Human Rights Foundation, UN Watch y la fundación Lantos presentaron un informe en el que consideran que 9 de los 21 candidatos que optan a asientos en ese órgano muestran un historial «pobre» en materia de derechos humanos y, por tanto, no deberían ser miembros del Consejo.

Burundi, Ecuador, Etiopía, Kirguizistán, Laos, Pakistán, Togo, los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela son las naciones señaladas por el documento, que considera «cuestionables» a otros tres candidatos: Costa de Marfil, Kenia y Filipinas.

«¿Cómo va a haber un Consejo que supuestamente vela por los derechos humanos a nivel mundial cuando los miembros del mismo Consejo están entre los violadores más serios de esos derechos?», dijo hoy a Efe el presidente de Human Rights Foundation, Thor Halvorssen.

Mientras, las ONG aprueban a otros nueve Estados que aspiran a entrar en el Consejo de Derechos Humanos: Bahamas, Bélgica, Georgia, Alemania, Mongolia, Panamá, Eslovenia, Corea del Sur y Suiza.

La Asamblea General de la ONU debe elegir mañana a 18 países para ocupar las vacantes que se abren este año en el Consejo, que tiene un total de 47 miembros.

Como ocurre habitualmente en las Naciones Unidas, hay asientos reservados para cada región del mundo, por lo que algunos países acuden sin oposición a la votación, mientras que otros compiten con sus vecinos.

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, Venezuela, Ecuador, Panamá y Bahamas aspiran a tres plazas, que ocuparían entre 2016 y 2018.

Venezuela, que ya es miembro del Consejo de Derechos Humanos, busca su reelección, mientras que los otros dos puestos libres son los que ahora ocupan Argentina y Brasil.

El informe presentado hoy por las ONG tiene en cuenta la protección de los derechos humanos que cada país hace en su propio territorio y su defensa de éstos en la ONU, para lo que tiene en cuenta estudios de varias organizaciones internacionales.

Según Halvorssen, tanto Venezuela como Ecuador «tienen un prontuario lamentable de violaciones constantes de los derechos políticos y civiles de sus ciudadanos».

En el caso venezolano, el documento denuncia problemas como «violaciones severas y sistemáticas» de las libertades de asamblea, expresión y prensa, falta de independencia judicial, arrestos arbitrarios y el uso de la Justicia para intimidar a personas críticas con el Gobierno.

También apunta a acusaciones de censura, tortura, corrupción y ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y las fuerzas de seguridad.

En el apartado exterior, el texto considera que Venezuela tiene un «pésimo» historial de votos en la ONU, al haberse opuesto a resoluciones que condenaban violaciones de derechos humanos en Siria, Irán y Corea del Norte, entre otros.

El pasado 19 de octubre, el Club de Madrid, formado por un centenar de expresidentes de América Latina y España, ya había considerado que Venezuela no merece la reelección debido al «deterioro de la situación de derechos humanos» en su territorio y a la «actitud obstruccionista» que consideran que ha evidenciado en las votaciones en el mismo seno del Consejo de Derechos Humanos.

En el caso de Ecuador, las ONG señalan que el presidente, Rafael Correa, ha convertido al país en uno de los «más autoritarios de Latinoamérica» y señala acusaciones de censura, falta de independencia de la Justicia, restricción de libertades o uso excesivo de la fuerza.