La organización Amnistía Internacional documentó en una investigación de ocho meses, y luego entrevistar a 100 mujeres encarceladas en 11 prisiones federales en México, que 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual. En el informe de AI hay de todo: violaciones tumultuarias de policías y soldados, descargas eléctricas en los genitales y una impunidad que arropa a los agresores y los mantiene en la calle.
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Mónica Esparza Castro fue violada por un grupo de policías ante la mirada de soldados el 12 de febrero de 2013: la asfixiaron con una bolsa de plástico, la arrastraron por el suelo sujetándola del cabello, le golpearon las nalgas con un tablón y siete policías, entre ellos un representante de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila, la violaron frente a su esposo y su hermano, además la obligaron a realizarles sexo oral.
Mónica es una de las 33 mujeres, de un grupo de 100, que declararon a Amnistía Internacional (AI) que fueron violadas durante su detención. El día del brutal ataque contra Esparza Castro, la mujer de entonces 26 años viajaba en un automóvil con su esposo y su hermano cuando la Policía Municipal de Torreón los detuvo.
“Los agentes no mostraron orden de aprehensión alguna, pero se los llevaron a los tres a un galpón detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Mónica al principio se quedó fuera, en una camioneta policial. Un oficial llegó y, cuando vio a Mónica allí, se puso furioso con la agente que la había llevado, y le dijo: “¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?”. Unos minutos después regresó y metió a Mónica en el galpón, amenazándola con cortarla en pedacitos. Según el relato de Mónica, al entrar en el galpón el oficial le dijo, “bienvenida a la fiesta”, y ella vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados”, dice el informe de la organización titulado “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por fuerzas armadas y policías en México”.
“La fiesta” a la que se referían los policías era una brutal violación tumultuaria, en donde Mónica fue ultrajada mientras le hacían preguntas que no podía contestar y veía como a su esposo le levantaban la piel de la pierna con un cuchillo y daban latigazos con espuelas de metal que le desprendían la carne.
“Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Torreón la agarró y empezó a besarla bruscamente y a morderla en la cara y el cuello, y luego la violó delante de su esposo y su hermano. Después, seis policías la violaron uno detrás de otro, y a continuación se masturbaron en su cara y la obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el esperma. Durante esa brutal violación, unos miembros uniformados del Ejército estuvieron allí mirando. Luego la policía llevó a los tres detenidos a las oficinas de la PGR [Procuraduría General de la República] en Torreón. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura”, narra el informe.
Mónica está presa, pues fue obligada a firmar una confesión. En agosto de 2014 expertos forenses de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron que Mónica había sido violada y que su esposo había sido ejecutado arbitrariamente a consecuencia de su tortura.
“En abril de 2016 la CNDH emitió una recomendación en la que pedía una investigación criminal sobre el caso. Mónica está en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada. Dos de sus cuatro hijos, de corta edad, están al cuidado de un albergue, ya que su familia no puede asumir el costo de su manutención”, indica Amnistía Internacional.
Sobre los violadores de Mónica: todos libres, ninguno procesado. De hecho, no existe en México ningún policía preso por tortura sexual, dijo a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora de tortura para México de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional.
A todos ellos los cobija ese manto que se llama impunidad, indicó la investigadora en tortura.
De acuerdo con el informe, pese al alto número de denuncias, las autoridades han afirmado que en los últimos cinco años sólo se han presentado seis cargos de violación contra funcionarios públicos en la justicia federal.
Siete soldados fueron juzgados por violación en 2012 y 2013 por tribunales castrenses. No obstante, entre 2010 y 2015 ningún miembro del Ejército fue suspendido por delitos sexuales. Tres marinos fueron suspendidos por abuso y uno fue condenado, pero inhabilitado sólo hasta salir de prisión.
LA IMPUNIDAD Y LAS CIFRAS DE VIOLACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL
El estudio de Amnistía reveló que de 100 mujeres entrevistadas, 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual durante su detención. Los agresores fueron elementos de la Marina, Policía Municipal, Estatal, Federal y Ejército.
“Es realmente alarmante el informe, porque estamos hablando que la tortura sexual se vuelve el método preferido de las fuerzas armadas y de seguridad de este país. Estamos hablando que de 100 mujeres, todas alegaron haber recibido algún tipo de violencia psicológica o verbal. Realmente son cifras escalofriantes y lo peor es que el gobierno sigue sin castigar prácticamente a casi ningún soldado o policía por estos hechos”, dijo Madeleine Penman.
La investigadora reveló que Amnistía no conoce que exista una sola persona encarcelada por los delitos que denunciaron las 100 mujeres.
“Estamos hablando de una impunidad escalofriante. Cuando hablamos con las mujeres vimos que a pesar de haber denunciado, no habían tenido justicia. Peor aún, pedimos datos de las fuerzas armadas y su respuesta fue alarmante, estamos hablando de que en cinco años el Ejército no nos pudo dar un ejemplo de un solo soldado suspendido por abuso sexual o por violación. Entre 2010 y 2015 no suspendieron ningún agente suyo por este tipo de abusos de violencia sexual. Esto realmente nos demuestra que es un método tolerado”, dijo.
De acuerdo con el estudio de AI, un 80 por ciento de los arrestos de la Marina fueron con violación sexual; 60 por ciento de las aprehensiones de la policía municipal; 50 por ciento de los efectuados por la Policía Estatal; 50 por ciento de los del Ejército y 19 por ciento de la Policía Federal.
“La violación ha sido utilizada por la policía de todos los niveles –municipal, estatal y federal–, así como por el Ejército y la Marina. Dependiendo de los perpetradores, hay diferencias en la frecuencia con que se denuncia esta práctica. Las mujeres denunciaron los índices de violación más altos a manos de la Marina. Aunque, en su conjunto, la Marina lleva a cabo menos arrestos que la Policía Federal, resulta sumamente preocupante señalar que, de los diez arrestos practicados por la Marina que constaban en los datos recopilados por Amnistía Internacional, ocho habrían incluido violación. De todos los demás cuerpos, excluida la Policía Federal, se habría utilizado la violación en al menos la mitad de los arrestos realizados. La sofisticación de los métodos utilizados para infligir violencia difería de unos casos a otros. Por ejemplo, algunas mujeres que reportaron haber sido violadas por personal de la Marina contaron a Amnistía Internacional que, en ocasiones, los violadores utilizaban los dedos enguantados para no dejar rastros biológicos, mientras que otras denunciaron haber recibido descargas eléctricas en los genitales. En algunos casos se denunció el uso del pene, pero no en la mayoría. Veintisiete mujeres fueron sometidas a violación vaginal durante su detención”, dice el informe.
Entre las mujeres entrevistadas por la organización, hay testimonios que afirman que fueron torturadas en estado de embarazo. De las entrevistadas 10 afirmaron estar embarazadas durante su detención y ocho abortaron a consecuencia de la tortura.Los torturadores golpearon el estómago de todas ellas.
La investigación de AI encontró que las mujeres que no se adaptan a los estereotipos de género fueron torturadas por su orientación sexual.
Amnistía Internacional indica en su informe que el compromiso de México por prevenir y castigar la tortura, sólo está en papel, pues en la práctica no hay ni siquiera castigos en contra de los torturadores sexuales.
“El número de cargos formulados por tortura en México es alarmantemente bajo. A pesar de que la PGR registró en 2014 la recepción de 2, 403 denuncias penales por torturas, no pudo informar a Amnistía Internacional de ni un solo cargo criminal que se hubiera presentado en estos casos. En los años anteriores a 2014, según la información del gobierno, se había acusado a menos de cinco personas al año, como media, y algunos años no se acusó a nadie. En febrero de 2016, la PGR seguía sin poder informar a Amnistía Internacional de los cargos presentados el año anterior. Sólo tras un escándalo público sin precedentes que impulsó una respuesta del gobierno, en abril de 2016 la PGR anunció cargos, al parecer por primera vez en dos años, contra cinco agentes federales, en respuesta a la filtración de un vídeo que mostraba a militares y soldados torturando a una mujer. Pese a esta novedad, el alcance de la impunidad por tortura y otros malos tratos queda de manifiesto por el hecho de que las cifras más recientes muestran que desde 1991 sólo 15 casos han desembocado en sentencias condenatorias penales federales”, dice.
La organización recibió información alarmante del Ejército, pues declaró que entre 2012 y 2013 hubo cuatro juicios en contra de soldados por abuso sexual, pero dentro de la jurisdicción militar. Ninguno de los soldados fue suspendido durante la investigación.
La Marina informó que en los últimos años cuatro marinos fueron suspendidos por abuso sexual, pero “a Amnistía Internacional le preocupa que la respuesta de la Marina indica que un miembro del cuerpo declarado culpable de abusar sexualmente de una mujer, podría reincorporarse al servicio tras cumplir su condena en prisión”.
Madeleine Penman afirmó que la organización enfrentó varios obstáculos para realizar la investigación de parte del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Una obstaculización desde la Secretaría de Gobernación que durante cuatro meses intentamos acudir con un número mayor de mujeres y pasamos de tener un sí en diciembre de 2015, a tener una respuesta que nos ignoraba totalmente y nos pasamos entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Secretario de Gobernación, por eso fue lamentable ver la poca disposición del Secretario de Gobernación, ni de dignarse a respondernos”, acusó la investigadora.
CONSECUENCIAS DE LA TORTURA SEXUAL
Amnistía Internacional dice en su informe que las consecuencias de la tortura sexual son varias. Las mujeres que fueron violadas afirman que cuando ocurrió el ataque se sintieron “al borde de la muerte”.
“Yecenia Armenta Graciano, que en 2012 sobrevivió a la violación a manos de policías estatales en Sinaloa, dijo que aquella experiencia era como morir. Otras sobrevivientes han descrito que se sienten como ‘muertas vivientes’, o que vivir con el trauma de la violación era como estar ‘viva pero muerta’. Tal como dijo Verónica Razo a Amnistía Internacional: ‘Lo que queda en tu mente, ¿quién lo puede remediar? ¿Quién me lo puede quitar? Evito cerrar los ojos, no me gusta cerrar los ojos porque repaso todo en mi mente’. El trauma psicológico a menudo se hace extensivo a los familiares que han presenciado la violenta detención de su ser querido o que sufren el dolor de la separación”, dice el documento.
La organización recogió el testimonio de Verónica Razo, de 37 años y desde hace cinco encarcelada y separada de sus dos hijos.
El 8 de junio de 2011 Verónica caminaba por una calle del centro de la Ciudad de México, cuando hombres armados y sin uniforme que viajaban en un automóvil la agarraron y la secuestraron.
“La llevaron a un galpón de la Policía Federal, donde la retuvieron durante 24 horas y la torturaron. La golpearon, la sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas, y varios policías la violaron repetidamente. La amenazaron y la obligaron a firmar una ‘confesión’. Tras ser interrogada por policías y agentes del ministerio público se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por palpitaciones cardíacas graves. Los policías dijeron que la habían detenido al día siguiente y la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención su madre ya había presentado ante las autoridades locales una denuncia de persona desaparecida”, narra el informe.
Según Amnistía Internacional los hijos de Verónica están a cargo de su abuela. Su hijo, que ahora tiene 18 años, no pudo continuar sus estudios universitarios por la carga económica que significa que su madre esté presa.
Madeleine Penman dijo a SinEmbargo que el Gobierno tiene la oportunidad en sus manos de hacer algo en el caso de Verónica.
“Hace unos meses, en septiembre de 2015, el Gobierno estableció el Mecanismo para Casos de Tortura Sexual dentro de la Secretaría de Gobernación, desde entonces el caso de Verónica es el primer caso que este mecanismo tenía que haber revisado. Entonces vemos que México tiene todas las oportunidades necesarias para combatir este flagelo, hay que atacar la impunidad y llevar a los responsables ante la justicia”, indicó.
La investigadora explicó que el mayor reto del nuevo sistema acusatorio será que cualquier prueba obtenida bajo tortura o malos tratos, deberá excluirse de los juicios penales.
“En México el Gobierno tiene todas las herramientas necesarias para combatir este flagelo y esperamos que el Congreso tome cartas en el asunto, estemos esperando una Ley General de la Tortura largamente demorada. Quisiéramos ver el compromiso de la Secretaría de Gobernación en este nuevo mecanismo de casos de tortura sexual, que todas las instituciones del Estado cooperen con este mecanismo: la PGR, la CNDH, la Segob y la Comisión Nacional de Seguridad pueden hacer mucho. Hay que tener la voluntad para acabar con la cultura de encubrimiento”, finalizó.
RETIRAR AL EJÉRCITO DE LAS CALLES
Entre las principales recomendaciones de Amnistía Internacional al Presidente de la República Enrique Peña Nieto está el retirar de inmediato a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública, para las que no han recibido formación y “por las que no rinde cuentas”.
“Reconocer públicamente la magnitud del problema de la tortura y los malos tratos en México, en particular el uso de la violencia sexual contra las mujeres, y transmitir un mensaje que indique claramente que estos actos ya no se tolerarán”, dice el informe.
La organización también recomienda asegurar que los expertos “médicos forenses oficiales son independientes de las procuradurías de justicia a nivel federal y estatal” y pide a la Segob “reforzar el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres”, asignándole los recursos necesarios y garantizando que todas las instituciones pertinentes colaboran con él.
A la PGR el organismo recomienda “acelerar el trabajo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y publicar urgentemente un registro de denuncias de tortura, desglosadas por género, edad y nacionalidad”.
En cuanto al Congreso de la Unión, AI pide adoptar la Ley General contra la Tortura, con los siguientes elementos: penalizar la tortura y otros malos tratos con arreglo a los estándares internacionales, en concreto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y todas “las declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos quedan excluidas de las actuaciones judiciales, excepto en contra de un posible perpetrador como evidencia de que la tortura ocurrió”.
