Pemex compró Agro Nitrogenados en 2013 y Fertinal en 2015 cuando no tenían condiciones operativas y financieras adecuadas para producir, de acuerdo con la información oficial. Con el paso de los años, el pago de deudas, rehabilitaciones y pérdidas de capital hicieron que dichas plantas costaran 2.4 veces más de lo planeado y no dieron los resultados prometidos. De acuerdo con lo que establece la propia Ley de Pemex, los posibles perjuicios derivados de la compra-venta son responsabilidad del director general y del Consejo de Administración de Pemex. Esto implicaría a Emilio Lozoya Austin y a 37 personas más.
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) son tan responsables –o inocentes, en su caso– como el ex director general (2012-2016) de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por los posibles daños al erario público derivados de la compra de las plantas Agro Nitrogenados y Fertinal. Así lo establecen los propios lineamientos de la Ley que rige a la Empresa Productiva del Estado.
La compra de las compañías (2013 y 2015) implicó erogaciones de más de 29.7 mil millones de pesos que no se justifican considerando que, al momento de su adquisición, las plantas de Agro Nitrogenados tenían “extremo deterioro” y Fertinal estaba en “quiebra” por no producir suficiente, de acuerdo con datos del “Libro Blanco 2015-2018” de la subsidiaria Pemex Fertilizantes.
La decisión de las adquisiciones no sólo pasó por las manos de Lozoya Austin. Al menos otras 13 personas del Consejo de Administración de Pemex estuvieron directamente involucradas en la aprobación de los proyectos, según los acuerdos “específicos» de la petrolera (numerados CA134/2013, CA-110/2015, CA-209/2015 y CA-225/2015) en que fueron discutidas las compas, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información número 1857200197218.
Entre los involucrados están Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Rafael Pacchiano Alamán, entonces subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, ex subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente; María de Lourdes Melgar Palacios, ex subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía; Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda; y José Rogelio Garza Garza, ex subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.
Además están los entonces secretarios del Consejo de Administración de Pemex, César Emiliano Hernández Ochoa y Fernando Zendejas Reyes, así como el ex prosecretario Miguel Ángel Flores Ramírez y los otrora consejeros independientes Alberto Tiburcio Celorio, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Jorge José Borja Navarrete y Octavio Francisco Pastrana Pastrana.
Sin embargo, entre 2013 y 2018 hubo otras 24 personas que formaron parte del Consejo de Pemex.
En esos años en que el órgano supremo de la Empresa Productiva del Estado acomodó a personalidades políticas del talle de Enrique Ochoa Reza, Ildefonso Guajardo Villareal y Luis Videgaray Caso –por mencionar algunos– ninguna discusión sobre Agro Nitrogenados o Fertinal derivó en sanciones o esclarecimiento suficiente que lindara o deslindara responsabilidades, por una inversión en plantas “chatarra”, con un sobre costo (u daño) al erario público superior a 16.8 mil millones de pesos.
La Ley de Petróleos Mexicanos es clara al respecto.
El Artículo 13 plantea que el Consejo es «responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales”. Y Su artículo 31 refiere que las 10 personas que lo componen son responsables, junto con el director general de la empresa, de “los daños y perjuicios que llegaren a causar”, por «los actos, hechos u omisiones en que incurran”.
Pese a que la Ley establece que sólo las personas que hayan adoptado una decisión perjudicial para Pemex son responsables de los hechos, también señala (Artículo 35) que “los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaren al Comité de Auditoría”. Esto también aplica para los actuales integrantes del Consejo.
De este modo, las declaraciones (2019) del ex director de Fertinal (2015) Fabio Massimo Covarrubias Piffer, acerca de que Emilio Lozoya Austin no estuvo presente durante las negociaciones de compra-venta, no lo eximen de responsabilidad legal, toda vez que estuviera enterado de los hechos, pero sin actuar para evitar el perjuicio y enmendar el daño.
Inclusive los párrafos cinco y seis del Artículo 31 de la Ley de Pemex indican que los daños cometidos pueden ser reclamados por la vía civil. También señalan que «cuando se trate de actos, hechos u omisiones de tracto sucesivo o con efectos continuos”, la acción para exigir la responsabilidad prescribirá «cuando termine el último acto, hecho u omisión o cesen los efectos continuos, según corresponda”.
EL CASO AGRO NITROGENADOS
El 20 de diciembre de 2013, Pemex compró el complejo de Agro Nitrogenados en Pajaritos, Veracruz, a través de su filial Pro-Agroindustria. La compra-venta fue justificada con dos razones. La necesidad de generar más fertilizantes y productos petroquímicos en México; y la capacidad de producción de un millón anual de toneladas de urea, de las plantas de Agro Nitrogenados.
Sin embargo, el «Libro Blanco 2015-2018” de Pemex Fertilizantes menciona que al momento de la compra, los dos “trenes de urea” de Agro Nitrogenados llevaban 14 años sin operación, por lo que se encontraban «en una situación de extremo deterioro que requería una gran inversión para su rehabilitación y puesta en marcha”. Además, al momento de la compra, el complejo petroquímico de Cosoleacaque –al que fue añadida– «no tenía la capacidad para proveerla de insumos (amoniaco y CO2) suficientes y a costos competitivos” para la producción de urea.
El valor de la adquisición ascendió a casi 3.9 mil millones de pesos (constantes). Pero seis meses después de la compra, la filial de Pemex Pro-Agroindustria contrató a la empresa Cobra Instalaciones México (hoy Avanzia) para rehabilitar las plantas Urea I y II de Agro Nitrogenados. Esto le costó más de 6.8 mil millones de pesos (constantes) a Pemex.
A este millonario desembolso fueron sumados 923.8 millones de pesos (constantes) por un “faltante presupuestal”, ya que «Pemex Fertilizantes recibió Pro-Agroindustria sin presupuesto para cubrir [el] capital de trabajo y el servicio de la deuda” de Agro Nitrogenados.
De este modo, los datos oficiales indican que Agro Nitrogenados fue adquirida con un sobre costo real de 200 por ciento, que implicaría un daño en contra de la Hacienda Pública, tomando en consideración que a finales de 2018, Pemex aún debía 3.5 mil millones de pesos (constantes) por la adquisición de la compañía y que, hasta entonces, no contaba con “viabilidad operativa” plena, pese a las obras e inversiones efectuadas.
«Se incumplió con los objetivos y las metas de poner en operación la planta de fertilizantes nitrogenados, los costos han sido rebasados de 195 mil a 443 mil 099.2 millones de dólares, los tiempos se han alargado de 610 a 943 días calendario y a la fecha de la auditoría (noviembre de 2017) no ha generado utilidades para el Estado, por lo que el proyecto no ha sido rentable”, refiere la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su reporte de fiscalización del 12 de enero de 2018, sobre las obras en las plantas de Agro Nitrogenados.
El Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que la compra de bienes y servicios «que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio”. Asimismo, en todo caso, el Artículo 12 Bis refiere que en cada proyecto debe de ser demostrada la “conveniencia” de la compra, en comparación con la inversión en “bienes nuevos”.
A pesar de que Pemex debió de firmar un contrato, tener estudios previos y acuerdos por parte del Comité de Administración y su director general, la documentación relativa es “inexistente”, está “reservada” o “censurada”.
Por un lado, en el acuerdo de sesión “865 Extraordinaria” del 17 de diciembre de 2013, cuando el Consejo de Pemex “tomó conocimiento del Informe sobre la Inversión en una planta de Fertilizantes”, es decir, sobre la compra de Agro Nitrogenados, no hay referencia a los puntos de acuerdo o a las particularidades del evento. Inclusive, todas las actas de 2013 –que incluyen el nombre de las personas presentes por sesión del Consejo– no están incluidas en el portal de la petrolera.
Por otra parte, las respuestas a las solicitudes públicas de información 1857200059116, 1857200062818, 1857200105815 y 1857200307917 indican que es “inexistente” la información relativa a los planes de negocios y documentos de viabilidad técnica y financiera de la compra-venta de Agro Nitrogenados. Tampoco existe copia disponible de los contratos e informes sobre la adquisición y las transacciones realizadas con la compañía Cobra Instalaciones México (hoy Avanzia).
El 10 de marzo de 2014, casi tres meses después de la compra-venta de Agro Nitrogenados, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicitó lo que desde entonces no figuraba: “Los estudios de viabilidad financiera y técnica en los proyectos de alianzas estratégicas que Pemex ha considerado en el complejo Pajaritos y en la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados”, según se lee en la Gaceta Parlamentaria (número 3978-1).
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EL CASO FERTINAL
El 16 de diciembre de 2015, cuando Pemex adquirió Fertinal, «ésta presentaba pérdidas en su flujo mensual por 12 millones de dólares”, de modo que la empresa «técnicamente estaba en quiebra”, «con capital de trabajo negativo”, “dificultad para implementar sinergias” y con una “producción decreciente”, se lee en el el «Libro Blanco 2015-2018” de Pemex Fertilizantes.
Con la compra de Fertinal, Pemex adquirió un complejo (en Lázaro Cárdenas, Michoacán) y una mina (en San Juan de la Costa, Baja California Sur) que revitalizarían la producción de petroquímicos, con un potencial adicional productivo anual de 1.4 millones de toneladas de fertilizantes.
«La demanda nacional de fertilizantes en el país asciende a 4.2 millones de toneladas por año de productos nitrogenados, fosfatados y potásicos. Así, la producción de Fertinal podría abastecer cerca del 30 por ciento de la demanda”, refiere la ASF en su auditoría 15-6-90T9L-02-0514 514-DE.
Para ello, Pemex pagó más de 2.9 mil millones de pesos (constantes) correspondientes al valor real de la compañía, además de 5.9 mil millones adicionales para cubrir los adeudos que tenía Fertinal. A ello fueron sumados –a lo largo de los años– más de 4.4 mil millones para levantarla, 1.7 mil millones en capital de trabajo, 2.7 mil millones por pérdidas contables y 495 millones para el pago de intereses.
Esto quiere decir que Fertinal fue adquirida con un sobre costo real de 313 por ciento, aunque la inversión total (a 2018) fue 5.2 veces mayor al valor máximo establecido en 2015, para su adquisición.
El 23 de diciembre de 2016, un año después de la compra de Fertinal, la ASF determinó al respecto que Pemex no había proporcionado la información adecuada y suficiente para “dar seguimiento mediante la revisión documental y el establecimiento del mecanismo para confirmar la razonabilidad del precio final de la transacción”.
Para 2018, Pemex Fertilizantes reportó que «Fertinal ya cuenta con flujos suficientes para cumplir los compromisos del crédito de refinanciamiento”, pero «aún no se tiene la capacidad para cubrir el servicio de la deuda por el crédito de adquisición”. Sin embargo, el 28 de enero de este año, Pemex liquidó la primera de 145 amortizaciones mensuales, correspondiente a los compromisos de créditos asociados a la empresa.
A pesar de la complicada situación financiera de Fertinal y de su producción en riesgo por la falta de suministros adecuados, como en el caso del gas a presión, la forma en que los directivos de Pemex y su Consejo de Administración decidieron la compra-venta de la compañía es un secreto amparado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el acuerdo de la sesión “890 Extraordinaria” del 22 de mayo de 2015, cuando el Consejo de Administración de Pemex aprobó el “Proyecto de Inversión para financiar y concretar la compra de la empresa Fertinal”, sólo hay una nota sobre la versión estenográfica de la reunión en la que se lee que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la información estará reservada por un periodo de cinco años (hasta el 20 de enero de 2022).
“Se trata de un proceso deliberativo vigente para determinar posibles ajustes al precio inicial de compra”, reza la “motivación” de la censura que no permite saber más al respecto. Lo mismo sucede en la mayor parte de las actas que hacen alusión a las “plantas productivas de fertilizantes”, inclusive habiendo partes eliminadas de los títulos, ya que la información puede constituir un “secreto comercial” y/o afectar las transacciones y las condiciones de mercado.
Al igual que con Agro Nitrogenados, la respuesta a las solicitudes de información 1857200062818, 1857200105815 y 1857200307917 indican que es “inexistente” la información relativa a los planes de negocios y documentos de viabilidad técnica y financiera de la compra-venta de Fertinal.
En junio de este año, el ex integrante del Consejo de Pemex, Carlos Elizondo Mayer-Serra, dijo en entrevista con el periodista José Cárdenas que en 2015 votó en contra de que la Empresa Productiva del Estado adquiriera Fertinal, no porque hubiera corrupción involucrada, sino más bien, porque «Pemex no debe tener activos industriales porque históricamente los ha administrado mal”; debido a que «la cadena de fertilizantes no es un cadena de valor alto”; y a que «si tenemos tantos problemas en las plantas que ya tenemos, no tenía ningún sentido hacerse de nuevas plantas”.
