Aunque los tiroteos en las escuelas son una situación poco común en el país, en los últimos 20 años, sí se han registrado este tipo de sucesos en algunos planteles educativos al igual que casos de menores que introducen armas, lo que ha generado cuestionamientos sobre los factores que propician que un menor lleve una pistola al lugar en donde estudia.
Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- El Colegio Americano del Noreste, en Nuevo León, el Colegio Cervantes, en Coahuila, y la secundaria diurna número 79, República de Chile, en la Ciudad de México, tienen algo en común: en los tres se han presentado accidentes porque alguno de sus estudiantes llevó y usó indebidamente un arma de fuego, lo que refleja una parte de la problemática del acceso que los menores de edad tiene a este tipo de artefactos en el país.
Los dos primeros casos se convirtieron en tragedia, al presentarse muertos y heridos, entre alumnos y profesores, quienes fueron el blanco de los ataques. En el caso del plantel de educación básica capitalino, el niño que llevó la pistola resultó herido luego de dispararse a sí mismo accidentalmente en la mano, pero estos sólo son tres ejemplos, de al menos siete casos que se han presentado en México, sobre el acceso que los menores de edad tienen a un arma.
En entrevista para SinEmbargo, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), alertó que pese al incremento de la violencia armada en México, no se cuenta con una cifra exacta de las armas que circulan en espacios civiles a lo largo del territorio nacional, particularmente después de que inició la denominada “guerra contra el narcotráfico” que inició durante el mandato de Felipe Calderón, 2006 a 2012.
El primer caso que se registró en México de un menor que ingresó un arma a la escuela y lesionó a otra alumna tuvo lugar el 13 de mayo de 2004, en la secundaria Ángel Martín del Campo, en Iztapalapa, cuando uno de los alumnos, identificado como Alejandro “N” de 13 años de edad, disparó accidentalmente en la cabeza de su compañera Dalia “G” con una pistola escuadra.380 que ingresó a dicho plantel. La víctima fue llevada con vida al hospital en donde falleció cinco días después, mientras que el estudiante fue llevado al Consejo de Menores Infractores en la capital mexicana.
Este martes, se presentó otro caso similar en Iztapalapa. Se trató de un alumno, de 12 años de edad, de la secundaria diurna número 79, República de Chile, a donde logró introducir una pistola tipo Glpck .380, con la que se disparó accidentalmente en el dedo anular, sin que nadie más resultara lesionado. Hasta el momento se desconoce si habrá alguna sanción para el menor por haber llevado a la escuela el arma, la cual presuntamente pertenece a su padre y habría querido presumir a sus compañeros.
En la @Alc_Iztapalapa, personal del #ERUM y la #SSC auxiliaron a un menor de edad que, al parecer, resultó lesionado por un disparo de arma de fuego. https://t.co/tLVhGlBa64 pic.twitter.com/qvt8nPHrv0
— SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 21, 2022
En 2005 , un adolescente de 14 años de edad, identificado como Joseph, disparó en la pierna de una de sus compañeras, identificada como Brenda Cristina, de la misma edad, al interior de una secundaria del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, con una pistola calibre .25. Los testigos habrían declarado que se trató de un accidente, ya que mientras el responsable mostraba el arma, la accionó. Además, un amigo de Joseph intentó esconder la pistola dentro de su mochila, por lo que ambos fueron remitidos a las autoridades correspondientes.
El 25 de marzo de 2017, un estudiante del plantel 106 del Conalep, ubicado en la Alcaldía capitalina de Azcapotzalco, disparó por accidente una pistola tipo pluma calibre 22, contra uno de sus compañeros de 17 años, a quien lesionó en el muslo. El responsable, de 15 años, tiró al bote de basura el arma, la cual, declaró, consiguió a través de redes sociales, y cerró el trato en una estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. Ambos estudiantes afirmaron que el hecho se trató de un accidente.
A principios de ese mismo año, el 18 de enero, tuvo lugar el primer tiroteo en una escuela de México, en el Colegio Americano del Noreste, ubicado en Monterrey, Nuevo León. Los hechos iniciaron alrededor de las 9:00 horas, cuando el estudiante Federico “N”, de 16 años de edad, sacó de su mochila un arma calibre .22, con la que disparó contra su profesora y compañeros, tras lo cual se disparó en el mentón. En el ataque, tanto la docente, Cecilia Cristina Solís de 27 años de edad, como el agresor perdieron la vida. Además, resultaron heridos tres alumnos más.
El segundo tiroteo al interior de un plantel educativo tuvo lugar en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, el 10 de enero de 2020. El tirador fue un niño de 11 años de edad, quien cursaba sexto año de primaria, identificado como José Ángel. Previo al ataque, el menor acudió al sanitario del plantel en donde se quitó el uniforme escolar y se puso una playera y pantalon de color negro para luego salir con dos pistolas, una calibre .40 y una calibre .25, que llevó en su mochila y que pertenecían a su abuelo.
En este sentido, la directora de la Redim enfatizó que existe una tendencia a «criminalizar a los niños, a los adolescentes que puedan tener acceso a estas armas, cuando la pregunta no es si ello son victimarios, sino en qué circunstancias de vida puede estar creciendo un niño, una niña, para tener acceso a un arma y que sea posible que viaje con ella y que la lleve a mostrar a su escuela».
Durante las investigaciones para deslindar responsabilidades, el abuelo del menor fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso en la modalidad de comisión por omisión, pero el 2 de octubre de 2020, su cargo se modificó a homicidio culposo, y se le implementó la medida de suspensión condicional, por lo que el hombre recuperó su libertad.
Aunque estos hechos son los que han cobrado mayor relevancia, hay otros en los que aunque no han tenido tanta trascendencia, son muestra de lo fácil que puede ser que un menor consiga un arma, y no sólo de fuego, con el fin de agredir a alguna persona. Por ejemplo, el 6 de mayo de 2014, un estudiante de 15 años disparó y mató a uno de sus compañeros de clase, frente a una profesora y varios alumnos de la secundaria Gustavo Baz Prada, en Atizapán, Estado de México.
Medios locales indicaron que el responsable fue identificado como Edgar, quien disparó en contra de un menor de 13 años de edad, ambos inmiscuidos en altercados previos, según revelaron testigos en ese momento. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas cuando los estudiantes se encontraban en clase de tecnología y empezó una discusión entre ambos, pero de un momento a otro, Edgar sacó un arma calibre .32 de su mochila, que era de su padre, y después de unas palabras le disparó a su compañero.
El 21 de febrero de 2018, un niño de 10 años de edad, agredió con un cuchillo a su profesora de la Primaria Federal José María Morelos y Pavón, ubicada en el municipio de Tonalá, Jalisco. Medios locales refirieron que el pequeño se acercó a la docente, a quien primero golpeó en el estómago, y después atacó con el arma blanca, por lo que al intentar detener el ataque, la mujer resultó herida en el brazo, y tuvo que ser auxiliada por un profesor que se percató de la situación, y llamó tanto a las autoridades como la familia del menor, mientras que la educadora fue trasladada a un hospital donde le diagnosticaron fuera de peligro.
El 24 de mayo de 2019, el medio digital A Fondo dio a conocer que un estudiante de tercero de primaria fue asegurado dentro de las instalaciones del plantel luego de ser sorprendido con una arma de fuego con la que apuntaba a sus compañeros. Padres de familia denunciaron que fue al interior de la primaria Francisco Márquez, ubicada en Valle de Guadiana, en la colonia Sagitario 3, donde el menor fue visto por los alumnos quienes lo acusaron con la directora.
Ramírez reiteró que existe una tendencia general a estigmatizar a los menores, en vez de ubicarlos como víctimas, «un niño, una niña que crece en un entorno en donde la armas están presentes, probablemente haya visto en más de una ocasión o vivido en más de una ocasión, en un contexto de violencia, alguna experiencia directa de violencia», por lo que exhortó a cuestionar qué está pasando con la sociedad.
Para intentar evitar el ingreso de armas a las escuelas, en 2001 arrancó como piloto el programa “Mochila Segura”, en un primer momento en la Iztapalapa. Como parte del proyecto, elementos de la Secretaría de Seguridad capitalina revisaban las mochilas de los alumnos que ingresaban a los planteles educativos.
Más tarde, el operativo se extendió paulatinamente en el resto de las entonces demarcaciones y después al resto del país.
Sin embargo, en la Ciudad de México el programa dejó de aplicarse a desde agosto de 2019 luego de una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que señaló que la política vulneraba “los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez”.
Argumentó que durante la operación de revisión de mochilas a estudiantes constaba de varias irregularidades, como el uso de paletas detectoras de metal, persona del sexo masculino revisando pertenencias de alumnas y personas del sexo femenino revisando las de los alumnos, y eran los adultos quienes sacaban los objetos y no los alumnos, además de que el operativo nunca se presentó un listado de los objetos no permitidos por lo que la CNDH consideró que era un abuso y violación a los derechos de los menores.
La recomendación del organismo tuvo lugar tras dos quejas en las que se indicó que el programa era “un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana”. Además, el pasado 3 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como inconstitucional el programa Mochila Segura, debido a que viola los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los menores.
De acuerdo con los ministros de la Primera Sala de la SCJN, la revisión realizada por las autoridades educativas hacia las pertenencias de estudiantes de educación básica viola los contenidos del artículo 16 de la Constitución de la República. Agregó que la revisión opera sin un sustento legal, quedando sujeto al libre arbitrio de las autoridades educativas y sin reglas claras y formales que normen la posibilidad y contenido de los procedimientos que involucra.
A pesar de ello, los ministros resolvieron que la inconstitucionalidad del programa no impide su aplicación en grado menor en casos justificados y bajo sospecha razonable o en grado mayor en casos excepcionales, por lo que los ministros señalaron que la actuación de los directivos y profesores de escuelas e instituciones educativas queda sujeta a lo previsto por la ley durante las tareas de prevención, orientadas a proteger la seguridad de los niños y adolescentes.
Además, destacaron que el hecho de que el programa Mochila Segura carezca de un marco jurídico, no impide que, ante el deber del Estado de proteger a las comunidades educativas, se legisle en materia de seguridad escolar.
En este sentido, Ramírez Coincidió con la determinación de la SCJN en que no se debe aplicar este programa, e indicó que detener la presencia de armas en la escuela de México, no es algo que va a suceder a la puerta de los planteles educativos, ni en las mochilas de los niños, niñas y adolescentes.
Explicó que para controlar esta situación se deben abordar «otros espacios, en las distintas fases de operación de los grupos criminales» que operan a lo largo del país, en donde distribuyen estos artefactos. Subrayó que con el programa Mochila Segura se puede detener la violencia al interior de las escuelas, al evitar que un menor ingrese un arma a la los planteles, pero que una vez en la calle o en sus casas, este sector se encuentra de nueva cuenta expuesto a este tipo de objetos.
Por ello, propuso alternativas como la construcción de paz, el aprendizaje en la resolución violenta de conflicto, la construcción de contextos y entornos pacíficos con el fin de enseñar de manera cotidiana otras vías para resolver esta problemática.
Además, consideró necesaria una transformación material de las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, así como «erradicar la violencia de sus territorios, detener el ingreso de armas a nuestro país» y promover otras formas de relación entre las personas para que «ningún arma sea concebida, por ningún niño o niña, como un objeto a presumir, como un objeto a ser usado.
Añadió que otras acciones que se han tomado las ha planteado el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el cual ha sentado a la mesa a las instituciones del Estado mexicano, para analizar esta violencia y construir de manera conjunta políticas públicas en favor de erradicar esta problemática, a través, particularmente, de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA).
Sin embargo, dijo que actualmente la Secretaría ejecutiva del SIPINNA no cuenta con un titular, y “la voluntad política de respaldar este tipo de trabajos e iniciativas no está expresada suficientemente en nuestro país, y en consecuencia los espacios de articulación y de compromiso de las Instituciones del Estado para coordinarse positivamente para solucionar este tipo de problemáticas está comprometida”, por lo que llamó a “recuperar el SIPINNA , rescatarlo, entenderlo y valorarlo”, pues, dijo, es “un sistema que deriva de la ley genera derechos de la niños, niñas y adolescentes, que a su vez deriva de lo que le mandata al Estado mexicano la convención de los derechos del niño, y que inspiró a otros sistemas en América Latina”.
