El rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, denunció también que durante los tres años de Gobierno de Graco Ramírez se han registrado al menos mil 700 homicidios dolosos, de los cuales 33 ocurrieron en los primeros 25 días de este mes, cifra que supera los 25 asesinatos cometidos durante el mismo periodo de 2015. Esto ubica a Morelos, de acuerdo con cifras oficiales, como el cuarto lugar nacional en este delito, al que se le suma el índice de secuestros.
Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) condenó la ola de violencia que se vive en el estado, la cual atribuye a la incapacidad del gobierno para procurar justicia, por lo que exigió al Gobernador Graco Ramírez Abreu someta su cargo a consulta popular.
El ente universitario refirió, a través de un comunicado, que «Morelos vive desde hace años una crisis sin precedentes que ha afectado de manera grave a su ciudadanía, una crisis de violencia y miseria que lamentablemente se ha agudizado con el actual gobierno y la falta de cumplimiento de los compromisos que había hecho con ella».
Dice que durante los tres años de Gobierno de Graco Ramírez se han registrado al menos mil 700 homicidios dolosos, de los cuales 33 ocurrieron en los primeros 25 días de este mes, cifra que supera los 25 asesinatos cometidos durante el mismo periodo de 2015. Esto ubica a Morelos, de acuerdo con cifras oficiales, como el cuarto lugar nacional en este delito, al que se le suma el índice de secuestros.
Durante una conferencia de prensa realizada hoy, el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, recordó que en julio de 2012 el Gobernador aseguró que cada dos años se iba a someter a consulta popular y que en su administración iba a haber la posibilidad de la revocación de mandato.
“Dijo que él se iba a someter cada dos años a la consulta popular y que en Morelos iba a haber revocación de mandato. Yo creo que esa fue una de las cosas que además a la gente universitaria le atrajo mucho de su campaña que pudiéramos nosotros estar evaluando y midiendo la efectividad de sus acciones […] Es algo que atrajo mucho y que estoy seguro, le dio mucho apoyo de parte de la comunidad académica”, recordó el rector.
Vera Jiménez consideró que el apoyo al Gobernador por parte de la sociedad ha disminuido, y dijo que “hay una amplía descomposición social, con presidente municipales, con la iglesia, con campesinos, con obreros, con organizaciones sindicales, con los maestros, con la Universidad, con el propio PRD y con medios de comunicación”.
La UAEM recuerda, entre otros hechos violentos, el asesinato de la Alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, ocurrido el pasado 2 de enero a unas horas de haber asumido el cargo. También destaca los 155 feminicidios registrados durante la presente administración que propiciaron que la Secretaría de Gobernación (Segob), a mediados del año pasado, decretara la Alerta de Violencia de Género, convirtiendo a Morelos en el segundo estado de la República en hacerlo.
«A pesar de ello, los feminicidios no han disminuido. No podemos olvidar tampoco el flagelo de los desaparecidos que, según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, es de 96 durante la presente administración», destaca el comunicado.
Los hechos violentos registrado en la administración de Graco Ramírez se suman, dice la UAEM, a los cientos del sexenio anterior y muestra la incapacidad del Estado para procurar y administrar la justicia.
«16 fosas clandestinas [fueron descubiertas] en la entidad en los últimos tres años […] se encuentran en Tetelcingo, municipio de Cuautla, en donde 150 cadáveres fueron depositados ilegalmente y sin cumplir los protocolos forenses ni las normas más elementales de inhumación».
La Universidad dice que en 2014, Morelos se consagro como el estado más violento del país y para 2015, la entidad se convirtió en el territorio de una lucha descarnada entre diversos cárteles de la delincuencia organizada.
Según la última medición del efecto de la política social realizada por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), Morelos, durante el sexenio que corre, fue el estado en donde más creció la pobreza, por encima de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, lo que incrementó los niveles de violencia.
Otra de las razones a las que la Universidad atribuye esta ola de violencia es a la imposición del Gobierno con los llamados «megarpoyectos» los cuales destruyen los tejidos sociales y dañan gravemente el medio ambiente y las tierras de cultivo, «Han multiplicado el deterioro social del estado que puede verse también en el incremento del consumo de drogas».
La UAEM no sólo condenó la crisis de violencia que se vive en el estado, también denunció que el gobierno no ayuda a los familiares de las víctimas a esclarecer los hechos y que entorpece los servicios técnicos y científicos que la institución ofrece para coadyuvar en las investigaciones.
«Además, ha anulado, en los hechos, la aplicación de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y Violación a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, aprobada por el Congreso en julio de 2013. Debido a ello, en Morelos no ha habido ni un solo caso de reparación del daño, a pesar de que fueron destinados para ello casi 30 millones de pesos».
La UAEM impulsó programas de Atención a Víctimas y, «ante la falta de capacidad de las autoridades para responder en materia técnica y científica en la identificación de cuerpos, [creó] el de Identificación Humana. También realizó múltiples acciones de difusión y extensión de servicios en sus distintos campus, sedes y unidades académicas, para enfrentar la terrible realidad social y política que vivimos».
Por esta labor, denuncia el ente universitario, miembros de la UAEM han sido víctimas de actos violentos y amenazas, cuyas denuncias se encuentran bajo investigación en la Procuraduría General de la República (PGR).
GRACO DEBE REGRESAR DINERO A TLAQUILTENANGO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que le Gobierno de Morelos debe de entregar al municipio de Tlaquiltenango más de 13 millones y medio, procedentes de participaciones federales, que le retuvo por un adeudo que mantiene con la Secretaría de Hacienda local.
El Ministro Javier Lainez Potisek fue quien dio trámite al recurso y otorgó la suspensión al considerar que la medida del Gobierno encabezado por Graco Ramírez era ilegal y afectaba la autonomía municipal, por lo que ordenó que los recursos e intereses sean otorgados a la Alcaldia morelense.
Aún queda pendiente la resolución del otro recurso interpuesto por el Alcalde Enrique Alonso Plascencia en contra de la instalación del Mando Único en ese municipio, que decretó el Gobernador perredista tras el asesinato de la Edil de Temixco, Gisela Mota.
