciones.
–Entonces, ¿considera que no hubo avance?
–Avances no, más bien retrocesos.
–Habla de una falta de estrategia ¿A que le atribuiría la falta de estrategia de seguridad en EPN?
–El asunto es que tenemos que retomar la historia, nosotros tenemos perfectamente bien identificado que durante 70 años los temas de seguridad fueron resueltos a través de los temas militares, cada vez que el PRI o los partidos del estado tuvieron un problema, recurrieron a la Fuerza Armada y se regresaban a sus cuarteles; pero la situación fue cambiando, ahora entrado el siglo 21, más moderno, más democrático, se abren los espacios para la activa participación del Ejército en los temas de seguridad. Ahora, respondiendo a la pregunta muy concreta que tú me haces. Porque es mucho más fácil recurrir a la fuerza civil para resolver un asunto que es responsabilidad exclusiva del poder civil del Estado. Desde la Constitución de 1812, pasando por las de 1824, 1836, 1847, 1857 y 1917, el poder civil no ha tenido esa obligación, esa responsabilidad de crear un sistema de seguridad pública basado en un sistema federal que tiene por objeto repartir las responsabilidades, las funciones de los tres niveles de Gobierno, pero también debería de incluirse la función de cerca de 20 millones de mexicanos que se declaran como comunidades indígenas y tienen un tratamiento de seguridad y justicia diferente a la tradicional.
–¿Por qué es un desacato a la Constitución?
–Por que no ha sido responsable el poder civil y porque hay desencanto y desgano de enterarse de estos temas que ya hicieron crisis. En esta administración, que aún no comienza, ya el asunto de seguridad será “El tema”. Entonces aquí mando un mensaje a todos los actores políticos, a la sociedad civil a todas organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, principalmente a los poderes públicos, y a la Suprema Corte que deben de hacer una revisión profunda sobre este tema de seguridad porque si no lo hacen habrá una espiral de violencia mucho más grave de lo que hoy vivimos y esto puede desembocar no en una crisis humanitaria sino en un movimiento civil que repudie esta situación y que pueda tomar las armas.
–¿Cuáles considera que fueron los principales errores de Peña Nieto?
–El primer error que tuvo Enrique Peña fue que compró la Presidencia y quien compra una Presidencia puede vender al país. Además, no puede tener una estrategia de seguridad porque él no responde a los intereses de la ciudadanía; él respondió a los intereses de la oligarquía, a los intereses de Estados Unidos y de otros países, y por eso las reformas que hizo a través del Pacto por México, en donde en una organización de carácter cupular partidista violó la Constitución. Por otro lado, no puede tener una estrategia de seguridad porque él no puede tener esa visión, porque él llegó por otras vías. Nunca vi que hiciera una campaña como la hizo el licenciado Andrés Manuel, quien visitó palmo a palmo toda la República Mexicana. Además porque él siempre estuvo apartado de la sociedad. La visión en todas las platicas que tiene Peña Nieto es de un México que no existe, es una burbuja que él creí desde su cabeza y que fue impulsada por los medios de comunicación más importantes en el país.
–El Plan Mérida, ¿qué tanto influyó?
–Los Estados Unidos han tenido mecanismos de carácter pacifico para la intromisión de los territorios internos de los estados, de los aspectos de soberanía a través de tratados bilaterales, trilaterales multilaterales de carácter económico y de energía. Así es cómo ellos se han metido. Durante un tiempo, hasta finales del siglo pasado, eso les funcionó. Pero estamos corriendo paralelamente a la política de ellos, y llegó un momento en que los países empezaron a delegar sus derechos para no meterse por esa vía a través de los temas de la soberanía [el recurso, energético]. Entonces ellos saben perfectamente bien que a través de los tratados de seguridad e internacionales de ayuda y asistencia militar, ellos –a través de esa maniobra de pinza, economía y tratados– lograron penetrar en los asuntos internos de los países.
Es el caso de Iniciativa Mérida –que firmó Calderón en 2007 y que tenía por objeto coparticipar en los asuntos de seguridad interna de Estados Unidos–, el Gobierno mexicano abdica en su función de defensa nacional y en su función de titular de la integrad territorial, y mete a las fuerzas armadas mexicanas a los intereses del Pentágono y la política exterior de Estados Unidos. Ahorita que hay un cambio de Gobierno, de régimen, apoyado de una participación social no vista hace mucho tiempo, el futuro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene la oportunidad histórica para que México rechace ese tratado internacional y a través de ese tratado emita una declaratoria para que todas las instituciones de seguridad nacional e interior de Estados Unidos que están trabajando en territorio nacional se regresen a su país. Nosotros no los necesitamos: bueno, yo no los necesito y creo que mi país no los necesita, porque te estoy hablando de los principios de política exterior en los que el Presidente de la República y los mexicanos debemos asentar la no intromisión a los asuntos políticos internos, la igualdad jurídica a los estados y la autodeterminación de los pueblos. Entonces ese tratado internacional [Iniciativa Mérida] agrava nuestra soberanía y ha cambiado la estructura de los esquemas de seguridad pública y nacional de México y, además, ellos impulsaron una reforma a la justicia desde 2008 que no se ha podido concretar, porque esos sistemas de justicia no van a ad-hoc con nuestra idiosincrasia y la tradición comunitaria que tiene la cultura mexicana. Nosotros –todas las agrupaciones, organizaciones– con los poderes públicos tenemos que revertir y dar un golpe de timón para que México recobre íntegramente su soberanía y su integridad territorial, y reoriente su rumbo. México es un país poderoso y rico.
–Creo que de todos es sabido que la impunidad, la corrupción y el narcotráfico no puede existir y coexistir sin la tolerancia y la ayuda de los poderes públicos. Es decir, sabemos que en el asunto de la corrupción hay un vínculo entre los aspectos sociales, la corrupción, el crimen organizado y los espacios de carácter público, todos sin excepción. ¿Qué es lo que debe de hacer el nuevo Gobierno? Debe de terminar con todos los vínculos que tienen que ver con el rompimiento del Estado de Derecho, se tiene que hacer una revisión especifica y concreta de cada uno de estos casos y las denuncias que están haciendo a través de este juicio [contra «El Chapo»] allá en Estados Unidos, donde están brincado nombres. La corrupción se debe de atacar no únicamente barriendo las escaleras de arriba abajo, sino que se ataca de arriba a abajo, de abajo hacía arriba, de derecha izquierda, de izquierda derecha, por abajo de las escaleras, donde esté. Porque para nosotros la corrupción no es un asunto de carácter específico, digamos de entradas y salidas, sino que la corrupción se da así como se da el cáncer en un contexto que tiene diferentes mutaciones y éstas se tienen que atacar en un contexto que está bien enriquecido en México, y esa estructura de contexto se rompió con las elecciones de julio pasado.
–¿Cómo atacar el contexto?
–La política de Calderón fue combatir el narcotráfico con el Ejército, on el Ejército a las calles. Peña Nieto hizo lo mismo. Eso da un contexto. Si esta administración, como lo estamos viendo, va por ahí, pienso que debe retomar el rumbo. Yo los alerto: ¡Cuidado! Hace 25 años escribí un articulo que titulé el “Ombudsman militar”, en donde yo le dije a Secretario de la Defensa y a altos mandos militares: “Cuidado con que el Ejército salga a las calles. El Ejército no debe de participar, porque puede colapsar el esquema de justicia y derechos humanos». Eso fue hace 25 años, ahorita les vuelvo a decir: El Ejército se debe de regresar a los cuarteles”. El licenciado Andrés Manuel tiene todo el poder para declarar el regreso del Ejército a los cuarteles y entregarle al poder civil la responsabilidad de la seguridad pública y ahí no se debe de meter el Ejército; el Ejército debe estar apoyando, estar pendiente, pero no debe de aplicar la Ley, no debe de perseguir el delito, no debe de encarcelar a nadie, no es Ministerio Público. Todo eso es el contexto a lo que yo me refiero.
–¿Entonces no está de acuerdo con la propuesta de la Guardia Nacional en el Plan de Seguridad? ¿Cómo ve el plan de seguridad?
–Cada quien ve las cosas desde su punto de vista, pero la Guardia Nacional que se anunció a través del Plan de Seguridad no tiene nada qué ver con la Guardia Nacional que está en la Constitución. Por ejemplo: se anunció que el mando de esa guardialo iba a tener iba a tener la Defensa Nacional. En la Guardia Nacional que está en la Constitución el mando lo tienen los gobernadores de las entidades federativas, si la Guardia se hace a través de ese plan [el que publicó AMLO] va a violar el pacto federal, porque uno de los problemas del contexto actual es que no se respeta el pacto federal. La Federación no tiene que meterse con los estados, es responsabilidad de cada estado el tema de seguridad publica, eso sí apoyado de una política general de Estado. Por ejemplo, que la policía diga que un mando institucional no puede violar derechos humanos esa es una política de estado. En ninguna fuerza institucional a nivel nacional debe de entrometerse el Ejército, esa es otra política de Estado. Entonces esa Guardia Nacional, que no estoy en contra sólo soy dando mi opinión y mi opinión es que ese aparato que van hacer pues deberían de ponerle otro nombre porque están confundiendo lo que qué es la Guardia constitucionalmente.
–Y a Peña Nieto, ¿es inadmisible que no se le investigue?
–Creo que este régimen debe, con mucho cuidado, hacer una puntualización y fincar responsabilidades a quien debe responder y creo que Enrique Peña Nieto debe responder por qué deja al país así, por qué se hicieron las reformas, por qué se colapsó el Estado mexicano y también el sistema de justicia. Nos debe explicar eso.
