Desde 2012 a enero de 2018, los gobiernos estatales, presidentes municipales y universidades públicas no han solventado recursos públicos recibidos para gasto programable hasta acumular 183 mil 100 millones 700 mil pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Este órgano ha presentado denuncias ante la PGR por detectar delitos como simulación de reintegro del dinero por 38 mil 675 millones 200 mil pesos.
Sin embargo, la impunidad reina: el 99.4 por ciento de las denuncias ante esa institución no han acabado en alguna sentencia desde hace 20 años de fiscalización, aseguró Leonardo Núñez González, politólogo y especialista en transparencia y rendición de cuentas.
Ciudad de México, 28 febrero (SinEmbargo).– Gobernadores, Presidentes municipales y universidades públicas de los 32 estados han arrastrado 183 mil 100 millones 700 mil pesos de recursos federales para gasto programable pendientes de solventar de 2012 a enero de 2018, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Estos más de 183 mil millones de pesos equivalen a cuatro veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para 2018, el cual es de 43 mil 196 millones de pesos.
Esto se permite por la impunidad que cultiva la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Procuraduría General de la República (PGR) y sus espejos en cada entidad, ya que el 99.4 por ciento de las denuncias del órgano autónomo ante la institución no han acabado en alguna sentencia desde hace 20 años de fiscalización, aseguró en entrevista Leonardo Núñez González, politólogo y especialista en transparencia y rendición de cuentas.
La SFP está dirigida por Arely Gómez González, ex Procuradora, y la PGR está bajo encargo de Alberto Elías Beltrán desde octubre.
Veracruz (36 mil 266 millones de pesos), Michoacán (21 mil 13 millones), Guerrero (13 mil 296 millones), Estado de México (12 mil 234 millones) y Jalisco (10 mil 787 millones) son los estados que más acumulan los montos sin solventar desde hace seis años, reveló el informe de Cuenta Pública 2016 del órgano fiscalizador.
«Estos números monumentales que van arrastrando los estados no solamente muestran la impunidad del sistema, sino que muestran también que estamos ante desfalcos de los cuales no hemos encontrado la manera de recuperar el dinero», aseguró Núñez, autor de «¿Dónde quedó la bolita?». «En el caso de las universidades estatales, el dinero acaba en manos de empresas fantasmas».
La función de la ASF es documentar y evidenciar los desvíos, no recuperar el dinero ni castigar a los responsables. Sin embargo, las observaciones de irregularidades, principalmente del gasto federalizado de gobernadores, «llegan a oídos sordos» no solo de la SFP o la PGR, también de la Cámara de Diputados, la cual recibe el informe de Cuenta Pública, dijo el politólogo.
Los diputados no conocen detalladamente el contenido y señalamiento de las auditorías. De acuerdo con un estudio del CIDE, expuso Núñez, el 22 por ciento de los diputados federales encuestados no conoce la existencia de los informes generales de la ASF y el 65 por ciento desconoce la supervisión.
La Auditoría Superior, después de fiscalizar el uso de recursos públicos y tener evidencia sustentada de que se cometió un delito, como la simulación de reintegro de los recursos, entrega una denuncia a la PGR con un escrito que detalla de manera pormenorizada los hechos que halló.
Desde 2012, el órgano fiscalizador emitió denuncias por 37 mil 605 millones 600 mil pesos tras fiscalizar a gobernadores, ediles y universidades públicas, reportó en su Cuenta Pública 2016. También dio denuncias por 8 mil 8 millones 100 mil pesos por simulación de reintegración por parte de las autoridades estatales, municipales o de universidades públicas. En total, 38 mil 675 millones 200 mil pesos.
«Una vez que lo tiene la PGR es donde está el problema por falta de documento, de profesionalización y de autonomía ante el poder político», dijo Núñez.
INVESTIGACIÓN DE SUCESORES
Veracruz, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Jalisco, los estados que más concentran dinero público por solventar desde 2012, han cambiado de gobernador durante ese periodo, pero no todos sus sucesores han investigado las auditorías de quienes les entregaron el cargo.
El ex priista Javier Duarte de Ochoa gobernó Veracruz de 2010 a 2012; Fausto Vallejo Figueroa (PRI), Jesús Reyna García (PRI), Salvador Jara Guerrero (académico) y Silvano Aureoles Conejo (PRD) han gobernado Michoacán desde 2012; Ángel Aguirre Rivero (PRD) y Héctor Astudillo Flores (PRI) han gestionado Guerrero desde entonces; Eruviel Ávila Villegas (PRI) gobernó el Estado de México en el periodo auditado; y Emilio González Márquez (PAN) y Aristóteles Sandoval Díaz (PRI) han administrado Jalisco.
«Una vez que hay cambio de gobierno, es muy difícil dar con los responsables. A menos que exista una voluntad política», aseguró el politólogo Leonel Núñez.
«En Veracruz el cambio de gobierno [ahora de Miguel Ángel Yunes] permitió empezar a abrir. Chihuahua también es un caso paradigmático. Ahora es el segundo estado con más recuperaciones probables en la cuenta pública de 2016 nada más. Eso tiene que ver con que el Gobernador Javier Corral ha emprendido una campaña para que se investigue a sus predecesores», afirmó el especialista en rendición de cuentas.»La ausencia de cambio de gobierno es lo que permite y fomenta la impunidad».
En el caso de Michoacán, corresponde al perredista Silvano Aureoles aclarar el destino de una parte de los 21 mil 13 millones de pesos sin solventar de los gobiernos estatales previos. Respecto a los 13 mil 296 millones 800 mil pesos sin solventar por parte de Guerrero, es responsabilidad del mandatario Héctor Astudilllo. Para los 12 mil 234 millones 900 mil pesos de montos en el Estado de México, es responsabilidad del priista Alfredo del Mazo Masa, actual Gobernador mexiquense. Y, finalmente, es obligación de Aristóteles Sandoval indagar sobre los 10 mil 787 millones 900 mil pesos no solventados en los últimos seis años.
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