La solicitud de arbitraje es negativa para las empresas IEnova y TC Energy, así como para para Carso Gasoductos, empresa propiedad de Carlos Slim, destacó Moody’s.
El CCE destacó que estas obras no deberían frenarse “por diferencias contractuales” y que la falta de certeza jurídica para los inversionistas generaría preocupación y afectará el crecimiento económico, la competitividad y hasta “el bienestar del país y de los mexicanos”.
-Con información de Economía Hoy
Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- El arbitraje sobre los contratos de gasoductos, iniciado hace un par de días por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), generan incertidumbre para inversiones y sus efectos económicos podrían afectar el T-MEC, afirmaron el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la agencia calificadora Moody’s.
La calificadora estadounidense afirmó que el arbitraje promovido por el Gobierno federal mermará la confianza de los inversionistas pues desincentiva las asociaciones futuras con el sector privado para desarrollar infraestructura.
«La disputa es un crédito negativo significativo para el sector energético porque socava la confianza del mercado y de los inversores», estableció en una nota.
La solicitud de arbitraje es negativa para las empresas IEnova y TC Energy, así como para para Carso Gasoductos, empresa propiedad de Carlos Slim, destacó Moody’s.
«Si bien el Plan Nacional de Desarrollo (Plan Nacional de Desarrollo) de México establece explícitamente que se respetarán este tipo de contratos, CFE comienza este proceso legal», destacó la calificadora.
Por su parte, el CCE destacó en un comunicado el jueves que el Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan se ha realizado con inversión tripartito (mexicana, estadounidense y canadiense), “y su objetivo es surtir gas natural proveniente de EUA para el desarrollo sostenible de México”.
Ante ello, destacó la importancia del funcionamiento del ducto para el llevar a la Península de Yucatán el combustible necesario para la generación eléctrica en la región y en estados como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
“Estos hechos afectan la relación comercial entre los tres países e inciden en el proceso de aprobación del T-MEC que transcurre actualmente”, afirmó el consorcio encabezado por Carlos Salazar Lomelín.
Para el CCE, estas obras no deberían frenarse “por diferencias contractuales” y que la falta de certeza jurídica para los inversionistas generaría preocupación y afectará el crecimiento económico, la competitividad y hasta “el bienestar del país y de los mexicanos”.
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— CCE (@cceoficialmx) 27 de junio de 2019
Además el grupo empresarial destacó que las acciones de CFE van en contra del compromiso celebrado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, basado en el aumento de las inversiones del sector privado y facilidades por parte del Gobierno.
La CFE envió una solicitud de arbitraje a las empresas Infraestructura Marina del Golfo, TC Energy Corporation (antes Transcanada Corporation) e Infraestructura Energética Nova (IEnova) con respecto a los pagos de la dependencia para un gasoducto que aún no está en operaciones.
La empresa productiva del Estado está disputando las cláusulas contractuales de Infraestructura Marina del Golfo Sur de Texas-Tuxpan. Además, el 26 de junio la CFE envió una solicitud de arbitraje a Carso Gasoductos, exigiendo la anulación de ciertas cláusulas del contrato relacionadas con el gasoducto Samalayuca-Sásabe que se ejecuta en los estados de Chihuahua y Sonora.
