Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– Con el caso de un automovilista que, en supuesto estado de ebriedad, atropelló a un par de ciclistas, causando la muerte de uno de ellos, se estrenaron las audiencias orales y públicas en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), como parte de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el Distrito Federal.
La audiencia que inauguró esta nueva práctica –que por ahora se implementará sólo en casos de delitos no graves– comenzó cinco minutos antes de las 11 de la mañana, en la Sala de Oralidad 7 del Tribunal. Se trató de una audiencia únicamente para calificar si la detención del presunto responsable había sido legal y para determinar si se le vinculaba a proceso penal.
El imputado y sus abogados defensores pidieron duplicar el término constitucional de 72 horas, por lo que será hasta el viernes cuando la jueza determine si lo vincula o no.
La Sala estaba reluciente. Sus paredes blanquísimas, su piso pulido y la impecable limpieza de sus tres puertas de vidrio denotaban que se trataba de un espacio recién estrenado. Desde las 10 de la mañana, las 140 butacas dispuestas para el público comenzaron a ocuparse, aunque la audiencia estaba agendada para iniciar media hora después.
El ambiente, pues, era de expectación.
Aunque está previsto que la implementación del nuevo sistema de justicia penal concluya en todo el país para junio de 2016, ésta recién comenzó a operar el 16 de enero en la capital del país y sólo en una primera fase, que abarcará sólo los delitos perseguidos por querella o cometidos por negligencia, y para lo cual se han dispuesto 45 jueces, cinco de ellos para casos de adolescentes.
Al darse a conocer el inicio de la operación del nuevo sistema, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que se dispondría de salas para juzgados de control, de audiencia y para juicios orales.
Una de ellas fue la que ayer por la mañana se colmó de personas, varios de ellos miembros del TSJDF y la PGJDF, que asistieron a atestiguar la primera audiencia de las tres que tuvieron lugar en la sede del Tribunal, donde se acondicionaron las nuevas salas.
En su interior, seis policías fueron los encargados de vigilar que los asistentes se mantuvieran en orden y no utilizaran teléfonos ni intentaran tomar fotografías o grabar, pues aunque se trataba de un proceso público, existen esas prohibiciones previstas en la ley.
Los agentes vestían el uniforme de la Policía Bancaria e Industrial, pero una banda en sus brazos izquierdos los identificaba como “Agentes de seguridad procesal”.
Otro de esos policías fue el que introdujo al imputado a la sala, con los brazos sujetos a la espalda y ante la mirada curiosa de los asistentes, y se mantuvo de pie detrás suyo durante la hora que duró la audiencia.
Moreno, el imputado, con barba y el cabello a rape y vistiendo una sudadero color café, se sentó entre los dos hombres que fungieron como sus defensores. Desde el estrado provisto para el juez, ellos estarían del lado derecho, mientras que la parte ofendida y el Ministerio Público se ubicarían en el costado izquierdo.
Al llegar la hora prevista para iniciar la audiencia, el bullicio en la sala comienza a apagarse y poco a poco va convirtiéndose en murmullos, en caras volteando a uno y otro lado de la sala y luego al frente, expectantes quizá del momento en que por la puerta de madera situada en el costado izquierdo saliera, al fin, la jueza Nelly Ivonne Cortés Silva, quien presidiría la audiencia.
El esperado momento ocurrió cuando los relojes marcaban casi las 11 de la mañana, apenas unos instantes después de que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hubiera entrado a la sala, flanqueado por el presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, y el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza.
Los funcionarios habían tomado sus lugares en la primera fila de las cinco dispuestas para el público, cuando la jueza Cortés Silva entró a la sala, investida con su toga negra.
Los asistentes la recibieron de pie, según el protocolo.
La audiencia transcurrió sin contratiempos, pero era notorio el nerviosismo de los participantes, sobre todo del Ministerio Público.
Por estar sentados de frente al estrado de la jueza, quizá no lo notaron, pero detrás de ellos había más de un centenar de ojos atentos, de cabezas que se inclinaban a un lado u otro según tomaran la palabra la jueza, el Ministerio Público o la defensa del imputado, y de labios que se movían suavemente para intercambiar mensajes en orejas contiguas.
El caso a revisar, contenido en la carpeta de investigación 004/0001/2015, era de un ciclista que murió tras ser atropellado por el conductor de un automóvil marca BMW modelo 2002, que manejaba a 110 kilómetros por hora. El hecho ocurrió entre las avenidas Acoxpa y Canal de Miramontes, en el sur de la ciudad, la mañana del pasado domingo 25 de enero.
Los testimonios de los dos policías preventivos que detuvieron al automovilista minutos después del atropellamiento confirmaban que el hombre había aceptado su responsabilidad, pero aclarando que lo había hecho “sin intención alguna”. Las declaraciones de dos testigos que señalaron al imputado como responsable, acusaron que éste olía a alcohol cuando fue detenido.
EL PROCESO
Luego de que el Ministerio Público expuso los hechos para demostrar que la detención del imputado había sido legal y de que le imputara el delito de homicidio culpado agravado, y de que el abogado defensor no contraviniera lo dicho por el fiscal, el imputado tomó la palabra.
La jueza se dirigió a él, como hizo antes al preguntarle si conocía sus derechos y si entendía de qué se le acusaba, para explicarle que deberá pasar a la palestra y que no podrá comunicarse con su abogado desde ahí.
El imputado asintió y pasó al frente con una hoja blanca entre sus manos. Jamás la leyó. Su declaración fue breve: dijo que conducía a 70 kilómetros por hora, que cuando intentaba incorporarse a Canal de Miramontes apareció una camioneta a la que no había visto y al intentar esquivarla arrolló a los ciclistas, y que no estaba ebrio, sino que en su automóvil llevaba tres botellas de aguardiente porque iba a hacerse una limpia.
El hombre de sudadera café movía las manos al contar su versión de los hechos. Sus palabras sonaban dóciles, sus movimientos nerviosos.
“Los lastimé, no era mi intención, no soy malo. Es todo lo que puedo decir de eso. Si no hubiera sido por la camioneta, no hubiera sido así”, fueron las palabras con que cerró su mensaje. “Muchas gracias por escucharme”, le dice como colofón a la jueza.
El agente del Ministerio Público pidió que se le vinculara a proceso penal, pero la defensa solicitó ampliar el plazo legal de 72 a 144 horas, por lo que la encargada de sala determinó como fecha para la audiencia de verificación el próximo 30 de enero, a las 10 horas.
Cada palabra de la jueza, de los defensores, del Ministerio Público, del imputado van quedando grabadas, para estar disponibles posteriormente. Por ello es que la jueza pidió al imputado, en algún momento mientras declaraba, que se acercara al micrófono para que su voz quedara debidamente registrada.
Para cuando el Ministerio Público solicita dictar medidas cautelares al imputado, varios lugares de la sala ya lucían vacíos, entre ellos los del Jefe de Gobierno y los dos encargados de las instituciones de procuración de justicia en la ciudad.
Tras debatir una de las medidas cautelares solicitadas, que la defensa consideró excesiva, la jueza determina que éstas queden así: una fianza de 334 mil pesos, que se presente cada 30 días mientras dura el proceso y que no pueda salir del Distrito Federal en ese lapso. Cortés Silva ordena la libertad del imputado bajo medidas cautelares.
La sala permanece atenta. La jueza golpea el mallete para indicar que la audiencia ha terminado.
