Alejandro Calvillo
28/05/2019 - 12:04 am
Las NOMs, las mentiras y la basura que comemos
La normatividad y las regulaciones que sean establecidas durante este sexenio serán la mejor muestra de qué tanto el poder político se independiza del poder económico, cumpliendo lo que el presidente ha prometido, haciendo prevalecer el bienestar público sobre el interés privado.
Hemos comido por decenios atún que no era atún, panes integrales que no tenían harina integral, néctares que contienen una cantidad mínima de jugo, a nuestros hijos les damos yogures que dicen que les permiten crecer, cereales que les brindan vitaminas y minerales, así como bebidas gaseosas que nos brindan felicidad. Hemos sustituido nuestros alimentos por productos fabricados a partir de diseños de laboratorios. Desconocemos lo que nos llevamos a la boca.
Gracias a normas hechas a modo de las corporaciones y a una publicidad y etiquetados engañosos, los mexicanos nos hemos convertido en los mayores consumidores de comida chatarra, de productos ultraprocesados llenos de azúcar añadida, de grasas, sal y colorantes, saborizantes, aromatizantes, emulsificadores y demás ingredientes químicos. Entre los mexicanos, los niños son los que consumen los productos ultraprocesados menos saludables, lo más chatarra, los que tienen más azúcar, grasas, sal, más colorantes, más saborizantes y más aromatizantes artificiales.
El contubernio entre las autoridades y las corporaciones en las pasadas administraciones permitieron esto y mucho más, a tal grado que los consumidores mexicanos actuamos con una profunda ceguera respecto a lo que nos llevamos a la boca y les llevamos a la boca a nuestros niños. No es de extrañar que lo que comemos se haya convertido en la principal causa de enfermedad y muerte.
Desde las normas oficiales mexicanas que durante años permitieron que los panes que compramos como panes integrales no tuvieran un gramo de harina integral, que el atún que comemos pueda tener más del 50 por ciento de soya y que los néctares ni tan siquiera tengan una norma oficial mexicana que los regule; hasta la publicidad que permite el engaño a los consumidores, a los padres de familia sobre los productos que les dan a sus hijos: en todos los casos se puede comprobar el servicio de las instituciones públicas reguladoras a los intereses privados. Y lo más grave, el engaño está hasta en las etiquetas que sería el único recurso que tenemos como consumidores.
Basta revisar las normas oficiales mexicanas que regulan estos productos para encontrarse una larga lista de empresas que participaron en su elaboración. Desde la administración de Salinas de Gortari, la Ley Federal sobre Meteorología y Normalización se abrió a la influencia de las corporaciones bajo el principio de que debería democratizarse una actividad que antes se ejercería directamente desde las instancias reguladoras del Estado. Desde Salinas, una gran cantidad de normas han quedado dictadas por las corporaciones.
Tomando los tres ejemplos mencionados: ¿Por qué durante decenios la norma que regula los productos de panificación permitió, de manera totalmente engañosa, que se comercializaran panes como “panes integrales”, sin tener harina integral?. Un gran negocio para esa industria, engañando a los consumidores, vendiendo un producto a un precio mayor por supuestamente tener una cualidad: “ser integral”. Se le puso un poco de color caramelo y algo de fibra para como se dice popularmente “diera el gatazo”. El gran beneficiario fue Bimbo que ha mantenido el control casi monopólico del mercado del pan industrializado en el país.
Durante decenios también consumimos jugos que no eran jugos. No se estableció norma para estas bebidas hasta 2009. Más del 70 por ciento de los jugos analizados por PROFECo en 2006 estaban adulterados con agua, azúcares añadidos, colorantes y demás ingredientes. En la práctica, sin norma se podía vender lo que fuera como jugo, bastaba que lo pareciera para el consumidor. Desde 2009 se estableció la norma que evita la adulteración de los jugos. Y la industria, como Jumex y Del Valle, que fue comprada por Coca Cola 3 años antes, se opusieron a que la norma también regulara los néctares. Este tipo de regulación en otros países agrupa a los jugos y los néctares, pero en México la industria logró que se excluyera a los néctares.
Con norma para jugos y sin norma para néctares, la mayor parte de los jugos industrializados desaparecieron del mercado. Del Valle y Jumex, seguidas de las demás industrias del ramo, sustituyeron en las estanterías los jugos regulados por néctares no regulados, y dejaron muy pocos jugos en el mercado. Estas empresas realizaron una gran movida porque inundaron el mercado de néctares que tienen grandes cantidades de azúcares añadidos, colorantes y otros ingredientes añadidos, aprovechándose del hecho de que los consumidores mexicanos piensan que los néctares son jugos concentrados. Si antes habían logrado engañar a los consumidores que compraban jugos que no eran jugos, ahora lo hacen con los néctares que son ingeridos por los consumidores pensando que son un producto muy diferente a lo que realmente son. Por lo pronto, los néctares con altísimas cantidades de azúcares, siguen siendo los predilectos en las tienditas de la escuela y la lonchera de los niños mexicanos que presentan una de las mayores incidencias de sobrepeso y obesidad.
El caso del Atún es el último en darse a conocer, en cuanto a engaño y ocultamiento en la composición de los alimentos. Lo que llama la atención es que en la norma de productos de pesca no se regula el añadido de soya en el producto. Por lo tanto, se puede añadir la soya que se quiera y el consumidor comprará y consumirá el producto sin saber que gran parte del producto contiene soya. Y más grave aún, al no informar la presencia de soya al frente del producto, las personas alérgicas pueden verse en una situación peligrosa. No requerimos realizar una gran reflexión para saber por qué no se estableció en la norma un máximo para el uso de soya en el atún.
Más allá del pan integral, de los néctares y el atún, que sólo sirven de ejemplo, está el proceso en el que estas regulaciones o ausencias de ellas, se dan por la interferencia de los poderes económicos sobre las funciones públicas.
Los comités de norma se forman, generalmente, con la participación del gobierno, la academia, la representación de consumidores, el sector comercial y el sector industrial. Durante los sexenios anteriores, los votos del gobierno estuvieron del lado de la industria, a esos se sumaron la representación de los consumidores, casi siempre representada por PROFECO. Desde Economía se determinaban sus votos, tanto de las dependencias del gobierno involucradas en la norma, como de PROFECO. Estos votos se sumaron, en muy diversas ocasiones, a los de la industria y el sector comercial.
Un ejemplo claro, en otro sector, el automotriz, es el de la seguridad vehicular. La norma, que fue establecida después de varios años de retraso, fue influenciada por la industria automotriz para permitirse la venta de vehículos en México sin los sistemas de seguridad que cumplen todos los vehículos que esa misma industria exporta desde México a los Estados Unidos, Canadá y Europa. Lo anterior a pesar que la propia Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte exigían avanzar en sistemas de seguridad básicos recomendados por la Organización de las Naciones Unidas.
La normatividad y las regulaciones que sean establecidas durante este sexenio serán la mejor muestra de qué tanto el poder político se independiza del poder económico, cumpliendo lo que el presidente ha prometido, haciendo prevalecer el bienestar público sobre el interés privado.
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