Los expresidentes de México estuvieron en la mira este 2020 debido a la consulta popular promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por la SCJN. El 21 de agosto de 2021 es la fecha establecida para que los mexicanos voten si Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña deben ser juzgados. SinEmbargo presenta una serie de cinco entregas con los principales señalamientos en cada sexenio.
La lista de acusaciones contra el Presidente que gobernó México de 1988 a 1994 es larga, pero sobresalen las privatizaciones de Telmex, la banca y la televisión; una requisa en el Puerto de Veracruz; el otrora TLCAN; el levantamiento armado del EZLN y el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
PRIMERA ENTREGA DE UNA SERIE SOBRE JUICIO A EXPRESIDENTES
Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– Privatizador, represor y padre de la desigualdad son algunos de los calificativos usados por politólogos, sociólogos y hasta por el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar de Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó México de 1988 a 1994. Impulsor del Neoliberalismo durante su sexenio, es uno de los cinco expresidentes que serían llamados a cuentas por decisiones políticas que afectaron la vida de miles de personas, quienes hoy exigen justicia.
Los señalamientos en su contra son varios, empezando por una cuestionada elección que se caracterizó por una repentina «caída del sistema» que le dio el triunfo en 1988 con el 50.36 por ciento de las votaciones, dejando en segundo lugar a su más cercano contrincante: el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (31.12 por ciento).
Pero su tropezada victoria fue solo el comienzo de un sexenio lleno de acusaciones, entre las que se encuentran las privatizaciones de Teléfonos de México (1990), de la banca (1990), de la televisión (1992); una requisa en el Puerto de Veracruz que dejó en la calle a miles de trabajadores (1991), la Reforma Agraria que autorizó la participación de empresas privadas en el campo (1992); la firma del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLAN) que dejó bajos salarios (1993); el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas (1 de enero de 1994); el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio (23 de marzo de 1994); la entrega de concesiones mineras (1994), y la crisis económica de 1994.
De todos estos señalamientos, el que más caracteriza su sexenio es su espíritu privatizador. Un total de 390 empresas, el 63 por ciento de las que existían entonces, se privatizaron y desincorporaron del Estado para pasar a manos de un selecto grupo de empresarios que al finalizar su Gobierno entraron a la lista de los más ricos del mundo. La revista Forbes, que antes de Carlos Salinas solo registraba a una familia mexicana en ese conteo –los Garza Sada–, en 1994 incluyó a 23 clanes multimillonarios que sumaron en conjunto 41 mil 900 millones de dólares.
«Salinas fue un gran corruptor de toda la esfera pública y privada del país», dijo en entrevista la doctora María Elvira Concheiro Bórquez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y recientemente ratificada como Tesorera de la Federación. «De pronto llega (Carlos) Slim, que no era más que un pequeño empresario que aprovechó la crisis para comprar empresas en quiebra, y le adjudican Telmex por el 5 por ciento de su valor. Eso ya te da una idea de cómo fue el proceso de privatización, un proceso oscuro, discrecional».
Para la socióloga y autora del libro El gran acuerdo. Gobierno y empresarios en la modernización salinista (1996, de editorial UNAM y Ediciones Era), el Neoliberalismo que impulsó Salinas en México fue «particularmente salvaje, corrupto, desastroso en el sentido de la justicia social. Se hizo a través de las formas más oscuras y se acrecentaron las desigualdades».
“Cuando llega [Carlos] Salinas aparecía en la revista Forbes, especializada en finanzas, sólo un multimillonario en la lista de los hombres más ricos del mundo, una familia, la familia Garza Sada. Con una tradición empresarial, pero era eso en el 88″, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 21 de febrero. Se trataba de Adrián Sada González, presidente de Vitro (1,300 millones de dólares); el fallecido Bernardo Garza Sada, de Grupo Alfa (1,200 millones de dólares), y el también finado Eugenio Garza Lagüera, de Femsa (1,100 millones de dólares).
Entre los 23 hombres que acumularon riquezas en el sexenio salinista, muchos de ellos gracias a las privatizaciones, están Carlos Slim Helú (Grupo Carso); Emilio Azcárraga Milmo (fallecido en 1997, Grupo Televisa); Marcelo y Lorenzo (finado) Zambrano Treviño (Cemex); Jerónimo Arango (Grupo Wal-Mart); Alberto Baillères González (Grupo BAL); Roberto Hernández Ramírez (Grupo Financiero Banamex); Lorenzo (finado) y Roberto Servitje Sendra (Grupo Bimbo) y Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra y TV Azteca).
Para José Fernández Santillán, profesor de Humanidades del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, Salinas de Gortari se convirtió en el Presidente que puso fin al Estado Asistencial en México e impulsó la doctrina neoliberal, que consiste en «la idea de que hay que apoyar a quien sabe hacer dinero porque así, creando riqueza, ésta se trasminará hacia abajo tarde o temprano». Por ejemplo, «si le ayudas a Carlos Slim va a crear muchos Sanborns y los Sanborns van a crear empleos, pero eso nunca sucedió».
El profesor visitante de la Universidad de Harvard (2010), quien fue perseguido en el sexenio de Carlos Salinas por escribir artículos en la revista Nexos en contra del Neoliberalismo y las políticas salinistas, afirmó que lo que hizo este modelo económico fue «crear una concentración de la riqueza en pocas manos, además de una profunda desigualdad».
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el pasado 1 de octubre la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular y emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos.
Es decir, la revisión de estos actos no siempre puede derivar en un juicio, sobre todo en casos como los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox Quesada (2000-2006) porque los delitos ya prescribieron, pero sí con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), dijo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pasado 6 de octubre durante una ponencia en el Colegio de México. Pero sugirió crear una especie de Comisión de la Verdad para que los mexicanos conozcan el alcance de los actos de corrupción.
En esto coincidieron los especialistas. «Me parece fundamental la memoria histórica, es indispensable que esta sociedad conozca de esos procesos porque es la única posibilidad de que no se repitan y eso es lo más importante, saber qué clase de delincuentes tuvieron la conducción de este país es indispensable», mencionó la profesora de la UNAM, María Elvira Concheiro Bórquez.
«Que los delitos estén prescritos no impide que se conozcan, aunque ya no se puedan condenar», señaló José Fernández Santillán, del Tecnológico de Monterrey. «Que sean exhibidos esos malos presidentes».
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–Elección cuestionada (1988)
Carlos Salinas llegó a la Presidencia luego de una cuestionada elección que le dio el triunfo en 1988. Su predecesor, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), había encargado a su Secretario de Gobernación, Manuel Barlett Díaz, realizar los comicios a través de la Comisión Federal de Elecciones.
El día de la elección, 6 de julio de 1988, el conteo preliminar de votos daba una ventaja al entonces candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sobre el priista Carlos Salinas, pero una repentina falla interrumpió el flujo de datos en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y al restablecerse el sistema el abanderado del partido oficial se había colocado en el primer lugar de las preferencias electorales.
Esta repentina «caída del sistema», como se le conoce a este episodio, provocó el descrédito del nuevo gobierno que encabezaría Salinas de Gortari, quien ganó la elección con el 50.36 por ciento de las votaciones. En segundo lugar quedó Cuauhtémoc Cárdenas (31.12 por ciento), seguido por el panista Manuel Clouthier (17.07 por ciento).
«Los que llevaban el tema electoral en el equipo de Cárdenas eran Gil Xavier Ovando y Román Gil Heraldez, responsables del computo electoral del Frente Democrático Nacional, fueron asesinados pocos días antes de las elecciones y lo único que se llevaron fue el maletín donde tenían los datos de ese sistema», explicó el profesor del Tecnológico de Monterrey, José Fernández Santillán. «Eso tiene toda la huella de haber sido operado desde la Segob».
–Privatización de Telmex (1990)
En el marco de la aprobación de la Reforma de Telecomunicaciones de 2014, promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto, y al cumplirse 25 años de la privatización de Teléfonos de México (Telmex), Carlos Salinas de Gortari escribió un artículo en el diario El Financiero titulado «Telmex, una privatización exitosa que terminó cuestionada».
En la publicación el expresidente niega que Telmex, entregada por el Estado al empresario Carlos Slim Helú en 1990, se haya malbaratado y en su defensa señaló que se trataba de una empresa “emproblemada” y que si con el paso del tiempo se convirtió en monopolio fue por culpa de “regulaciones deficientes”.
«(Telmex) Era un obstáculo al desarrollo del país y un grave problema para la vida cotidiana de los mexicanos», escribió el expresidente mexicano el 15 de diciembre de 2014.
De las acusaciones por malbaratar Telmex, aseguró que se vendió a un precio muy favorable para el gobierno: «No fue una venta apresurada y su privatización se hizo de manera transparente. En el momento del anuncio de su privatización, Telmex ya estaba valuada en 3 mil 300 millones de dólares. El gobierno recibió por su participación accionaria 8 mil 615 millones de dólares. De acuerdo al monto recibido por su venta, esa privatización se convirtió en la cuarta más importante del mundo».
Sin embargo, politólogos e historiadores opinan lo contrario.
Enrique Toussaint Orendain, analista político de la Universidad de Guadalajara, dijo en una entrevista con SinEmbargo que este proceso de privatización de Teléfonos de México, del sistema bancario y la industria siderúrgica sirvió a Salinas «para construir una élite económica que sigue mandando en el país y que apoyó a los mismos proyectos políticos que les aseguraban sus ganancias y el control de la riqueza”.
Es el caso de Carlos Slim Helú, quien después de comprar al gobierno Telmex entró a la lista de Forbes como uno de los más ricos del mundo. Para 1994 ya tenía 6 mil 600 millones de dólares, 215 por ciento más que en 1992 cuando contaba con 2 mil 100 millones. La revista económica lo describió así hace casi tres décadas: “Controla compañías que representan 22 por ciento de la capitalización mercantil de la bolsa mexicana. El Grupo Carso tiene intereses que van desde llantas hasta cigarros”.
–Privatización de la banca (1990)
El 1 de mayo de 1990, Salinas de Gortari envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la propiedad de los bancos estatales mediante un régimen de propiedad mixta. En ese entonces el Estado controlaba la propiedad de 18 entidades bancarias: Banamex, Serfin, Internacional, Bancomer, Somex, Comermex, Confía, Cremi, BCH, Bancrecer, Atlántico, Banpaís, Multibanco, Mercantil de México, Promex, Bancen, Mercantil del Norte, Banorie y Banoro.
«El Estado se propone no ser el accionista mayoritario de todas y cada una de las instituciones bancarias, aunque conservará una participación en la banca comercial y fortalecerá aquellas instituciones orientadas al fomento de actividades prioritarias concretas», justificó Salinas en el proyecto.
Un artículo de Emilio Sacristán Roy, economista de la UNAM, señala que las etapas de privatización en México, derivada de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la desilusión por el Estado Benefactor, son tres: de 1984 a 1988 con Miguel de la Madrid Hurtado; de 1988 a 1999 con Carlos Salinas por la venta de la siderurgia, banca y teléfonos; y de 1995 al 2000 con Ernesto Zedillo Ponce de León con la entrega de los ferrocarriles.
Roberto González Barrera, de Gruma-Maseca, tenía 1,100 millones de dólares en 1994, año en que Forbes destacó: “disfruta de una relación cercana con el gobierno. Su hija, por ejemplo, está casada con el hijo del principal funcionario de agricultura del país, quien supervisa las cuotas de importación y exportación de la más importante materia prima de Maseca. En la diversificación de su imperio, recientemente compró al gobierno el banco Banorte, de Monterrey”.
–La requisa del Puerto de Veracruz (1991)
México, con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, tiene 17 estados con apertura al mar y cuenta con 117 puertos y terminales donde entran y salen millones de dólares en mercancías. Este fructífero negocio no pasó desapercibido en el sexenio de Carlos Salinas y en el año de 1991 comenzó el desmantelamiento de los sindicatos portuarios con la finalidad de entregar los puertos a la iniciativa privada, dijo el Capitán de Marina Mercante, Antonio Rodríguez Fritz, en una entrevista con SinEmbargo.
El 1 de julio de 1991, el Gobierno federal a cargo de Carlos Salinas promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una requisa para controlar las operaciones de los sindicatos portuarios. Esta figura legal prevista en la Constitución consiste en la expropiación del Estado de todos los bienes que puedan ser de utilidad en caso de guerra o movilización.
“Siempre se ha dicho que la requisa del Puerto de Veracruz era ilegal porque a México no le había declarado la guerra a nadie, por lo tanto se rompía el precepto gubernamental”, detalló el Capitán de Marina Mercante.
Hoy, a 30 años de que fueron despojados de su patrimonio, el Sindicato de Maniobristas no sólo reclama sus derechos (indemnización y restitución de inmuebles), también tiene ocho denuncias en contra de funcionarios de esa época como Carlos Salinas, Pedro Aspe (exsecretario de Hacienda), Francisco Gil Díaz (exsubsecretario de Hacienda) y el Senador Dante Delgado (entonces Gobernador de Veracruz).
–La Reforma Agraria (6 enero de 1992)
En noviembre de 1991, Salinas de Gortari envió un proyecto de ley al Congreso para reformar las leyes de tenencia de la tierra heredadas de la Revolución Mexicana, poniendo fin a la Reforma Agraria (donde se entregó a campesinos 100 millones de hectáreas que equivalían al 50 por ciento del territorio) y autorizando la participación de empresas privadas en el campo.
Al año siguiente, en 1992, la reforma al artículo 27 constitucional marcó una nueva era para el campo en México. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) modificó la Ley del ejido y lo convirtió en un sujeto de enajenación, cuando antes se heredaba por línea directa.
Se plantearon dos vías: la necesidad de modernizar el campo, que era a través de hacer una serie de inversiones amplias en infraestructura, proyectos productivos y mejoramiento de semillas; o privatizar el ejido y promover la existencia de grandes controladores de la tierra con grandes inversiones. Se optó por la segunda.
Esto provocó que algunos campesinos que vendieran sus tierras, se acabaron el dinero pronto y se convirtieron en trabajadores del campo. Por el otro, se formaron grupos que poseían grandes extensiones de tierras de cultivo.
Sin embargo, millones de campesinos optaron por mantener sus tierras para el autoconsumo. Hoy en día, el 60 por ciento de las tierras siguen en manos de los ejidatarios.
Tras la firma del TLCAN y la falta de infraestructura productiva y subsidios adecuados por parte del gobierno, resultó para el gobierno más barato comprar maíz extranjero. Su bajo precio radica en que los campesinos estadounidenses reciben subsidios, diesel, maquinaria y equipo, además de una ayuda económica por hectárea producida.
–Firma del TLCAN (1993)
Con la promesa de llevar a México al primer mundo, con mejores trabajos y salarios, se firmó en 1993 el TLCAN, un acuerdo comercial que permitiría a México, Estados Unidos y Canadá eliminar las barreras arancelarias para el intercambio de exportaciones e importaciones de productos.
En el papel se firmó un tratado exitoso, pero en la práctica (entró en vigor en 1994) no lo fue, y no solo para México. En 2016 el entonces candidato republicano Donald Trump, hoy Presidente de Estados Unidos, lo calificó como «el peor acuerdo comercial jamás hecho», por lo que impulsó su renovación como una promesa de campaña.
Estados Unidos acusó que el TLCAN les quitó empleos a los estadounidenses al trasladar las fábricas a México, donde el salario era tres veces más bajo que en ese país. Efectivamente, del lado mexicano hubo más empleo, pero no una mejora en el salario.
En lo que respecta al campo mexicano, éste sufrió una real devastación a partir de la competencia con los productos altamente subsidiados de Estados Unidos, lo que produjo la desintegración de numerosas comunidades a partir de la salida de muchos campesinos que optaron por la migración. A su vez, se dio paso a la consecuente pérdida de autonomía alimentaria en la medida en que una gran parte de la base alimentaria mexicana actual se importa del país vecino.
Este desigual TLCAN llegó a su fin en 2018 cuando los tres países alcanzaron un nuevo acuerdo que lo reemplazaría: el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio de 2020.
–Levantamiento del EZLN (1 de enero de 1994)
«En un contexto en el que se hablaba de la falta de sentido del socialismo y del fin del marxismo, y en el que se decía que el mundo no tardaría en unificarse bajo el esquema del capitalismo, el EZLN emergió de repente, el 1 de enero de 1994, y le devolvió a la gente la esperanza de que podía haber un cambio social radical», declaró Carlos Antonio Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, para la Gaceta UNAM en 2019 al cumplirse 25 años de la aparición del EZLN.
Este movimiento, que inició una insurrección armada en el estado de Chiapas, fue uno de los golpes más duros para la imagen exterior del sexenio salinista, ya que mientras se promovía como un gobierno moderno con la firma del TLCAN, al interior del país los zapatistas, encabezados por el subcomandante insurgente Marcos, emitían la Declaración de la Selva Lacandona por la que declaran la guerra al Gobierno mexicano y exigían «trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz».
A pesar de todos los intentos de gobiernos por minimizar al EZLN, el movimiento sigue y con más fuerza. En 1996 se fundó el Congreso Nacional Indígena (CNI), que en mayo de 2016 luchó para participar en el proceso electoral de 2018 con María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, como su candidata independiente.
Su objetivo de competir en la contienda era abanderar la lucha de los 11 millones de indígenas de México (10 por ciento de la población, según el Inegi), pero no alcanzó las firmas necesarias requeridas por el Instituto Nacional Electoral (INE): juntó 243 mil 063 avales de los 866 mil 593 requeridas.
–Asesinato de Luis Donaldo Colosio (1994)
El 23 de marzo de 1994 un evento marcaría la historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para siempre: su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado al término de un acto de campaña realizado en la colonia popular Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana (Baja California).
Días antes, el 6 de marzo, pronunció un memorable discurso en el aniversario LXV del PRI que, según analistas y políticos, no fue bien recibido por Carlos Salinas.
“La fuerza del PRI surge de nuestra capacidad para el cambio, de nuestra capacidad para el cambio con responsabilidad. Así lo exige la Nación (…) Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”, expuso ante miles de priistas reunidos.
En marzo de 2018, la periodista Dolia Estévez publicó en una columna de SinEmbargo información sobre unos documentos clasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos que hablaban sobre Colosio. Señaló que los documentos retrataban a un candidato “acorralado y humillado por Salinas en la etapa previa a su muerte. Consignan que Salinas fomentó el protagonismo de Manuel Camacho, a quien nombró Comisionado para la Paz en Chiapas, a expensas de Colosio”.
Hasta ahora solo hay una persona detenida por el asesinato de Colosio: Mario Aburto Martínez (Hidalgo, 1971), a quien el 24 de marzo de 1994 la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) presentó como el actor material de la ejecución y por el que purga una condena de 45 años.
En marzo de 2019, el Presidente López Obrador calificó el asesinato de Colosio como un “crimen de Estado” y pidió que se siga investigando; mientras que Alfonso Durazo Montaño, quien fue secretario particular del candidato priista, declaró que nunca ha aceptado la tesis del asesino solitario.
“Me parece demasiado simplista que en un momento de alta confrontación política y sobre todo en el contexto de la madre de todas las batallas por el poder, que es el poder presidencial, el asesinato de Luis Donaldo tuviera explicación en la mano de un asesino solitario, francamente nunca he aceptado esa tesis”, declaró a medios el actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.
–Concesiones mineras a Larrea (1994)
Grupo México, la compañía de minería, transporte e infraestructura de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico del país, ha recibido 333 concesiones de la Secretarías de Economía (SE), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto con vigencia incluso hasta 2063, de acuerdo con una revisión al Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
–Crisis económica de 1994
El año de 1994 fue el peor del sexenio salinista, de acuerdo con analistas. En el ámbito social se produjo la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas al mismo tiempo que entró en vigor el TLCAN, lo que provocó un desbalance que llevó al Gobierno federal a tomar la decisión de devaluar el peso y ocasionó un colapso financiero durante 1995.
Entre 1994 y 1995 el peso se desplomó un 43 por ciento frente al dólar, las deudas de las empresas se dispararon, algunas quebraron por lo que miles se quedaron sin empleo y los ciudadanos, debido a las tasas más altas, debían más dinero del que pidieron prestado a los bancos. La inflación se elevó al igual que los niveles de pobreza de 47 millones 45 mil personas en 1994 a 63 millones 967 mil en 1996.
