La búsqueda de los normalistas técnicamente nunca se detuvo pero los padres criticaban que se hacía con total desinterés y eludiendo indicios importantes aunque se utilizaban algunas de las tecnologías más avanzadas, como drones que muestran cualquier movimiento inusual del terreno. Ahora, se dice, se organizan sin obstáculos y basándose en información tamizada y contrastada.
Ciudad de México, 26 de septiembre (AP).— Cinco años después de la desaparición de los 43 estudiantes que se preparaban para ser maestros desde la Escuela de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, al sur de México, se desconoce el destino de los jóvenes y hay más dudas que certezas de lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014.
Se sabe que fueron atacados y secuestrados por policías locales en un operativo criminal que involucró a varias corporaciones de seguridad y que fueron entregados después a miembros del crimen organizado, pero la versión de la anterior administración –irónicamente conocida como “verdad histórica”– decía que esas personas llevaron a los jóvenes al basurero de la localidad de Cocula, los quemaron y echaron sus restos a un río. Sin embargo, expertos internacionales descartaron esta teoría porque no había evidencias que la sustentaran. Además, aunque quedó constatado que un trozo de hueso hallado en una bolsa era de un estudiante, no se ha podido probar cómo llegó ese resto al lugar del hallazgo.
Ahora la investigación inicia una nueva fase. Estas son algunas claves a tener en cuenta.
LAS BUSQUEDAS
La búsqueda de los normalistas técnicamente nunca se detuvo pero los padres criticaban que se hacía con total desinterés y eludiendo indicios importantes aunque se utilizaban algunas de las tecnologías más avanzadas, como drones que muestran cualquier movimiento inusual del terreno. Ahora, se dice, se organizan sin obstáculos y basándose en información tamizada y contrastada.
Según la exfiscal colombiana Ángela Buitrago, miembro del equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que apoya la investigación, una de las ventajas actuales es que “se está trabajando sin necesidad de esconder nada” y basándose sólo en las evidencias que aparezcan. Además se espera que ningún lugar sea bloqueado, como sí ocurrió en el pasado.
El gobierno ha informado que están en marcha distintas acciones, tanto para buscar a los jóvenes como evidencias importantes para el caso, en lugares como el basurero de Tepecuacuilco o la localidad de Huitzuco, ambos en una de las aparentes rutas utilizadas por los criminales para desaparecer a los jóvenes.
El gobierno indicó que se preparan otros operativos, algunos en áreas complicadas por la gran presencia del crimen organizado, que se llevarán a cabo cuando se pueda garantizar la seguridad de quienes participen en ellos.
LAS PRINCIPALES PISTAS
Las principales vías de investigación en estos momentos están basadas en el rastreo de las llamadas de los implicados y de los teléfonos de los estudiantes, que siguieron funcionando varios días después de los ataques.
México también quiere reforzar el intercambio de información con Estados Unidos, ya que el grupo criminal que operaba en Iguala, Guerreros Unidos, traficaba con droga en autobuses que iban desde el estado de Guerrero a la ciudad de Chicago y en varios juicios que se desarrollan en cortes estadounidenses han aparecido menciones a la desaparición de los estudiantes que la fiscalía quiere ahora analizar en mayor profundidad.
La información más reciente proporcionada por la Policía Federal ha aportado novedades importantes, dijeron los abogados de los padres aunque no especificaron cuáles. También será relevante lo que se pueda obtener de las más de cien preguntas que el ejército debe contestar. Ambos cuerpos estuvieron presentes la noche de las desapariciones.
Asimismo, se trabaja en la búsqueda de más involucrados que siguen prófugos, entre ellos policías, y se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que ofrezca toda la información disponible, por lo cual se han ofrecido millonarias recompensas.
Los expertos internacionales subrayaron la importancia de romper el “pacto de silencio” de los criminales, es decir, poder abrir vías para que algunos implicados puedan dar información a cambio de ciertas concesiones. El gobierno no se ha pronunciado claramente sobre el tema pero el presidente sugirió el jueves que podría estar a favor del perdón en algunos casos con tal de encontrar a los muchachos.
EL PROCESO JUDICIAL
El principal abogado de los padres, Santiago Aguirre, afirmó recientemente que “judicialmente el caso ya se cayó” porque no sólo diversas instancias internacionales (como la CIDH o la ONU) sino también la justicia mexicana constaron numerosos vicios del proceso, incluido el uso de tortura o la manipulación de pruebas.
Desde 2015, la justicia comenzó a amparar a los detenidos por errores e inconsistencias de los primeros investigadores pero en junio de 2018, un tribunal colegiado le dio el golpe de gracia al caso al afirmar que la investigación “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República” y ordenar reponerla.
Debido a eso, más de 70 de los 143 detenidos están en libertad, entre ellos los principales sospechosos, y más podrían ser liberados próximamente salvo que se puedan argumentar otros delitos contra esas personas para garantizar que sigan detenidos. Los abogados de los padres han pedido a la fiscalía agilidad en este tema.
FUNCIONARIOS ¿AL BANQUILLO?
Una parte importantísima para los padres es castigar a quienes obstruyeron la justicia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Durante años estas denuncias no prosperaron pero ahora la actual fiscalía ha abierto una investigación por presuntas responsabilidades penales del jefe del caso durante la administración anterior, Tomás Zerón, y otros funcionarios, aunque se desconoce si conllevará la apertura de procesos contra ellos y, si así fuera, con qué cargos.
Además, autoridades estatales y federales van a volver a ser citados a declarar. Está previsto que la próxima semana lo hagan exfuncionarios de Guerrero, como el entonces gobernador, Ángel Aguirre. Después podría llegar el turno del exfiscal general, Jesús Murillo Karam, quien pronunció la fatídica frase de “la verdad histórica” para referirse a la tesis oficial del anterior gobierno.
Cuando la prensa preguntó al fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, si llamaría a declarar al expresidente Peña Nieto, dijo que se pedirá el testimonio de todo aquel que se considere tiene información relevante para el caso, sea quien sea.
