El Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) es recordado por las víctimas del Fobaproa, de la matanza de Acteal y Aguas Blancas en el sureste, así como por la privatización de ferrocarriles que terminaron en manos de millonarios como Germán Larrea.
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– Sustituto del candidato asesinado Luis Donaldo Colosio y cercano al Presidente saliente Carlos Salinas de Gortari, el economista Ernesto Zedillo Ponce de León gobernó al país de 1994 al 2000, periodo marcado por el Fobaproa, la matanza de Acteal y Aguas Blancas en el sureste, además de la privatización del sistema ferroviario.
Dos décadas después, estos actos ocurridos en su administración serán considerados en la Consulta Popular del próximo domingo, en la cual se hará una pregunta a la ciudadanía donde no aparece el nombre de Zedillo ni de ningún otro expresidente mexicano, pero que podría dar pauta a la creación de comisiones especiales “para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.
El político priista de 69 años no tiene redes sociales. Su última aparición pública fue en junio pasado durante un evento en línea del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre desigualdad y bajo crecimiento en América Latina.
Luciendo en pantalla su cabello blanco, lentes negros redondos de pasta y traje oscuro con corbata azul marino, Zedillo previó en esa ocasión que por el golpe de la pandemia, la recuperación del PIB en México será hasta el 2025 «en el mejor de los casos». Destacó además que de toda la región, somos la nación donde se reportan las estimaciones «más graves» del aumento de la pobreza.
Son términos familiares. Durante su gestión en los noventa, el país también enfrentó una crisis económica histórica y un aumento de la pobreza, sobre todo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, acompañado incluso de suicidios.
El denominado «Efecto Tequila» se sembró el 20 de noviembre de 1994. Tras el levantamiento zapatista y el asesinato de Colosio, el aún Presidente Carlos Salinas y su equipo económico conformado por Ernesto Zedillo y Pedro Aspe decidieron posponer la devaluación de la moneda mexicana.
Hasta el 19 de diciembre, a días de que tomó protesta en la Cámara de Diputados, Zedillo ajustó el tipo de cambio y el peso se devaluó más del 50 por ciento. Se perdieron un millón y medio de empleos ante la quiebra de las empresas, y los ciudadanos no podían pagar los créditos.
EL LEGADO DEL FOBAPROA
En enero de 1995, Zedillo anunció que había logrado un respaldo financiero con el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un préstamo de más de 20 mil millones de dólares. Pese a ello, quebraron los bancos y miles de empresas, por lo que para rescatarlas se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Es decir, pese a diversas manifestaciones ciudadanas en las calles, las pérdidas de unos cuantos se socializaron y la deuda privada se volvió pública.
«Aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070», escribió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una carta enviada al Senado para solicitar la Consulta Popular en septiembre del año pasado.
Zedillo decidió convertir los pagarés del Fobaproa en deuda pública a través de una iniciativa de ley, en la que pidió que el Congreso —entonces de mayoría priista— reconociera la deuda pública por 552 mil millones de pesos, lo que provocó un aumento de impuestos y tarifas de servicios públicos.
«¡El IVA nos quita la comida!», gritaban los mexicanos en aquel entonces en las protestas acompañadas con cacerolazos. «Robaproa», lo llamaban. A la par, el mandatario federal reprivatizó la banca tras la estatización en el sexenio del Presidente José López Portillo (1976-1982). En la banca quedó Bancomer, Banamex, HSBC y Banorte.
Ante el Congreso, justificó que era su deber actuar con toda decisión para enfrentar la crisis. «Así se hizo y nunca lo lamentaré», aseguró.
PRIVATIZACIÓN ENTRE MATANZAS
En diciembre de 1997, en el marco del surgimiento del Ejército Zapatista (EZLN), un grupo de paramilitares mató a 76 indígenas tzotziles, entre ellos niños, mujeres y hombres, todos integrantes de Las Abejas que se encontraban rezando en Chenalhó, Chiapas.
Entonces la Procuraduría General (PGR) lo atribuyó a enfrentamientos internos entre poblados y el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett Chemor, presentó su renuncia. Pero en 2012 familiares de las víctimas denunciaron en Estados Unidos a Ernesto Zedillo por su relación con esta ejecución y el caso, aún en impunidad, es indagado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dos años antes, en junio de 1995, tuvo lugar otra masacre contra 17 campesinos cafetaleros en Aguas Blancas en Guerrero. La mañana de ese 28 de junio, miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigieron a Coyuca de Benítez para pedir el cumplimiento de ayudas, pero fueron interceptados por un grupo de policías y agentes judiciales del estado, quienes los bajaron y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo para posteriormente abrir fuego contra ellos.
En este ataque, 17 campesinos fueron asesinados y 14 heridos. De igual forma, dos elementos policiacos resultaron lesionados por arma blanca. Fue el 25 de febrero de 1996 cuando en un programa de televisión, se difundió una videograbación no editada de la operación policial, en la que quedó evidenciada la masacre. Tres años después de los hechos, la CIDH emitió un informe en el que pidió proteger a todos los testigos de la masacre e indicó que pese al nombramiento de un Fiscal Especial para el caso, la investigación mantenía irregularidades.
Fue en medio de estas matanzas, que el Gobierno de Ernesto Zedillo privatizó el sistema ferroviario mexicano, del que ahora gozan magnates como Germán Larrea.
La primera ruta ferroviaria México-Veracruz fue inaugurada en 1873 durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Los Ferrocarriles Nacionales de México fueron creados por Porfirio Díaz en 1907, sirvieron en la Revolución para transportar tropas y fueron nacionalizados por Lázaro Cárdenas del Río en 1937.
“El Presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias: privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles», acusó el Presidente López Obrador en la misiva referida enviada al Senado hace casi un año.
De 1996 a 1998, luego de la privatización de Teléfonos de México a favor de Carlos Slim, la Secretaría de Economía otorgó concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano (Ferromex), Grupo Acerero del Norte (Peñoles), Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos (Tribasa) y a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries.
Al término de su gobierno, Zedillo Ponce de León participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano (GFM) formado también por Grupo México e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a quien le dio una concesión en 1997 para operar el Ferrocarril Pacífico Norte.
Las líneas concesionadas cubrieron 22 mil 130 kilómetros de vía, el 84 por ciento de la red ferroviaria y el 95 por ciento del sistema ferroviario nacional a finales de la década de los 90; el personal empleado era de 15 mil 500 personas y se contaba con mil 220 locomotoras y 254 mil carros de carga, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT).
