Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo que el caso Iguala no podrá cerrarse hasta que se lleve ante la justicia a todos los responsables y se aclare el destino de los normalistas de Ayotzinapa.
«El expediente de Ayotzinapa para la Comisión Nacional sigue abierto por lo que hace a su propia actuación, pero también falta ver qué dicen los jueces, qué dicen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y faltan los resultados que se mandaron a periciar al extranjero, y entonces es un expediente que no está cerrado, que no debe estar cerrado que no debe hablarse de conclusión y que para la CNDH sigue abierto», dijo el Ombudsman nacional luego de presentar el Informe Anual de Actividades 2014 ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.
González Peréz dijo que lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala es «el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y las omisiones».
«Hay que desmontar este entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción», comentó.
Dijo que continuará con el análisis exhaustivo de los acontecimientos ocurridos el pasado 26 de septiembre en donde desparecieron 43 estudiantes normalistas, a pesar de que la PGR prácticamente dio por concluida su indagatoria.
Agregó que la CNDH mantendrá su acompañamiento a los familiares de los normalistas y sus representantes, para determinar si hubo violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas por parte de todas las autoridades implicadas.
“Para la Comisión Nacional es un expediente abierto, en desarrollo, y una vez agotadas todas las actuaciones que tenemos que hacer, haremos el pronunciamiento que corresponda”, afirmó el ombudsman nacional luego de entregar a la Comisión permanente su informe de labores.
El ombudsman dijo que la CNDH ha solicitado información a la Secretaría de la Defensa Nacional, al ser cuestionado sobre la exoneración al Ejército por parte del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a pesar de que los padres de los normalistas insisten en que se debe abrir una línea de investigación sobre la presunta participación de efectivos militares en la desaparición de los estudiantes.
“Hemos solicitado información a la Secretaría de la Defensa Nacional, debo ser enfático que esto no implica que estemos calificando una actuación de la misma. No calificamos a priori hemos pedido información como se al hemos pedido a distintas autoridades”, recalcó.
Explicó que la solicitud de información se hizo en el marco de peticiones de información a diferentes autoridades, con el fin de determinar cuáles fueron las violaciones a derechos humanos que se cometieron antes, durante y con posterioridad a los hechos.
EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
González Pérez consideró que lo más relevante a reportar en materia de derechos humanos durante 2014 es el despertar y la toma de conciencia que hechos como Tlatlaya e Iguala han provocado en nuestra sociedad, así como el nuevo paradigma de actuación que autoridades e instituciones tienen que asumir a partir de ellos.
Dijo que tras los hechos ocurridos en Iguala y Tlatlaya no hay manera de recuperar la falsa normalidad que como país teníamos, porque “era anómala y estaba asentada en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas”
González Pérez puso de manifiesto que, en lo sucesivo, el informe del Ombudsman ante los Poderes de la Unión presentará un reporte de la situación de los derechos humanos en México, los obstáculos que enfrenta su gestión, las autoridades renuentes a colaborar o a cumplir recomendaciones y, por supuesto, las reformas necesarias que abonen a mejorar el respeto y defensa de los derechos humanos.
En cuanto a la información cuantitativa de las acciones desarrolladas, explicó que se revisarán el diseño y esquemas operativos para que los programas de atención se enfoquen a las víctimas y a los temas prioritarios de cada área, con el fin de que se refleje la incidencia real de las acciones en la materia a la que sean dirigidas.
“En adelante –dijo–, la CNDH será acuciosa en la evaluación, seguimiento y ponderación de la eficacia de estas acciones, a fin de garantizar su contribución a la convivencia democrática, cuyo centro sea el respeto a los derechos humanos. La CNDH trabaja para retomar su liderazgo en los foros internacionales”.
Informó que las autoridades más señaladas como responsables de violación a derechos humanos fueron: IMSS, 1,542 casos; Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la SEGOB, 1,177; SEDENA, 642; Policía Federal, 580; ISSSTE, 538; SEP, 530; PGR, 487; Migración, 450; Marina, 374 e INFONAVIT, 326.
Respecto de las autoridades que no aceptaron las recomendaciones de la CNDH, todas ellas del ámbito municipal, apuntó que este Organismo nacional ejercerá plenamente sus facultades.
