El PRI y PVEM en la Cámara de Diputados intentan que avance la aprobación de la Ley General de Biodiversidad, aunque ello signifique violar los procesos legislativos.
Mientras que los partidos acusados han guardado silencio, la Red Mocaf y legisladores de oposición coinciden en que el interés de los aliados en dar salida a la ley que abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking en zonas protegidas responde a un agenda empresarial.
Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- Diputadas de oposición y activistas denunciaron que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales intentaron nuevamente avanzar hacia la aprobación de la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad (LGB) promovida por la Senadora “verde” Ninfa Salinas.
En entrevista para SinEmbargo, la Diputada María García Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el pasado jueves, sin quórum, los legisladores del PRI y PVEM que pertenecen a la comisión discutieron el dictamen que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil, académicos y fracciones parlamentarias de oposición, al considerar que violenta derechos humanos y abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas.
El PVEM no ha emitido una postura al respecto.
Este diario digital solicitó a una entrevista con Eduardo Arturo Quijano Laviada, secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, quien aseguró que haría una declaración pública al respecto, que hasta el momento no se ha concretado.
En Artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados se lee: «Para que exista Reunión de comisión, se requerirá la integración del quórum», es decir rebasar el aforo de la mitad más uno del total de los 30 integrantes. Además señala una tolerancia de 30 minutos para arrancar con la sesión, no obstante, a pesar de que el pasado jueves únicamente se registraron 15 diputados dos horas después de la cita, la reunión se llevó a cabo.
«Pasaron cerca de dos horas cuando iniciaron apenas la reunión y aunque no tuvieron quórum ellos la aprobaron […] Los del PRI y los del Verde se juntaron y fueron los que aprobaron esta iniciativa que está fuera de toda legalidad por no contar con quórum y por violentar el reglamento de la Cámara», criticó la Diputada.
En ese sentido, Gustavo Sánchez Valle, presidente del consejo directivo de la Red Mocaf, señaló una vez más que la modificación constitucional sólo obedece a intereses económicos y resultará dañina para el medio ambiente y para los derechos de pueblos indígenas.
En ese punto coincidió la legisladora García Pérez, quien afirmó que “detrás [de la Ley de Biodiversidad] hay intereses económicos de algunos grupos, sobre todo de quien fue la autora de esta iniciativa que es la Senadora Ninfa Salinas”.
Mientras tanto, Sánchez Valle recriminó el actuar de los diputados del Verde y del PRI que integran la comisión: «Es lamentable la actuación de los Diputados del Verde y del PRI, quienes no han logrado reunir el quórum y aún así pretenden pasarlo al Pleno. Nos queda ya muy claro que el modelo de democracia representativa está agotado […] Es vergonzoso que se encierren en una sala y paren el reloj legislativo para poder juntar el quórum y aún sin lograrlo quieran pasar un dictamen. Van en contra de todo principio de participación y de inclusión».
«Es preocupante este virtual secuestro de espacios públicos, como es la Cámara de Diputados, para fines particulares. Desde mi punto de vista es la parte más preocupante de la actuación de los legisladores del PRI y el Verde que componen las comisiones de Medio Ambiente», agregó.
En febrero pasado, el líder de los diputados del PVEM, Jesús Sesma Juárez, aseguró que los legisladores de su partido estaban confiados en que «tenemos que sensibilizar, y por supuesto que lleve todo el proceso legislativo», por lo que no se aprobaría «al vapor».
Y acusó que las críticas al proyecto de la Senadora verde eran «por una cuestión político electoral» y advirtió que no iban a «frenar»el proceso de la modificación constitucional.
La aprobación en el Senado de la Ley General de Biodiversidad se dio en medio del escándalo por el aval a la Ley de Seguridad Interior. En esta ocasión se dio al inicio del puente vacacional de Semana Santa.
TRATARÁN DE EVITAR QUE LA LEY PASE
La Diputada García Pérez adelantó que la próxima semana desde el PAN trabajarán para lograr que se agende una nueva reunión y reponer la discusión para discutir la minuta «como debe de ser» y en apego al Reglamento de la Cámara. Por lo que de momento no se sabe cuándo el procedimiento llegará al Pleno.
Por ello, hizo un llamado a los legisladores del PRI y Verde a «que se apeguen a lo que marca el reglamento, que se apeguen a las voces de los demás. Que escuchen a la gente que realmente está inmiscuida, que sabe, que vive y que está dentro de estos temas importantes».
Por su parte, el defensor Sánchez Valle pidió a la sociedad mexicana permanecer informada sobre lo que ocurra para evitar que la Ley General de Biodiversidad se convierta en una realidad. Asimismo, manifestó que la actuación de los partidos mencionados podría acarrear un costo político en las próximas elecciones.
«Con este tipo de actuaciones están contribuyendo más al descrédito de una administración que está terminando con los niveles más bajos de aceptación por parte de la sociedad y que representan un lastre para el candidato de esa alianza PRI, Verde y Nueva Alianza [José Antonio Meade Kuribreña]», advirtió.
La diputada perredista Cecilia Soto señaló en días pasados que su partido no considerará «válida esa aprobación a un dictamen que fue hecho ilegalmente”. 
UNA LEY QUE FAVORECE LA EXTRACCIÓN
El mes pasado, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, compuesta por cerca de cien organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas, civiles, de derechos humanos y académicas compartió una serie de deficiencias que la minuta presenta, entre las que destacan las siguientes:
–Omite derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
–Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena.
–Pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento.
–Debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética.
–Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones.
–Contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
–Lejos de implementar el Protocolo de Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades.
–Dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional.
–Limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030.
