Santiago de Chile, 28 sep (EFE).- Varios parlamentarios chilenos admitieron hoy que el Gobierno debe reforzar el equipo político y de comunicación que defiende al país en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tras el reciente fallo en el que ese tribunal se declaró competente para tratar la demanda marítima boliviana.
El senador chileno, Francisco Chahuán, de Renovación Nacional, señaló hoy a los periodistas que «es necesario» el reforzamiento «ya que no basta con el despliegue parlamentario y de los expresidentes chilenos, sino también de acompañarlo con una estrategia de comunicaciones tal como lo hace Bolivia».
El representante parlamentario declaró que Chile tiene «una Cancillería con una estructura de finales de los años 70».
A sus palabras se sumó el diputado del mismo partido de derechas, José Edwards, que agregó que Chile tiene «una Cancillería de la época de las cavernas y que se diseñó cuando prácticamente no teníamos relaciones con nadie en el mundo».
Sobre el equipo defensor de Chile en la CIJ, los diputados oficialistas Gabriel Silber (democristiano) y Daniel Farcas (del Partido por la Democracia) ya se habían manifestado preocupados sobre el agente chileno en Holanda, Felipe Bulnes, nombrado por el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014) tras la demanda limítrofe interpuesta en esa corte por Perú.
«Queremos saber si nuestro agente, el señor Bulnes, tiene dedicación exclusiva para una responsabilidad tan importante como es defender los intereses nacionales», señaló Silber.
En tanto, el exembajador chileno, y director general de protocolos y ceremonias durante el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), Carlos Klammer, se mostró crítico al ser consultado sobre el equipo que representa a Chile.
«Este ha sido el peor de los escenarios, ha sido un fallo malo y nadie lo puede desconocer; el resto es engañar a la opinión pública. La corte es muy creativa y no falla en derecho», aseguró Klammer hoy al vespertino La Segunda.
«Por primera vez en la historia chilena, en el equipo asesor no hay ningún diplomático de carrera. La Cancillería en este minuto se maneja entre abogados y políticos, no existe la diplomacia profesional. El Canciller chileno sacó a todos los diplomáticos en carrera y dejó a los de segunda categoría», acusó.
No obstante estas declaraciones, muchos políticos chilenos se han manifestado a favor de la permanencia de Bulnes.
El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Pizarro, indicó que su movimiento se ha comprometido «a entregar todo el apoyo a los miembros de la defensa ante la corte internacional».
Sin embargo, el líder de la DC se mostró preocupado por la representación en el tribunal internacional, al asegurar que «Chile debe reforzar el equipo de juristas».
En tanto, la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, se sumó a las palabras de Pizarro al aclarar que «el ejecutivo es quien decide la permanencia de los integrantes del equipo defensor chileno en la Haya».
Los partidos de oposición también respaldaron en su mayoría la labor realizada por Bulnes.
El secretario general de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, aseguró que «Bulnes cumplió con lo encomendado por Bachelet» y agregó que «el tribunal internacional fue el que se equivocó y no el agente chileno».
El pasado jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se declaró competente para juzgar la demanda que Bolivia presentó con el objetivo de obligar a Chile a negociar un acceso al mar con soberanía.
En 2013 Bolivia elevó su reclamación a la Corte de la Haya y Chile planteó después una excepción preliminar de competencia, como se denomina esta objeción respecto a la falta de jurisdicción de los jueces presentada antes de que comience el proceso.
Las autoridades de Chile objetaban la competencia de la CIJ para tratar el tema con el argumento de que los límites quedaron sellados con el Tratado de 1904 y que el tribunal está restringido de juzgar hechos anteriores al Pacto de Bogotá, vigente desde 1948.
La Corte Internacional de Justicia fijó el 25 de julio de 2016 como fecha límite en la que Chile debe entregar sus argumentos escritos en el caso que le enfrenta a Bolivia por su presunta obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico que La Paz perdió en 1879. EFE
