El Gobierno del priista Roberto Borge Angulo en Quintana Roo se ha caracterizado por un enfrentamiento constante con sus críticos, lo mismo grupos civiles que periodistas. El mandatario ha sido señalado, además, por escándalos relacionados con conflictos de interés, desvío de recursos públicos e incluso el apoyo ilegal a su partido en procesos electorales. Borge también dejará su entidad con un repunte en la violencia, principalmente por parte de grupos del crimen organizado que, desde que comenzó su administración, han asolado los principales centros turísticos de la entidad.
Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– En la jornada electoral del 5 de junio del próximo año, los quintanarroenses elegirán a su próximo Gobernador, 25 diputados locales –15 de ellos por voto directo y 10 por la vía plurinominal, así como a 10 presidentes municipales de la entidad.
En 41 años de vida como estado libre y soberano, Quintana Roo nunca ha sido gobernado por un partido distinto al Revolucionario Institucional (PRI). Actualmente esta fuerza política, junto con sus aliados el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) controlan la mayoría del Congreso estatal.
Si bien en años recientes el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha sido un fuerte contendiente, la división con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Andrés Manuel López Obrador y la mala elección de algunos candidatos, ha provocado más rupturas que alianzas entre la izquierda y la ciudadanía quintanarroense.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) podrán emitir su voto un millón 39 mil 97 personas que están inscritas en la lista nominal, de los cuales 450 mil 704 son mujeres y 419 mil 204 son hombres.
Quintana Roo tiene una particularidad, sólo 289 mil 651 mil de los votantes inscritos en la lista nominal nacieron en la entidad. De hecho más de 228 mil electores nacieron en Yucatán y casi 500 mil emigraron de otras partes de la República Mexicana.
Es importante tomar en cuenta este dato, porque la migración interna generada por la propia característica de la entidad como zona turística internacional, ha sido aprovechada por el Gobierno de Quintana Roo, quien presuntamente generaría una especie de “turismo electoral” para afiliar a habitantes de municipios pobres del vecino Yucatán, con el fin de transportarlos en época de elecciones para votar a favor de los candidatos del PRI.
HERENCIA DEL GOBERNADOR DE QUINTANA ROO
El joven Gobernador Roberto Borge Angulo, de sólo 36 años de edad, es uno de los gobernadores más cuestionados por su desprecio a la libertad de expresión, gracias a su llamada “Ley Anti marchas” y por las reiteradas denuncias de acoso a la prensa local.
Borge Angulo fue secretario particular del ex gobernador Félix González Canto y posteriormente fue designado Tesorero General del Estado y oficial Mayor de Gobierno. Asumió el rol de presidente del PRI estatal, tras lo cual ganó una curul como Diputado federal en la LXI Legislatura (2009-2012).
Medios informativos locales y nacionales han documentado diversos actos del Gobierno de Borge en donde presuntamente se habrían incurrido en corrupción y tráfico de influencias.
Uno de ellos, durante el primer año del mandatario priista, en donde se entregaron varias licitaciones a la empresa Grupo Desarrollador Rumega SA de CV. En la que participan un operador político y un compadre del Gobernador. El consorcio fue creado en mayo de 2011, apenas un mes después de la llegada de Borge, y está integrado por Andrez Maiz, empresario regiomontano, Javier Ruiz Anitúa, Francisco Ruiz Anitúa, compadre de Borge, y Édgar Méndez Montoya, operador político del Gobernador.
El mandatario también ha sido señalado por su afición a las fiestas costosas para celebrar su cumpleaños, celebrado por priistas de diversos municipios de la entidad y acompañado siempre de su círculo cercano de amigos políticos.
ATAQUES A DERECHOS HUMANOS
En mayo de 2014 el Congreso de Quintana Roo, de mayoría priista, aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico, mejor conocida como la “Ley Anti Marchas” del Gobernador Roberto Borge.
Esta nueva norma fue planteada como la salvación de la zona turística ante las marchas y manifestaciones derivadas de los conflictos magisteriales de ese mismo año.
No obstante la “Ley Anti marchas” fue catalogada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) como una amenaza a la libertad de expresión, ya que una de sus principales características es que permite la utilización de la fuerza pública para disolver movilizaciones.
También obliga a los participantes a pedir permiso a las autoridades para realizar una manifestación y faculta a la policía para que puedan disolver las concentraciones, ante cualquier tipo de queja.
ATAQUES A PERIODISTAS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Quintana Roo es la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa, debajo del Distrito Federal y por arriba de Veracruz, el estado que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Artículo 19.
En un intento por silenciar una voz disidente, el Gobierno de Borge Angulo encarceló al periodista de origen maya Pedro Canché Herrera por el delito infundado de sabotaje y emprendió una campaña de desprestigio en su contra.
Canché pasó casi nueve meses en prisión por denunciar que Quintana Roo es un estado en donde no existe la democracia, donde los derechos humanos son pisoteados constantemente y la población maya sufre múltiples vejaciones.
Información difundida en medios locales acusaron que la campaña mediática de desprestigio contra Canché fue instrumentada con la supervisión del vocero del Gobierno, Rangel Rosado Ruiz, y por el propio Roberto Borge.
El Gobierno de Quintana Roo puso en marcha la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual buscaba remediar la demanda histórica con estos sectores.
Sin embargo, el pasado 14 de septiembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley, por considerar que atenta contra el derecho a la información.
Y es que la norma de Borge excluía a informadores de medios independientes, freelance y en general, al periodismo incómodo y no complaciente con el gobierno estatal.
EL “NIÑO VERDE” Y LA DIVISIÓN DE LA IZQUIERDA
En el año 2010, el PRI fue el claro ganador de las elecciones en Quintana Roo, al llevarse la gubernatura y cuatro alcaldías, aunque la alianza entre el PRD y el PAN logró algunos triunfos a nivel municipal.
El PAN y el PRD, en alianza con Convergencia, pasaron de una alcaldía cada uno en 2007 a cinco en conjunto en 2010. El municipio de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, fue ganado por una coalición “anti PRI” conformada por PRD, PT, Convergencia y PAN.
En esa elección, gracias a la alianza electoral con el PRI, el hijo del fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Emilio González Martínez obtuvo un escaño en el Senado, un empleo seguro por los próximos seis años con fuero incluido.
En 2012 González Martínez necesitaba el fuero, pues un año antes se vio envuelto en el escándalo del presunto suicidio de la modelo búlgara Galina Chankova Chanev, quien supuestamente se arrojó de la terraza del piso 19 de la exclusiva Torre Emerald, desde el departamento del propio político conocido como “El Niño Verde”.
Pese a los escándalos y excesos de priistas y pevemistas, la oposición ha sido incapaz de canalizar el descontento social e incluso ha generado su propia estela de escándalos.
Gregorio “Greg” Sánchez fue Presidente Municipal de Benito Juárez de 2008 a 2010, gracias la popularidad que ganó durante su encargo, “Greg” fue nombrado candidato a gobernador por la coalición PRD, PT y Movimiento Ciudadano en 2010.
No obstante, 39 días antes de la elección fue arrestado por agentes federales acusado de delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con organizaciones criminales.
La izquierda siempre acusó que su detención fue un móvil político para evitar que ganara la gubernatura de Quintana Roo. Un año después, Gregorio Sánchez fue absuelto de todos los cargos por falta de elementos e inconsistencias en las investigaciones.
Abandonado por el PRD, Greg buscó cobijo en el Partido del Trabajo desde donde trabajó la candidatura a una diputación local en la elección del 7 de julio de 2013. Su regreso estuvo acompañado de una serie de candidaturas adicionales para su esposa Niurka Sáliva, sus hijos, su sobrina y para su yerno, Alejandro Luna López, quien buscaba ser alcalde de Benito Juárez.
A partir del surgimiento de Movimiento Regeneración Nacional, la izquierda en Quintana Roo se ha fracturado más, pues tanto perredistas como morenistas y petistas buscan obtener el voto de la inconformidad con el actual régimen priista.
CRIMEN Y NARCOTRÁFICO
La seguridad es otro tema que mantiene inquietos a los quintanarroenses.
De acuerdo con el documento “La violencia en los municipios las entidades federativas de México en 2014”, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social, Quintana Roo presentó la tasa más alta de violación del país 28.56 por cada 100 mil habitantes, la cual es casi tres veces superior a la media nacional (10.75 por cada 100 mil habitantes).
A nivel municipal el problema es reflejo de lo ocurre en la entidad, pues el municipio de Solidaridad tiene la tasa más elevada de violaciones a nivel nacional, con 48.78 por ciento por cada 100 mil habitantes. Asimismo, Benito Juárez, donde se ubica el destino turístico Cancún, ocupa la tercera posición con una tasa de 40.04 por ciento por cada 100 mil habitantes.
El problema de criminalidad no es nuevo. Durante el primer año de gobierno de Borge, motines en la cárcel municipal de Cancún prendieron los focos rojos de la administración de Borge Angulo.
El Gobernador destituyó al director del penal, Higino Sánchez Baltazar, y en su lugar nombró a Fermín Cortés Burgos. Además, 57 reos de “alta peligrosidad” fueron enviados a penales de máxima seguridad en Veracruz, Tamaulipas y las Islas Marías.
Y es que aunque el mandatario ha tratado de restarle importancia al tema de la inseguridad, un estudio elaborado por el Centro Nacional de Participación Ciudadana ubica a Cancún como una de las 21 ciudades mexicanas más vulnerables al crimen.
