La Fiscalía acusa a Pérez Molina y a Baldetti de los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo y ha presentado 200 pruebas de la supuesta participación de los acusados en esos delitos.
GUATEMALA, 28 de marzo (AP) — Un juez suspendió este lunes la audiencia en la que se iba a definir si el ex Presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, debían ir a juicio por presunta corrupción luego de un recurso interpuesto por la Procuraduría General.
Menos de una hora después de haber iniciado la audiencia el juez Miguel Ángel Galvez decidió suspenderla debido a que la Procuraduría presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez de no permitirles participar en el proceso. El juez dijo que para evitar que la Procuraduría se viera afectada se suspendía la diligencia judicial.
En la audiencia por primera vez Pérez Molina y Baldetti se vieron las caras tras permanecer meses en prisión acusados de corrupción.
El inicio de sesión judicial en la sala abarrotada de periodistas, acusados, abogados y policías se vio retrasado por la ausencia de Baldetti, quién se reportó enferma y no quiso salir de su celda. Sin embargo, el juez Gálvez ordenó bajó amenazas de procesar al director del Sistema Penitenciario que fuera trasladada a la torre de tribunales.
Varios minutos después Baldetti, en prisión desde el 21 de agosto de 2015, llegó al tribunal.
Uno de los primeros procesados en llegar fue el ex Presidente quien acudió esposado junto a guardias del sistema penitenciario. Pérez Molina está en prisión desde el 3 de septiembre de 2015 luego de haber renunciado al cargo.
La Fiscalía acusa a Pérez Molina y a Baldetti de los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo y ha presentado 200 pruebas de la supuesta participación de los acusados en esos delitos.
El Ministerio Público sostiene que los ex funcionarios fueron parte de una estructura que defraudó al Estado guatemalteco por varios millones de dólares.
Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas a cargo de desarticular aparatos clandestinos y de seguridad en el Estado guatemalteco y que contribuyó en la investigación, Pérez Molina y Baldetti, consintieron, permitieron operaciones y se beneficiaron de una estructura denominada «La línea» integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para que los ayudaran a evadir impuestos.
Por el caso más de 100 personas, entre exfuncionarios, particulares y empresarios, son investigados. Al menos 500.000 documentos y 88.000 escuchas telefónicas se han analizado en casi un año de investigación.
Se prevé que debido a la cantidad de personas acusadas e investigadas la audiencia dure unos 15 días.
