Entre enero y octubre de 2018, el Gobierno federal detectó la comisión de casi dos delitos de funcionarios públicos por hora (para un total de 13 mil 480 casos en 10 meses). En ese mismo periodo, las autoridades en materia de procuración de justicia –PGR, CJF, SFP– reportaron 821 casos de sanción a funcionarios públicos, ya sea por delitos o irregularidades cometidas. Esto indicaría que sólo el 6.09 por ciento de las denuncias implicaron una sanción administrativa o penal.
Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- El año que está por concluir, fue el año de la impunidad en México. Las cifras oficiales refieren que, en 2018, menos del uno por ciento de los delitos (en general) fue castigado. En el caso de los funcionarios públicos, la impunidad exentó de castigo al 94 por ciento de ellos.
En nuestro país, el 99.3 por ciento de los delitos a nivel nacional, no son castigados, según datos del Índice Global de Impunidad México 2018. La proporción actual es, inclusive, superior al resultado del año pasado (98.6).
Como consecuencia, México «vive un momento crítico, producto del profundo deterioro en el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia, donde el Estado mexicano es incapaz de garantizar a sus ciudadanos las condiciones mínimas de seguridad (su principal responsabilidad en un sistema democrático)”, se lee en el IGI-MEX 2018.
Asimismo, las cifras del Gobierno federal indican que, entre enero y octubre de 2018, hubo 13 mil 480 reportes de delitos cometidos por servidores públicos a nivel nacional. Este dato contrasta con el número de funcionarios que fueron sancionados por algún crimen o irregularidad (821 casos) y que –comparado con la incidencia de delitos registrados– implica que sólo el 6.09 por ciento de los casos fue castigado.
El reducido nivel de punición de este año, no obstante, se ha mantenido desde 2015. Desde entonces, el acumulado de reportes de delitos cometidos por funcionarios públicos ascendió a 53 mil 292 casos; y en paralelo, la cantidad acumulada de funcionarios sancionados fue de 2 mil 933 registros (equiparable al 5.5 por ciento de los delitos cometidos).
Un ejemplo que da cuenta de la precaria situación de procuración de justicia por la que atraviesa México, es la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) a la solicitud de información con número de folio 0001700128518 (oficio:PGR/UTAG/DG/003172/2018).
Entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de abril de 2018, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) consignó 30 averiguaciones previas (11 por fraude y 19 por peculado) contra funcionarios públicos que delinquieron. De estas carpetas, 20 derivaron en órdenes de aprehensión, aunque sólo hubo dos sentencias condenatorias (el 6.6 por ciento de los casos).
La falta de atención a casos sucedió, asimismo, con las denuncias penales presentadas ante la PGR por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
De diciembre de 2000 a octubre de 2018, la ASF remitió 971 denuncias. Sin embargo, hasta enero de este año, sólo 23 estaban consignadas (para ejercer una acción penal) y una implicó sentencia condenatoria. Es decir que, en 18 años, el Ministerio Público federal ha resuelto el 2.5 por ciento de estos casos.
Debido a que «la impunidad es una variable que es origen y destino de otros problemas nacionales como la inseguridad, violencia, corrupción, desarrollo económico e inclusive de la desigualdad social”, urge que las instituciones de gobierno aumenten su efectividad en materia de procuración de justicia, se lee en el informe del IGI-MEX 2016.
Lo anterior es particularmente crítico, sobre todo si consideramos que, en México, el costo de la corrupción asciende a un monto equiparable al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (UNAM y OCDE 2018) y que, cada hora, son cometidos 217 crímenes (Secretariado Ejecutivo, 2018) cuyo combate consume el 1.65 por ciento del PIB (ENVIPE 2018).
La crisis de impunidad en México se torna aún más crítica ya que, en promedio desde 2010, el 93 por ciento de los delitos no son denunciados por tres principales motivos: por ser una «pérdida de tiempo” (34.2 por ciento de los casos), por “desconfianza en la autoridad” (16.5 por ciento) o por la dificultad que implica tramitar una denuncia (7.7 por ciento), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Esta ausencia de denuncia ciudadana genera un «desconocimiento de la criminalidad real [y] dificulta la planeación de las estrategias para combatir la delincuencia”, se lee en «La cifra negra de la delincuencia en México: Sistema de encuestas sobre victimización» (2003), del investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, René Jiménez Ornelas.
LOS CASOS EMBLEMÁTICOS
El sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) estuvo marcado por la corrupción y la impunidad. Inclusive, las tropelías de EPN con la llamada “casa blanca” y su absolución por parte del entonces Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, dieron cuenta de ello.
En esos seis años, la «nueva generación” de gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) culminó con varios detenidos o en proceso de investigación, como sucedió en los casos de César Duarte Jáquez (Chihuahua), Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García (Michoacán), así como con Flavino Ríos Alvarado y Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), o Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit) y su ex Procurador Edgar Veytia, por mencionar algunos.
La impunidad y las pifias, tampoco saldaron la deuda con las víctimas (directas e indirectas) de Tlatlaya, Ayotzinapa y Nochixtlán. Pero en este último año, hubo situaciones que recalcaron que, la crisis nacional por falta de procuración de justicia, aún no termina (y podría agravarse).
Uno de los más recientes y emblemáticos casos en materia de corrupción e impunidad fue el de la lidereza sindical Elba Esther Gordillo.
A principios de agosto de este año, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue puesta en libertad, luego de pasar más de cinco años en prisión por la comisión de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Las acusaciones en contra de la maestra Gordillo se vinieron abajo porque las pruebas recabadas por la PGR no fueron conseguidas con autorización judicial.
En ese mismo tren estuvieron las acusaciones en contra del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado de presunta delincuencia organizada sin elementos probatorios, y del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien obtuvo un amparo luego de que un juez federal determinara que las imputaciones de la PGR carecían de competencia, ya que el proceso con delitos de orden federal estuvo a cargo de instancias locales.
El caso de Duarte de Ochoa, no obstante, fue quizá el que más indignación causó. A principios de este año, el Ministerio Público federal anunció que, por falta de pruebas suficientes y debido a la obtención de las mismas sin una autorización judicial previa, debía de cambiar los delitos imputados por delincuencia organizada, a asociación delictuosa.
La reconfiguración del delito implicó una condena más corta (de cinco a 10 años, en lugar de 20 a 40) para Duarte, así como la posibilidad de cumplir su proceso en libertad condicional. Hasta la fecha y desde su aprehensión en 2017, las autoridades locales y federales han decomisado 41 inmuebles relacionados con los ilícitos de Duarte, además de la imposición de una multa de 60 mil pesos.
Mientras los errores procesales –deliberadas o no– de la PGR favorecieron a Duarte, sólo entre enero y octubre de 2018, la ASF presentó 22 denuncias “por temas vinculados a Veracruz”, por un monto equivalente a 27 mil millones de pesos. De esas carpetas de investigación, empero, dos fueron resueltas (o judicializadas).
De forma acumulada, no obstante, existen 109 carpetas de investigación “relacionadas con Veracruz”, en las que las autoridades trabajan «para recuperar todo lo que se le quitó a sus habitantes” (es decir, casi 100 mil millones de pesos), explicó Arturo Elías Beltrán, otrora encargado de despacho de la PGR, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el 31 de octubre pasado.
Además, Beltrán refirió que existen 11 acusaciones con respecto a la “Estafa Maestra” –en la que participó Javier Duarte– por 2 mil 738 millones de pesos (sólo dos de ellas fueron judicializadas). De 2017 (cuando se destapó el caso) a la fecha, la PGR atrajo 37 procesos penales relacionados, por un monto de defraudación monetaria (al erario público) de más de 30 mil millones de pesos. De este acumulado de casos, apenas cuatro fueron resueltos.
CÉSAR DUARTE
Desde que dejó la gubernatura de Chihuahua en 2016, Duarte Jáquez es perseguido por la justicia, acusado de operar una red de corrupción que habría generado un quebranto al erario estatal por 1.2 mil millones de pesos (que incluye desvíos de al menos 250 millones para el financiamiento de campañas priistas en 2016).
En la actualidad, se presume que Duarte radica en el estado de Texas, en Estados Unidos. Al respecto, la PGR anunció tener, hasta este año, «15 solicitudes de atención formal de extradición, una de orden electoral federal y 14 de la fiscalía del estado de Chihuahua”.
A pesar de los esfuerzos de captura, en marzo de 2018, la PGR determinó no ejercer acción penal contra el ex Gobernador de Chihuahua.
“Esta Representación social –léase la PGR– propone la consulta del no ejercicio de acción penal, conforme a los argumentos legales hechos valer en los apartados que anteceden por los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita […], delito bancario […] y defraudación fiscal”, refiere el oficio PGR/UEAF/DG/582/2018.
ROBERTO SANDOVAL
El ex Gobernador de Nayarit es acusado del desvío de 2.7 mil millones de pesos durante su gestión (2011-2017). En agosto de 2018, fue inhabilitado por casi 13 años para desempeñar funciones en el servicio público, a pesar de que las autoridades reconocen que incurrió «en violaciones graves a la Constitución Política de Nayarit”, por el «manejo indebido de recursos públicos”.
Cinco meses antes de la resolución de la la Comisión Especial de Gran Jurado Sección Instructora de Nayarit, un juez de distrito en materia de amparo emitió un oficio para impedir la captura y las medidas cautelares en contra de Sandoval Castañeda.
Empero, la suspensión «no impide” a las autoridades responsables llevar «la debida integración» de carpetas de investigación o averiguaciones previas, se lee en el amparo fechado al 26 de marzo de 2018.
TOMÁS YARRINGTON
El ex Gobernador priista de Tamaulipas (1999-2005) Tomás Yarrington Ruvalcaba, es acusado (desde 2012) de estar vinculado con Los Zetas y el Cártel del Golfo. Sobre él pesan 11 cargos, entre ellos crimen organizado, importación de drogas y declaraciones falsas a bancos estadunidenses.
Desde su arresto en Florencia, Italia, en abril de 2017, los gobiernos de México y Estados Unidos apresuran una carrera por su extradición.
Sin embargo, en febrero de este año, la Sexta Sección Penal de la Corte Suprema italiana determinó reexaminar la solicitud del Gobierno mexicano, ya que la Corte Suprema anuló la sentencia inicial del tribunal florentino, que consideraba «subsistentes las condiciones para la extradición» de Yarrington a México.
Según el abogado de Yarrington, Luca Marafioti, dicha anulación «se dio por alguno de los motivos que nosotros presentamos, como la temática de la tortura, o la temática de la pena, o la temática de la injusticia del proceso” por parte de las autoridades mexicanas.
ROBERTO BORGE
Roberto Borge Angulo es acusado de lavado de dinero, de aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública. El ex Gobernador de Quintana Roo (2011-2016), que habría hecho mal uso de 51.2 millones de dólares del erario público, fue detenido el año pasado en Panamá.
En octubre de este año, un juez le otorgó un amparo que dejó sin efecto su vinculación a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, el juez ordenó «revalorar» la sujeción a proceso de Borge por lavado de dinero (que es la única acusación federal que pesa sobre él).
La determinación del juez se debió, según la información oficial, a la falta de la debida fundamentación y motivación para la vinculación a proceso, tal y como lo exige el Artículo 16 constitucional, mismo que reza que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
RODRIGO MEDINA
Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León (2009-2015), es acusado (desde 2016) por desvío de recursos (3.7 mil millones de pesos), peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funciones (con un daño equiparable a 9 mil millones de pesos).
En enero de 2017, un juez de control le dictó prisión preventiva de 30 días. No obstante, unas horas más tarde, gracias a un amparo y debido a los errores procesales durante su enjuiciamiento –como lo fue la filtración de fotografías durante su estancia en la sección de control carcelario– Medina fue liberado para seguir su proceso penal en libertad.
A mediados de agosto de 2018, un juez de control resolvió no vincular al ex Gobernador a proceso, por considerar que los delitos de peculado y daños al erario público de Nuevo León no se sostenían, ya que la Fiscalía Anticorrupción no precisó (de manera adecuada) los ilícitos que le imputó, así «vulnerando» las posibilidades de defensa de Medina.
