Guatemala, 28 sep (EFE).- La Fiscalía de Guatemala solicitó hoy al Gobierno protección para el empresario Salvador Estuardo González, uno de los 24 acusados de pertenecer a la red de corrupción aduanera «La Línea», quien detalló la participación del ex Presidente Otto Pérez Molina en la millonaria trama.
En una declaración pública, el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los dos entes a cargo de la investigación, pidieron al Ejecutivo «asumir la responsabilidad y adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad persona» de González, alias «Eco».
El empresario, durante la declaración que prestó este lunes ante el juez que instruye el caso, Miguel Ángel Gálvez, aseguró que «el 50 por ciento de los sobornos (del grupo criminal) iban para Otto Pérez Molina y para la exvicepresidenta Roxana Baldetti», ambos en prisión preventiva por supuestamente liderar «La Línea».
González, quien presuntamente ocupaba un cargo medio dentro de «La Línea», relató ante el juez Gálvez cómo conoció a Baldetti y Pérez Molina cuando ya estaban en el poder, y se convirtió en su operador dentro del ente recaudador de impuestos, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
«El pago que hacían los importadores (que utilizaban «La Línea») no ingresaba al Estado. Ese cobro se entregaba al presidente y a la vicepresidenta», confesó González, quien detalló que en los papeles donde documentó los pagos identificó a Pérez Molina y a Baldetti con otros nombres.
«Fui yo quien identificó como 1 y 2 al presidente y la vicepresidenta para efectos de distribución del dinero», añadió González, alias «Eco», quien le explicó a Gálvez la organización completa de «La Línea», incluida su implicación en la trama.
De acuerdo con la versión del acusado, la mitad de las ganancias en el fraude aduanero iban a Pérez Molina y a Baldetti, y dentro de ese mismo monto se repartían alrededor del 10 por ciento para él mismo y para Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de Baldetti quien está prófugo desde el pasado 16 de abril.
González subrayó que el dinero para la pareja presidencial era entregado a Monzón Rojas, pero recalcó que se reunió con Pérez Molina en más de una ocasión para «asesorarlo» con el trabajo en la SAT, incluso en Casa Presidencial.
El MP y la Cicig consideraron que esta declaración «reveló detalles» sobre el funcionamiento de la trama y confirmó los señalamientos hechos por los dos entes en contra de Pérez Molina y Baldetti.
Así, aseguraron que, «debido a lo delicado de la situación», le solicitan al Gobierno y especialmente al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario velar por vida ya que su integridad podría estar «amenazada y en riesgo».
Las autoridades acusan a los 24 sindicados por este caso, dentro de los cuales hay funcionarios y particulares, de defraudar al Estado de mayo de 2014 a abril de 2015 por al menos 28 millones de quetzales (unos 3,6 millones de dólares).
Pérez Molina y Baldetti, ambos en prisión preventiva, deberán esperar hasta diciembre próximo sus audiencias por separado en las que Gálvez deberá resolver si van o no a un juicio oral y público.
El juez reprogramó para mañana la audiencia contra los mandos intermedios de esta red de corrupción aduanera millonaria. EFE
