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Jesús Robles Maloof

28/11/2014 - 12:00 am

Carta por los Compas

Carta Pública a Miguel Mancera Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El propósito de estas líneas es solicitarle públicamente que la evidencia en poder de los órganos de su gobierno, sea aportada a los procesos penales iniciados en contra de once personas por la Procuraduría General de la República y de cuatro personas […]

Carta Pública a Miguel Mancera

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El propósito de estas líneas es solicitarle públicamente que la evidencia en poder de los órganos de su gobierno, sea aportada a los procesos penales iniciados en contra de once personas por la Procuraduría General de la República y de cuatro personas consignadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con motivo de la protesta social del pasado #20NovMx, a causa de la desaparición de nuestros 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

En particular le solicito que los videos del sistema de vigilancia del llamado programa “Ciudad Segura” CAEPCCM o C4, puedan servir al propósito de impartir justicia tal y como lo establece nuestra Constitución. Tema en el que más de una vez sus discursos convienen.

Le informo que al día siguiente de las detenciones fueron solicitados formalmente por abogadas y abogados que asisten a las personas antes referidas. Entiendo que no han a los juzgados federales que conocen de la causa a pesar que los solicitaron. Desconozco la causa de lo anterior, pero usted está en condición de investigar. Independientemente de lo que los jueces decidan, que ante la nula evidencia de la PGR o PGJDF han presentado, por ley la evidencia debe ser aportada para conocer realmente los hechos ocurridos y para salvaguardar los probables derechos que hayan sido vulnerados.

No busco con estas líneas suplir lo que jurídicamente se ha solicitado. Como señalé al inicio se trata de generar en usted, y en quien nos lea, una reflexión argumentada sobre el uso de bienes públicos que deberían ser destinados a su propósito. Lo hago también consciente del momento que vive el país y con la esperanza que toda persona, así sea la más testadura, puede cambiar de opinión al escuchar razones.

Con base en mi experiencia he sostenido que no existe evidencia de que los sistemas de cámaras de la ciudad de México sirvan remotamente para reducir la tasa de delitos y no he logrado tener información que demuestre que por lo menos, esta red de vigilancia haya aportado evidencia sustancial a la resolución de ilícitos y de ser así en qué número de casos. Ayer mismo frente de una cámara pública y al momento que llegaba la caravana de madres centroamericanas al DF, ocurrió un asalto a mano armada.

Los estudios especializados a nivel internacional sugieren que estos complejos sistemas de vigilancia no tienen un impacto significativo en la reducción de la criminalidad y en pocas ocasiones generan evidencia que fortalezca la impartición de justicia. En realidad son utilizados con objetivos de control social. Entiendo por esto el limitar los derechos de asociación, reunión, libre expresión y protesta.

Un buen parámetro de evaluación de esta política, iniciada con su predecesor y ampliada bajo su gobierno, quizá sería el impacto que esta inversión multimillonaria inversión tiene en la protección y en calidad de vida de las personas con relación a la inversión en su adquisición, colocación, operación, mantenimiento y pago de salarios de los operadores del sistema. Adicionalmente, por sus potencialidades contrarias a la privacidad, en Inglaterra por ejemplo, se han creado comités externos que vigilan su desempeño.

Creo que la tarea de evaluar este ejercicio de recursos sería muy oportuna y benéfica para un país que invierte demasiado en armas, policías, sistemas de vigilancia y muy poco en mejora del sistema de justicia y en la reducción de la exclusión que están la raíz de este tema.

Esperando una evaluación más seria que la ofrecida en la página del Ciudad Segura y de las que órganos de control, sociedad civil y academia puedan aportar, por mi experiencia desde el llamado #1DMx sostengo que lejos de servir a sus propósitos explícitos, estas tecnologías son usadas de manera implícita contra de la ciudadanía, en especial cuando protesta. Le relato algunos ejemplos directos.

 1. El cerco al Congreso. Noviembre de 2012.

Hace dos años y dos días, mientras se filmaba el cerco al Congreso previo a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, agentes del Estado Mayor Presidencial escenificaron una agresión para impedir al derecho a documentar los actos públicos. Es claro que en ese momento no era usted el responsable, pero la investigación se realizó bajo el gobierno a su cargo y al solicitar los videos de las más de 4 cámaras en el lugar. “Ninguna registró los hechos” a decir de los responsables.

2. Las cámaras de Filomeno Mata y las de Balderas. Diciembre de 2012.

A los días que siguieron al #1Dmx le solicité formalmente las cámaras que se encontraban cerca de Filomeno Mata y 5 de Febrero  y las de Balderas y Avenida Juárez lugar donde la policía capitalina dijo haber detenido aquel día a cerca de 100 jóvenes cuando en realidad lo hizo en el primer punto. Ante la CDHDF su gobierno entregó más de 100 cámaras, pero esas dos coincidentemente “estaban en negro”.

De haber sido ofrecidas a juicio hubiéramos evitado las detenciones arbitrarias acreditadas de decenas de personas, lo que para su vida significó la prisión de semanas y meses, y el descrédito institucional, incluído el gasto que de nuestros impuestos se generó para pagar reparaciones del daño.

3. Ana Berenice de la Cruz. Septiembre de 2013.

Ana estudia en la Universidad del Claustro de Sor Juana y cuando el 1 de septiembre, caminaba sobre avenida Juárez, dos horas antes de la convocatoria a una protesta en el monumento a la Revolución, fue detenida solo por su aspecto y acusada de ultrajes a la autoridad entre otras falsedades. Los videos de esa céntrica y vigilada avenida, “apuntaban hacia otro lado”.

4. El caso de la periodista Gabriela Rivera. Enero de 2014.

Gabriela Rivera, joven periodista en ese entonces del diario 24 horas, acudió a cubrir el desalojo de los maestros de la CNTE del monumento a la Revolución. Cuando ella tomaba fotos con su celular de los hechos, seis granaderos se le aproximaron y además de robarle, uno de ellos la arrastró por 15 metros y la dejó fracturada de su codo en el arroyo vehícular. Cuando solicitamos el video de la cámara, que dicho sea de paso figura en la portada de la página web de Ciudad Segura, una curiosa falla técnica cubre  de negro el video desde antes del inicio de la agresión hasta dos horas después. Pasados varios meses, cuando una abogada de Propuesta Cívica logró acceder al video original, este no mostraba evidencia convenientemente.

 5. La vez que si funcionaron y el mismo día vimos los videos.

Un día nos dimos cuenta que sí funcionaban las cámaras, fue el 10 de junio de 2013, cuando en el noticiero estelar de Televisa pasó en horario estelar imágenes de encapuchados agrediendo a la policía. Con esa sentencia pública, varios jóvenes que no tenían nada que ver con la violencia pisaron prisión.

Hay muchos casos más pero le ofrezco una cifra que usted puede verificar. Desde el #1DMx, de las aproximadamente 649 detenciones en el contexto de una protesta en ninguna, sí, ninguna, su gobierno ha podido probar la culpabilidad, a pesar que se ensañe como fue el caso de Mario González. De los más de 1,340 de abusos en el contexto de una protesta cometidos por la policía capitalina en el mismo periodo, tengo entendido que solo una granadero ha sido sancionado eficazmente. Eso suena a permiso ¿No cree?

Concluyo mis líneas exhortándole a que si de algo puede servir ese millonario sistema de cámaras que nosotros pagamos, es para dar libertad a 11 personas que no deben estar en una cárcel de máxima seguridad. Muchos de estos jóvenes han ocupado el lugar que las izquierdas políticas abandonaron y por ello los incentivos de reprimir la disidencia de quienes se alinean a la restauración autoritaria se incrementan.

Alguna vez escribí con dureza que un político que no aprende es un pobre político. Creo lo mismo para una persona que empobrece su humanidad al no reconocer la verdad que la indignación muestra.

Pero más allá de apelativos éticos, le otorgo el beneficio de la duda y finalmente le pido que tome un momento y reflexione en la ciudad que gobierna y en cuánto nos costó elevar un poco los derechos para las personas. No entenderlo también cuesta en lo político tarde o temprano.

Por los compas presos, envíe los videos.

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Jesús Robles Maloof
Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.
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