El Presidente López Obrador ha provocado críticas porque ha usado sus ruedas de prensa matutinas para ventilar pruebas, denostar a opositores señalados y pedir a la Fiscalía que divulgue evidencias, señaló Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
Por Pedro Pablo Cortés
México, 28 de septiembre (EFE).- La primera audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y primer mexicano implicado en el caso de Odebrecht, cumple dos meses este lunes con semanas de silencios tras un inicio explosivo cargado de filtraciones y videoescándalos.
Ante este panorama, especialistas en combate a la corrupción expresaron a Efe su preocupación de que el asunto quede en humo pese a las promesas del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien lo considera un caso emblemático del «periodo neoliberal».
«Estamos a la espera de observar si además hay voluntad política de que esto se lleve a cabo, o sea, si todo esto, como han dicho los críticos, es solo un show mediático que básicamente tiene fines electorales», comenta Mara Gómez, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.
EL PRIMER MAXIPROCESO
El exjefe de Pemex de 2012 a 2016 durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sacudió la política mexicana desde su extradición de España el 17 de julio y su primera audiencia el 28 de julio.
Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Los acusó de «ordenarle» recibir 10.5 millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral y para sobornar legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada en 2013.
Pero Lozoya también apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana socia de Odebrecht.
Por ello, la experta de México Evalúa ve una oportunidad de realizar el primer maxiproceso, una coordinación entre policía, fiscalía y jueces que trate el caso como una estructura organizada en lugar de crímenes individuales.
Para esto, apunta a reformas recientes que crearon las figuras del criterio de oportunidad y de testigo protegido que permitirán a Lozoya aportar pruebas a cambio de protección.
«Debe de estar también relacionado, y es algo que falta por investigar, con la violencia endémica de México y las grandes violaciones a derechos humanos, entonces no es un caso que debamos ver de manera aislada, es un caso que está tocando el centro», expresa Gómez.
EL JUICIO DE LA «MAÑANERA»
El Presidente López Obrador también provoca críticas porque ha usado sus ruedas de prensa matutinas para ventilar pruebas, denostar a opositores señalados y pedir a la Fiscalía que divulgue evidencias, señala Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
«Está utilizando políticamente el caso Lozoya para preparar el terreno para la elección de 2021 (elecciones intermedias), pero eso no significa que sea el vocero autorizado para transparentar el proceso, eso le corresponde a la Ley General de Transparencia y a la Fiscalía General», observa el experto.
Bohórquez reconoce que es necesario «transparentar todo el proceso», como ha pedido el mandatario, pero exige hacerlo con respeto a la ley y a la autonomía que debería tener la FGR.
El especialista destaca los ejemplos de Brasil y Perú, donde las audiencias del caso Odebrecht fueron abiertas a la ciudadanía, algo que no ocurre en México.
«Es tan importante que se procese de forme abierta el caso porque no necesitamos intérpretes, la sociedad es una sociedad madura que debe formarse su propia opinión a partir de lo que ve y se va dando dentro del proceso judicial», afirma.
VIDEOESCÁNDALOS Y PROCESO «DESASEADO»
En sus conferencias, el Presidente también ha exhibido imágenes de presuntos exfuncionarios de Pemex que entregan dinero a excolaboradores del PAN en el Congreso, algo que paró tras difundirse un vídeo del hermano de López Obrador en el que recibe «aportaciones» para la campaña.
Este «proceso desaseado» complicaría juzgar a Lozoya, advierte Luis Ángel Martínez, especialista anticorrupción de Ethos: Laboratorio de Políticas Públicas.
«Si a Lozoya no le gusta la sentencia es casi un hecho que se va a amparar porque todo el proceso tuvo una falla inicial en el debido proceso cuando se filtra la denuncia y salen vídeos donde supuestamente está involucrado», expone.
Martínez lamenta que México esté ante la posibilidad de perder «otra oportunidad» de resolver un caso trascendental, como con el esquema de corrupción de la Estafa Maestra del gobierno de Peña Nieto.
«Es toda una red internacional de corrupción y todo esto podemos aprender, si el tema de Lozoya se hiciera correctamente usando todo el Sistema Nacional Anticorrupción como debe ser, sin embargo, yo no veo que se esté ocupando todo el esquema para investigar a todos los presuntos implicados», concluye.
